La Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) investiga un posible caso de bid rigging o amaño de licitaciones, a través de “licitaciones colusorias”, en la gestión de obras de infraestructura vial en Costa Rica.
Esta es una práctica monopolística absoluta según la legislación vigente del país, que se evidencia cuando distintas empresas de un mismo sector construyen en conjunto un andamiaje para manipular los procesos de contratación pública en su propio beneficio y en contra del Estado.
Coprocom abrió la investigación de oficio, desde este 21 de junio de 2021, solo siete días después de que estalló el Caso Cochinilla.
Esta investigación dirigida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) persigue presuntos actos ilegales por parte de las principales empresas constructoras de vía pública en Costa Rica –incluidos sobornos y acuerdos ilícitos– para obtener ventajas de mercado, concentraciones y otros beneficios en la gestión de proyectos.
EF le explica qué son el bid rigging y las “licitaciones colusorias”, cuál es la hipótesis de Coprocom en este caso y cómo se castigan este tipo de prácticas en Costa Rica.
¿Qué es el ‘bid rigging’?
El bid rigging es el amaño en materia de licitaciones por parte de empresas que buscan sacar provecho del Estado evitando la competencia. Las “licitaciones colusorias” son un tipo de bid rigging y se refieren a posibles acuerdos entre empresas para repartirse contratos y, en algunos casos, abrirse las puertas para eventuales concentraciones.
Estas se consideran prácticas monopolísticas y se contemplan como tales en el artículo 11 de la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor (7.472).
Normalmente encuentran campo más fértil en mercados con pocos oferentes y que ofrecen productos homogéneos o con pocos sustitutos.
¿Por qué se investiga a las empresas constructoras?
Con base en las declaraciones públicas del OIJ y filtraciones del expediente judicial del Caso Cochinilla publicadas por la prensa, Coprocom consideró que existen indicios suficientes sobre acuerdos entre empresas para repartirse contrataciones de infraestructura pública vial.
Las pesquisas de Coprocom se encuentran en etapa preliminar hasta el momento y, de considerarse pertinente, luego deberán avanzar a procesos de instrucción y decisorios.
Fragmentos del expediente judicial del Caso Cochinilla publicados por el diario La Nación dan cuenta de que la Fiscalía señaló a las empresas Meco y H Solís por presuntos acuerdos ilícitos para repartirse licitaciones. Se trataba de contratos relacionados con mantenimiento vial de 2016, por unos $250 millones anuales (con asistencia de funcionarios públicos), en detrimento de otros oferentes y del propio Estado.
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Dos de las principales constructoras de obra pública de Costa Rica (Meco y H Solís) se dejaron más de un 60% de las asignaciones de recursos entre 2015 y junio de 2021, según una reciente revisión publicada por el diario La Nación. Además concentraron la mayor cantidad de proyectos viales financiados con recursos de créditos internacionales adjudicados en los últimos años.
Esta concentración ahora es cuestionada por organismos como la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), los cuales aseguran que la administración ha adoptado medidas excluyentes en sus contrataciones.
“El problema de la concentración se agrava con el hecho de que ésta sea producto de la corrupción (...) Se presenta entonces una afectación al país, porque la falta de competencia impide que el Estado pueda ejecutar las obras a partir de las mejores condiciones y precios ofrecidos”, afirmó Carlos Trejos, presidente de la CCC.
¿Qué dicen Meco y H Solís sobre las pesquisas actuales de Corpocom?
Consultada por EF, la empresa H Solís afirmó que respeta los procesos seguidos por las autoridades, pero rechazó cualquier intento de colusión. Señaló en una breve respuesta que todos sus proyectos han sido ganados “por la calidad de sus ofertas, que han contenido los precios más razonables en comparación con otros oferentes”.
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La empresa Meco, por su parte, afirmó que no se referirá sobre el tema porque no ha sido notificada al respecto.
Ninguna empresa ha sido notificada porque –a pesar de que la investigación se abrió tomando como referencia las investigaciones judiciales del Caso Cochinilla y diversas publicaciones de la prensa– el proceso apenas se desarrolla de manera preliminar.
Meco y H Solís son las dos compañías más grandes que se investigan en el Caso Cochinilla; sin embargo, también son parte del proceso otras empresas constructoras y laboratorios privados.
¿Es normal que participen funcionarios públicos en actos de colusión?
No es lo usual, según el comisionado presidente de la Coprocom, Guillermo Rojas.
“Básicamente estamos encontrando que la administración, a través de funcionarios públicos, aparentemente también participó en la facilitación para que se diera esa práctica monopolística. Acá el caso se vuelve más complejo porque ya no solo se tiene una administración víctima, sino también una administración colaborativa”, comentó Rojas.
¿Cómo se sanciona el ‘bid rigging’ en Costa Rica?
La Coprocom tiene la facultad de sancionar prácticas comprobadas de bid rigging en tres direcciones: a la persona física que participa en la práctica monopolística, al funcionario público que colabora (cuando lo hay) y al agente económico beneficiado.
Las empresas involucradas pueden recibir multas de entre un 0,1% y un 10% de su volumen de negocios en el ejercicio fiscal anterior a la sanción; y las personas físicas pueden llegar a pagar entre uno y 680 salarios base (¢462.200 a ¢314,3 millones). Además, se pueden aplicar suspensiones e inhabilitaciones para contrataciones administrativas hasta por 10 años.
Todas estas sanciones son adicionales a cualquier castigo penal que se les imponga a las partes.
¿Hay antecedentes de sanciones?
Coprocom ha emitido tres sanciones por casos de bid rigging en su historia:
En 2012, la Comisión impuso una sanción de 2040 salarios mínimos (¢480 millones en ese momento) a Ericsson, Huawei, Nokia y Samsung por un acto de colusión. Determinó que las entidades se abstuvieron en conjunto de participar en una licitación relacionada a la red 3G del Instituto Costarricense de Electricidad (que planteó la denuncia). Finalmente, la resolución se confirmó en doble instancia y solo se anuló para Samsung.
En 2014, Coprocom sancionó a cinco empresas distribuidoras de productos de higiene y aseo (Kem, Lemen, Cek, Productos Sanitarios y Caisa) con una multa general de 576 salarios mínimos (¢154 millones) pues encontró culpables a las entidades de participar en colusión dentro de varios procesos de licitación, tras una denuncia por parte de un proveedor afectado.
En 2015 sancionó con 752 salarios mínimos (¢237 millones) a las empresas BLG Consultores, MPCM Desarrollos, Gandería Chinchilla y Cooperativa de Vivienda, por coludir en licitaciones para los festejos populares de San José de 2012-2013 y 2013-2014. Esta última sanción espera confirmación en segunda instancia.
Los procesos (el primero y el tercero) también incluyeron multas para personas físicas.
¿Qué efectos genera la colusión en licitaciones?
La colusión aumenta el costo de los bienes y servicios, y limita la inversión estatal.
En un reciente estudio que analizó la contratación de obras públicas de Argentina, la OCDE señaló que la colusión le cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes todos los años, daña los resultados y la integridad de los procedimientos de contrataciones públicas, y tiene un impacto negativo en los servicios públicos y las economías nacionales.
Por tratarse de una actividad ilegal, existen pocos cálculos sobre su impacto real en los distintos mercados. No obstante, un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) mencionaba en 2019 que las pérdidas por sobornos e ineficiencias en la gestión de grandes obras de construcción oscilan entre el 10% y el 30% de las inversiones que se realizan a nivel global.
