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Un estudio efectuado por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) evidenció que la renovación ilimitada de las concesiones de transporte público (modalidad autobús) está generando monopolios permanentes.
Así se informó este jueves 23 de setiembre por medio de un comunicado de prensa, en el cual la Coprocom indicó que esta problemática imposibilita a los usuarios “disfrutar de las mejores condiciones de calidad y precio en el servicio”.
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Mediante una concesión el Gobierno le otorga en exclusiva la prestación del servicio a una determinada empresa en una o más rutas.
La normativa establece que el otorgamiento de la concesión se realiza mediante un proceso de licitación pública, por un plazo de siete años y puede ser renovada.
La investigación desarrollada a solicitud de la Defensoría de los Habitantes, concluyó que la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores (3.503) presenta un vacío importante en relación con la renovación de concesiones otorgadas, ya que no establece un límite al número de renovaciones a las que puede ser objeto una misma concesión.
Según indicó la Coprocom, en la actualidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se encuentra renovando más de 200 concesiones de líneas para prestación del servicio, que vencerían en el año 2028.
El estudio evidenció que tanto en el año 2007, como en el 2014 se renovaron un gran número de concesiones, que nuevamente se pretenden cambiar sin llevar a cabo un proceso de licitación pública, por lo que muchos concesionarios mantendrán esa exclusividad al menos por 28 años.
“Si bien la Coprocom concuerda en que el régimen de concesiones puede ser el esquema idóneo para la prestación de este servicio, es mediante una licitación pública en la que ocurre una “competencia por el mercado”, que garantiza la selección de la mejor opción para los ciudadanos”, explicó la Comisión.
El presidente de la Coprocom, Guillermo Rojas precisó que la duración excesiva de las concesiones, las posibilidades de renovación, la falta de información a los posibles licitantes y la posible “captura del regulador”, actúan en contra de la premisa que justifica la adopción de este modelo de organización del mercado.
Es decir, la apertura sistemática, periódica y no discriminatoria del mercado de las distintas concesiones a la concurrencia, con las ventajas que se derivan del juego competitivo.
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Fusiones y competencia
La Coprocom también resaltó que, la falta de competencia en el otorgamiento de este servicio público, se agrava al considerar las fusiones que se han realizado entre empresas concesionarias “algunas, presuntamente, al margen del ente regulador”.
La Comisión está a la espera de información proveniente del MOPT para pronunciarse al respecto.
No obstante, consideran que la actual renovación de concesiones plantea un momento “oportuno y crucial”, para que el MOPT, el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), verifiquen si con la realización de las concentraciones se sobrepasa el límite de concesiones que puede tener un concesionario de acuerdo con la ley.
El 11 de junio, el MOPT presentó el proyecto de ley que establece un nuevo marco regulatorio para las concesiones de buses en Costa Rica, que se tramita bajo el expediente 22.540.
El Ministerio desea aprovechar el vencimiento de las 248 concesiones de buses en el país el 30 de setiembre de este año, para integrar nuevos requisitos en la renovación de los contratos, incluyendo aspectos como el pago electrónico y la electromovilidad.
En las reformas propuestas, se introducen nuevos requisitos para los contratos con las empresas concesionarias que se renovarán en setiembre, por ejemplo incluir cláusulas que garanticen la integración intermodal.
También, implementar el Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público como único mecanismo central de recaudo y establecer un plan de sustitución de flota de combustión fósil por unidades eléctricas o cero emisiones.
Asimismo, para facilitar el cambio de las unidades se propone extender el plazo de las concesiones de siete a 15 años.
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Sanciones
La Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica (9.736) establece que el incumplimiento a la obligación de presentar a la Coprocom las operaciones de concentración económicas sujetas al trámite previo de notificación, podría constituir la apertura de una investigación o eventualmente un procedimiento administrativo sancionador.
La Coprocom remitió al MOPT el estudio técnico y su recomendación.
“En caso de apartarse del criterio de la autoridad de competencia, el Superior Jerárquico de dicha entidad está obligado, en un plazo de 30 días naturales, a informar a esta Autoridad de Competencia sobre las justificaciones para ello”, se lee en el comunicado.
