EscucharLa papeleta electoral de 2026 contenía 20 partidos a escala nacional y 5 a escala provincial. A pesar de que todos ellos utilizaron recursos para realizar campaña y buscar el voto de la ciudadanía, solamente cinco agrupaciones políticas a escala nacional podrán acceder a algún monto de los ¢39.000 millones de deuda política.
Para acceder a alguna porción de ese rubro, los partidos políticos deben obtener como mínimo un 4% de los votos válidos a escala nacional o provincial o lograr la elección de al menos un diputado, según lo establece el artículo 96 de la Constitución Política.
Las agrupaciones políticas que tendrán acceso a la contribución estatal son las mismas cinco que estarán representadas en la Asamblea Legislativa: Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC). Las cifras que se presentarán en este artículo para el 2026 son provisionales, así que pueden variar ligeramente con el corte final de los votos.
De las últimas elecciones, solamente el PLN y el FA vuelven a cumplir los requisitos para obtener fondos de deuda política. Nueva República, Liberal Progresista y Progreso Social Democrático accedieron a la contribución estatal en 2022, pero en los comicios de este año no superaron el umbral requerido para ser acreedores de estos.
En el 2022 fueron ocho partidos en total los que se dividieron la deuda política. Seis de esos partidos eran a escala nacional y dos a escala provincial. Para este año, ningún partido a escala provincial obtuvo más del 4% de los votos válidos ni la elección de un diputado, por lo que no tienen derecho a la contribución estatal.
¿Cómo se divide el monto?
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) define la cantidad que le toca a cada partido por medio de una fórmula que calcula el “costo” de cada voto.
Ese costo resulta de dividir el monto total de la contribución estatal entre todos y cada uno de los votos válidos obtenidos (para elecciones presidenciales y legislativas) por los partidos políticos que superan los umbrales antes mencionados.
Una vez obtenido ese resultado, se multiplica el costo de cada voto por todos los que haya obtenido cada partido, con lo cual se obtiene la proporción final para el pago.
Para el 2026, el TSE estableció que el monto total de contribución estatal para repartir es de ¢39.292.747.760, según el documento N.º 1982-E10-2025.
El total de votos válidos en las papeletas presidencial y de diputados que recibieron los cinco partidos políticos que superaron los umbrales ya detallados es de 4.428.197, según el corte 12 del TSE con el 96,87% de las mesas escrutadas.
Por lo que el “costo” de cada voto corresponde a ¢8.873, que es el resultado de dividir el monto total de deuda política con la cantidad total de votos recibidos por los partidos que podrán acceder a la contribución estatal.
El mayor beneficiado será el ganador de las elecciones y que obtuvo la mayor cantidad de diputados: Pueblo Soberano, que podría recibir un máximo de ¢20.118 millones.
Le siguen el PLN, que aspira a obtener un máximo ¢12.250 millones, el FA con ¢3.424 millones, CAC con ¢1.917 millones y el PUSC con ¢1.580 millones.
¿En qué se destina el dinero?
Los montos no se les asignan automáticamente a los partidos políticos. Una parte de estos debe destinarse a gastos de organización y capacitación que cada agrupación establece en su respectivo estatuto.
Esto se refiere a gastos relacionados con el funcionamiento de la agrupación en el periodo no electoral, como pagos de recibos en la sede del partido o el pago de empleados cuando no estén en campaña electoral.
“El TSE ha señalado en reiterada jurisprudencia la importancia de que los partidos políticos no sean solamente maquinarias electorales, sino que también funcionen como organizaciones permanentes que participen de la política nacional”, resaltó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
Otra parte va para los gastos incurridos en la campaña electoral por términos de transporte, alimentación, contratos, combustibles y todos los recursos que hayan utilizado con fines proselitistas. El TSE verifica la razonabilidad y legalidad de esos gastos para brindar el aporte estatal.
Las agrupaciones políticas pudieron haber recibido ese dinero antes por medio de la venta de certificados de cesión. Estos pueden ser colocados a través de la venta directa a personas físicas costarricenses, medios de comunicación y entidades bancarias.
Los tenedores de los certificados que tengan derecho a esa deuda política los liquidan ante la Tesorería Nacional.
La mayoría de los partidos los ofrecen a un 15% de descuento para atraer a los financistas. Además, en caso de obtener los votos requeridos, el rendimiento efectivo para el comprador del bono sería superior a la tasa de descuento aplicada. Ese es el monto de descuento máximo que cubre la deuda política, según el artículo 115 del Código Electoral. No obstante, los partidos políticos pueden ofrecer los bonos con un descuento mayor, pero son ellos quienes deben asumir el costo adicional.
Los partidos que tienen acceso a deuda política deberán utilizar esos fondos para devolverles el dinero a los compradores de certificados de cesión.
El partido ganador de los comicios, PPSO, vendió bonos por un monto de ¢1.134 millones, apenas es el 5,6% del máximo de deuda política que podría recibir (¢20.118 millones).
Mientras que la CAC emitió certificados de cesión por un valor cercano a los ¢205 millones, lo que corresponde a un 10,7% del máximo de contribución estatal que se les podría asignar (¢1.917 millones).
El Estado se queda con el monto sin cobrar
Si el partido gastó menos del monto máximo al que puede acceder por concepto de deuda política, lo que sobra quedará en las cuentas del Estado y no en la reserva de la agrupación, según la legislación electoral.
“Si el partido no realizó una cantidad de gasto suficiente como para poder optar por la totalidad del derecho otorgado a partir del caudal de votos recibidos, quedará un remanente que no le será reconocido. Esos recursos se devuelven a Caja General del Estado, pasa al erario nuevamente”, explicó Ronald Chacón del TSE.
Como referencia, en 2022 se tenían ₡19.790 millones de deuda política para las elecciones nacionales. Solo se repartieron ₡13.378 millones (68%) porque solo seis partidos políticos nacionales y dos provinciales cumplieron con los requisitos y obtuvieron los votos suficientes para obtener ese dinero. Un 32% no fue reclamado (₡6.412 millones). Eso se traduce en que 19 de los 25 partidos que participaron a escala nacional no pudieron acceder a estos fondos; y nueve de los 11 que estuvieron a escala provincial tampoco vieron ni un colón de la deuda política.
