EscucharLa integridad pública ha dejado de ser un concepto puramente ético para convertirse en un activo estratégico que define la capacidad de los países para atraer inversión, gestionar riesgos y responder con credibilidad a la ciudadanía.
El informe Perspectivas de Anticorrupción e Integridad 2026 de la OCDE sitúa a Costa Rica en un grupo de naciones que han dado pasos firmes en lo normativo, pero que ahora enfrentan el desafío más complejo: la “brecha de implementación”.
El club de la primera generación
Costa Rica es destacada en el informe como parte de una reciente “oleada” de países que han adoptado, por primera vez, una estrategia nacional de integridad y anticorrupción al más alto nivel gubernamental. Este paso es fundamental para establecer prioridades y definir acciones específicas que coordinen a toda la administración pública.
Sin embargo, la OCDE advierte que la existencia de un documento estratégico no garantiza resultados por sí solo. El principal riesgo para países con estrategias recientes es que estas se conviertan en “leyes de fachada” si no se respaldan con recursos financieros, supervisión constante y el uso intensivo de tecnologías de datos.
La Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) constituye el eje rector de la política pública costarricense para el período 2021-2030, diseñada bajo los estándares de gobernanza de la OCDE.
Este marco busca trascender la tradicional cultura de la sanción para enfocarse en una prevención sistémica, articulando a instituciones del Estado, sociedad civil y sector privado en torno a la transparencia, la profesionalización del servicio público y la digitalización de controles.
En la coyuntura actual, la ENIPC se enfrenta al reto de su consolidación operativa a través de planes de acción que exigen indicadores de cumplimiento verificables.
Para el sector productivo, el éxito de esta estrategia es determinante: su ejecución efectiva es lo que garantiza la seguridad jurídica y reduce los costos transaccionales derivados de la opacidad administrativa, transformando la integridad de un postulado ético en una ventaja competitiva real para el país.
La brecha de los 19 puntos
El reporte identifica un fenómeno global preocupante: los países son excelentes diseñando leyes, pero deficientes ejecutándolas. En promedio, los países miembros de la OCDE presentan una brecha de 19 puntos porcentuales entre la solidez de sus normativas y su aplicación real en la práctica.
Para los miembros del organismo, las áreas donde esta desconexión es más crítica son:
- Sistemas disciplinarios: Una brecha de 44 puntos porcentuales entre lo que dice la ley y lo que se sanciona.
- Conflictos de intereses: Una diferencia de 35 puntos porcentuales, principalmente por la falta de verificación efectiva de las declaraciones de bienes de los funcionarios.
Costa Rica como referente en verificación digital
No todo son sombras. El informe cita a Costa Rica como un ejemplo de buenas prácticas en el uso de herramientas digitales para la transparencia. El país cuenta con una plataforma digital para la presentación de declaraciones de bienes e intereses.
Más importante aún, la OCDE destaca el modelo costarricense de cotejo de declaraciones juradas con bases de datos externas, lo que permite detectar irregularidades y emitir recomendaciones preventivas antes de que se consume una infracción de integridad. Este enfoque basado en datos es lo que la OCDE denomina “hacer más con menos” en un contexto de restricciones fiscales.
¿Por qué le interesa esto al sector privado?
Para el inversionista, la integridad es rentable. El reporte de la OCDE estima que un cumplimiento corporativo eficaz y un entorno público transparente explican entre el 15% y el 18% de la variación en los resultados empresariales.
Por el contrario, la corrupción actúa como un impuesto oculto que:
- Desecha la innovación: Los mercados se vuelven menos predecibles y estables.
- Encarece la contratación pública: Se estima que entre el 8% y el 25% de la inversión pública mundial se pierde cada año por mala gestión y corrupción.
- Facilita el crimen organizado: Las redes delictivas utilizan la corrupción para infiltrarse en la economía legal, particularmente en sectores como aduanas, logística y planificación urbana.
Conclusión estratégica
El reto para Costa Rica en 2026 no es redactar más leyes, sino garantizar que la Estrategia Nacional de Integridad sea evaluada por sus resultados y no solo por sus actividades. Cerrar la brecha de implementación no es solo una meta de buen gobierno; es la vía para consolidar la “ventaja de la integridad” en un mercado global que castiga la opacidad y premia la seguridad jurídica.
---
Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.
