Los semiconductores están en infinidad de objetos de uso diario: computadoras, celulares, industria médica y automotriz, entre otros. Esta industria ha tenido un crecimiento exponencial a tal punto que, actualmente, son el cuarto producto más comercializado a nivel global. Un país del Caribe no quiere quedarse atrás y está altamente interesado en la atracción de empresas de este tipo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le ha puesto como ejemplo a Costa Rica para lograrlo.
En el documento, que fue realizado para el gobierno de República Dominicana, se esboza un diagnóstico sobre el entorno, oportunidades y desafíos que tiene la nación caribeña de cara a la promoción empresarial en materia de semiconductores.
Costa Rica y República Dominicana han estrechado múltiples lazos a lo largo de su historia diplomática. Ambos forman parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (EE. UU.) y Centroamérica y de la Alianza Para el Desarrollo en Democracia junto con Panamá desde 2021.
En marzo pasado mostraron públicamente su apoyo, junto con otros 10 países del continente, a la iniciativa del Escudo de las Américas, que es convocada y liderada por el presidente de EE. UU., Donald Trump. La alianza plantea combatir a los grupos de narcotráfico que operan en la región mediante el uso de la fuerza militar estadounidense.
Desde junio de 2024 el gobierno dominicano emitió un decreto presidencial donde se declara el desarrollo de la industria de semiconductores con una “alta prioridad nacional”. A partir de ello, en agosto de 2025 publicaron la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores.
En ella se establecen cinco pilares: desarrollo industrial, gobernanza y políticas públicas, fuerza laboral y capital humano, promoción del país y alianzas estratégicas. Según han declarado funcionarios de ese gobierno, se tiene planeado que para 2028 inicie la producción y exportación de semiconductores.
Como parte de esos esfuerzos, la OCDE publicó el informe “Revisión del entorno habilitador de la República Dominicana para las industrias de semiconductores y microelectrónica” con el objetivo de analizar las condiciones macroeconómicas, regulatorias e institucionales de ese país para la instalación de empresas del sector.
Aunque no hay ninguna empresa de semiconductores operando en estos momentos en la República Dominicana, el documento señala que las decisiones gubernamentales, como el decreto presidencial emitido, muestran el interés genuino de atraer este tipo de inversión.
En el análisis se destacan diversas fortalezas del país como una buena base de empresas de manufactura ya constituida, incentivos generosos en su régimen de zona franca, estabilidad política e instituciones democráticas, buena infraestructura de transporte y su ubicación geográfica cercana a grandes mercados de exportación en el continente americano.
En contraste, también se presentaron áreas de mejora: la primera es fortalecer el marco institucional con políticas públicas que diseñen canales claros para la interacción con la industria y otras instituciones no gubernamentales y fomentar la cooperación regional e internacional en materia de semiconductores.
La segunda es facilitar el proceso para que las empresas establezcan operaciones en las zonas francas mediante la exploración de incentivos a la inversión específicos.
En tercer lugar, se sugiere mejorar el entorno empresarial para las industrias. Recomiendan designar una agencia gubernamental y una ventanilla única de responsables de la inversión extranjera directa y las exportaciones vinculadas con semiconductores.
En esa misma línea, la Organización propone eliminar los aranceles de importación sobre productos relacionados con esa industria y agilizar los procesos de permisos ambientales y de construcción.
Después señala que se deben fortalecer las áreas de educación en ciencia, tecnología e innovación, incentivando la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D).
Por último, en materia de energía, en el documento se le recomienda al gobierno dominicano mejorar la infraestructura eléctrica e hídrica para garantizar un suministro eléctrico suficiente para las empresas de semiconductores y microchips.
Costa Rica como ejemplo
En el informe de 116 páginas Costa Rica fue mencionada en más de 30 ocasiones. La OCDE compara la situación nacional con la dominicana y hace referencia al liderazgo que tiene el país en materia de semiconductores junto con otros países de la región como Brasil y México.
La mayoría de las recomendaciones se basan en decisiones que ya se han tomado a nivel nacional. Una de ellas tiene que ver con eliminar los impuestos en productos relacionados con los semiconductores, lo que enviaría una señal a la industria de que República Dominicana está comprometida a reducir los costos de manufactura.
Como ejemplo, señalan que Costa Rica firmó el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ITA-2) de la Organización Mundial del Comercio que elimina los aranceles sobre más de 200 productos tecnológicos.
Otro tema son los desafíos que tienen las industrias para acceder a préstamos en República Dominicana. El informe reseña que la tasa de interés de préstamos en ese país, según datos del Banco Mundial en 2023, fue de 14,4%, una cifra mayor que en Costa Rica (9,1%), México (11,6%) o Panamá (6,9%), y se debe tomar en cuenta que el desarrollo de semiconductores requiere una inversión de alto capital.
La OCDE también menciona que la manufactura de semiconductores requiere de grandes cantidades de agua. Sin embargo, los niveles de estrés hídrico ─cuando la demanda de agua supera la cantidad disponible─ de República Dominicana son mayores que los de Costa Rica y Panamá. Por ello, les recomiendan explorar opciones para mejorar la infraestructura hídrica del país.
La Organización les sugiere definir de manera más clara los objetivos legales de las zonas francas y endurecer los criterios de elegibilidad para que las empresas operen bajo ese régimen.
“Por ejemplo, bajo el régimen de zona franca de Costa Rica, las empresas deben cumplir con requisitos mínimos de inversión para poder acogerse a tasas impositivas más bajas sobre la renta corporativa, y las empresas que fabrican circuitos integrados y otros productos electrónicos avanzados pueden beneficiarse de exenciones totales de los aranceles de importación y consulares”, reseña el documento de la OCDE.
Otra situación que se puntualizó es la cantidad de tiempo que le toma a una empresa tener todas las licencias de construcción y requerimientos de inspecciones para comenzar su operación. Se menciona que en República Dominicana se duran 206 días en promedio, mientras que en Costa Rica son 138.
Un área de mejora, según la OCDE, para República Dominicana son las débiles conexiones entre la academia y la industria. De acuerdo con el Índice Global de Innovación del 2024, la nación caribeña se ubicó en el puesto 100 de 133 países analizados de acuerdo con las investigaciones que desarrollan nuevos conocimientos. Costa Rica le superó en 32 puestos, ubicándose en la posición 68.
La metodología del informe de la OCDE consistió en entrevistas a más de 30 actores clave del Gobierno dominicano, asociaciones empresariales, la academia y centros de investigación.
Después se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo con el objetivo de evaluar las condiciones del país del Caribe para atraer empresas del sector. La investigación comenzó en octubre de 2024.
¿Es un competidor directo?
El documento de la OCDE ofrece evidencia sólida de que República Dominicana está preparándose para disputar nichos de mercado donde Costa Rica ha liderado en los últimos años.
No obstante, no se puede concluir que la nación del Caribe sea competencia directa del país centroamericano en el corto plazo.
Costa Rica, desde hace más de 25 años, es uno de los pocos países de la región con alta experiencia en la industria de semiconductores, además de México y Brasil, que tienen participación en la cadena de valor.
Por su parte, República Dominicana todavía no tiene empresas de esta materia operando en su país.
A pesar de ello, la industria en Costa Rica enfrenta múltiples desafíos. Hace pocos meses se anunció el cierre de operaciones de parte de Intel y de Qorvo.
Otro problema es la oposición del presidente Donald Trump a la “Ley CHIPS”, que fue promovida durante el gobierno de su antecesor, el demócrata Joe Biden. La idea principal de esta iniciativa es reducir la dependencia de la generación desde el mercado asiático y crear subsidios millonarios para fabricar microprocesadores y desarrollar esta industria en Occidente.
No obstante, con las intenciones de Trump de derogarla, el clima de incertidumbre crece, porque Costa Rica es un importante actor en esta industria. La derogación puede amenazar las inversiones para capacitar al talento nacional y mantiene una amenaza latente a que las empresas trasladen sus operaciones a un gran competidor: el continente asiático.
