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¿Quién tiene el control de mil millones de dólares en reservas de oro venezolano guardados en el Banco de Inglaterra: Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Tras más de un año de litigio, la Corte Suprema británica empezó este lunes a examinar el caso.
El Reino Unido forma parte del medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, que consideran ilegítimo el segundo mandato de Maduro, reelegido en unas presidenciales de 2018 que denuncian como fraudulentas.
Y sigue reconociendo al líder opositor como mandatario interino en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015, pese a que las legislativas del pasado diciembre, boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69%, devolvieron el control de la cámara al chavismo.
En un caso de gran tecnicismo legal, sin expertos ni testigos, cinco magistrados de la más alta jurisdicción del Reino Unido deberán determinar si efectivamente "el gobierno británico ha reconocido al presidente interino Guaidó como jefe de Estado de Venezuela" a todos los efectos.
Y, de ser así, si un tribunal inglés puede juzgar la invalidación por el Tribunal Supremo de Caracas de sus decisiones ejecutivas, en particular el nombramiento de su propia junta directiva del Banco Central de Venezuela.
"La cuestión del 'acto de Estado' y, en particular, las implicaciones de las diversas decisiones del Tribunal Supremo en Venezuela parecen estar en el centro de esta audiencia", explicó al presidente de la sala el lunes en el inicio de cuatro días de vistas.
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¿Asunto interno de Venezuela?
Invitada por la Corte Suprema en diciembre a participar en el caso, la cancillería británica está ahora representada por el letrado Sir James Eadie.
En junio presentó por escrito una confirmación de su reconocimiento.
"El ministro de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno, confirma por la presente que el Reino Unido reconoció al Guaidó como presidente interino de Venezuela el 4 de febrero de 2019 y continúa reconociéndolo en esa capacidad. A partir de esa fecha, el Reino Unido dejó de reconocer a Maduro como jefe de Estado venezolano, ya sea de hecho o de derecho", precisó.
Pero para Nick Vineall, abogado de la administración chavista, esto no basta. La cancillería ha puesto "repetidamente el foco en el derecho de Guaidó a representar a Venezuela en el plano internacional, pero este caso se refiere esencialmente a asuntos internos de Venezuela y a nombramientos a nivel interno de un organismo venezolano".
Sin embargo, el representante legal de la oposición, Timothy Otty, defendió el lunes que la designación de una nueva junta del Banco de Venezuela es un "nombramiento presidencial" y como tal es "acto soberano, que un tribunal inglés debe respetar independientemente de su validez o legalidad en el derecho interno" venezolano.
La decisión de los jueces puede tardar varias semanas, pero tendrá indudables consecuencias a nivel diplomático y puede sentar precedente para otros bancos europeos, públicos y privados, que custodian reservas de Venezuela.
Combatir la pandemia o reprimir al pueblo
El gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela presidido por Calixto Ortega, intenta sin éxito desde octubre de 2018 recuperar 32 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en mil millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.
Pero Guaidó, reconocido en febrero de 2019 como presidente encargado por unos 50 países, nombró en julio de ese año su propia dirección ad hoc del banco central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes, asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo o llenar los bolsillos de un régimen que califica de "cleptócrata".
Caracas invalidó dicho nombramiento y, denunciando un "descarado robo de piratería" y asegurando necesitar el dinero para combatir la pandemia de covid-19, se querelló en mayo de 2020 contra el Banco de Inglaterra.
Esta institución, que custodia el oro como hace para muchos otros países, es un prestatario de servicios cuyo cliente es el Banco Central de Venezuela. Pero dijo verse atrapada entre dos grupos rivales que le daban instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que resolviese quién tiene su control.
Desde entonces, ha habido dos decisiones, una a favor de cada uno de los “presidentes” rivales, por lo que ambos recurrieron a la Corte Suprema británica.
