EscucharLa Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) interpuso una demanda judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Estado, buscando la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo N°44863-MEIC, el cual establece márgenes máximos de comercialización para todos los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud.
Así lo informó la entidad mediante un comunicado de prensa la noche de este martes.
El decreto, que entró en vigor el 18 de febrero de 2025 tras su publicación en La Gaceta, ha generado fuertes críticas por parte de la autoridad de competencia.
Desde el inicio del proceso, cuando la propuesta de decreto fue sometida a consulta pública por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) el 13 de octubre de 2024, la Coprocom manifestó su desacuerdo al considerar que la regulación vulnera principios de competencia, carece de un procedimiento adecuado y omite un análisis exhaustivo de sus efectos en el mercado.
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Pese a las recomendaciones de la comisión, el MEIC rechazó dichos argumentos y procedió a emitir el decreto sin consultar a la Autoridad Nacional de Competencia ni a otras entidades representativas de intereses generales, se explicó en el comunicado.
La entidad argumenta que la normativa presenta vicios en su formulación que podrían generar serias distorsiones en el sector farmacéutico, entre los que se destacan:
- Riesgo de desabastecimiento: La aplicación uniforme de márgenes máximos para todo tipo de medicamentos podría desincentivar su comercialización, afectando tanto la oferta de productos innovadores como la disponibilidad de medicamentos genéricos de menor costo.
- Distorsión de precios: Al establecer límites que podrían incentivar la compensación de pérdidas en otros mercados, existe el peligro de que los precios de algunos medicamentos se vean inflados, impactando negativamente a los consumidores.
- Potencial colusión: La regulación podría favorecer prácticas de intercambio de información estratégica entre competidores, llevando a acuerdos tácitos para distribuir los márgenes máximos y reduciendo la competencia en el sector.
- Incertidumbre jurídica: Ante la coexistencia de normativas, los agentes económicos se enfrentarían a un dilema sobre qué regla acatar, lo que podría retrasar decisiones de producción y distribución, afectando la cadena de suministro.
- Salida de empresas y concentración de mercado: Los pequeños actores del mercado podrían ver mermada su rentabilidad, lo que incrementaría el riesgo de concentración en la industria farmacéutica.
La acción legal se sustenta en fundamentos constitucionales y en diversas disposiciones legales, incluidas las establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. Además, se ha solicitado una medida cautelar para suspender de manera inmediata los efectos del decreto, ante el temor de que su continuidad pueda ocasionar daños irreparables en el mercado y en la salud pública.
El procedimiento judicial se suma a las advertencias previas contenidas en el Estudio de Mercado en el Sector Farmacéutico y en opiniones oficiales de la Coprocom, que resaltaron los riesgos de coordinación tácita y otros efectos adversos en la competencia del sector.
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El Ejecutivo deberá, en un plazo máximo de treinta días naturales, explicar las razones por las que se apartó de las recomendaciones de la autoridad de competencia, en caso de mantener la regulación.
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Este artículo fue creado por un editor de El Financiero utilizando un sistema de inteligencia artificial.
