EscucharLos casos de lavado de dinero y los montos vinculados a esta actividad ilícita continúan creciendo en Costa Rica, pero el fenómeno trasciende el ámbito criminal: se trata de recursos que logran infiltrarse en la economía formal, distorsionando mercados, afectando la competencia y elevando riesgos para empresas y el sistema financiero.
Solo durante el primer semestre de 2026, la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya registra decomisos que casi duplican todo lo incautado durante 2024. Mientras esa dependencia decomisó ¢3.354 millones relacionados con investigaciones por legitimación de capitales a lo largo de 2024, antes de concluir los primeros seis meses de este año las autoridades ya contabilizan más de ¢6.500 millones.
El panorama adquiere una dimensión aún mayor si se incorporan los decomisos realizados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la Policía de Control de Drogas (PCD) y otras dependencias policiales. Detrás de esos números se esconde una criminalidad cada vez más sofisticada, capaz de infiltrar recursos de origen ilícito en actividades económicas aparentemente legítimas mediante complejas redes empresariales, financieras y sociedades.
En medio de este escenario, una evaluación nacional de riesgos contratada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió que parte de los flujos de dinero que ingresan al país desde el exterior podrían estar relacionados con actividades ilícitas, debido a las dificultades para determinar su origen.
El informe también identifica vulnerabilidades que aumentan la exposición del país al lavado de dinero. ¿Cómo operan estas estructuras y qué mecanismos utilizan para ocultar el origen de los fondos? El Financiero analiza el funcionamiento de una actividad que mueve millones de colones y que representa uno de los mayores desafíos para las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado.
Más allá de los decomisos, el avance de estas estructuras plantea interrogantes sobre su impacto en la actividad productiva. Sectores intensivos en efectivo, comercio de bienes de alto valor y algunas actividades de servicios figuran entre los más expuestos, mientras que entidades financieras y empresas enfrentan mayores exigencias para evitar convertirse —sin saberlo— en canales de legitimación de capitales.
¿Cómo funcionan estas redes criminales?
Los grupos delictivos que se dedican a la legitimación de capitales —también conocida como lavado de dinero o lavado de activos— se caracterizan por crear estructuras que realizan labores técnicas para dar una apariencia de legalidad a dinero que proviene de un origen ilícito como el narcotráfico.
Rodrigo Monge, jefe a.i. de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, explicó que estas organizaciones suelen utilizar negocios que manejan grandes cantidades de efectivo porque les permiten mezclar paulatinamente los ingresos ilícitos con recursos legítimos provenientes de la actividad comercial.
La tecnología también es aprovechada por esos grupos que ven en el Sistema de Pagos Electrónicos (Sinpe Móvil) una herramienta de uso dentro de la estructura. Usualmente estos grupos criminales utilizan el siguiente esquema: primero la colocación del efectivo en los negocios; luego la estratificación mediante múltiples transacciones, sociedades y cuentas, y finalmente la integración, materializada en la adquisición de bienes de alto valor presentados como fruto de actividades aparentemente lícitas.
Monge ejemplificó el lavado de dinero que se da en puestos de lotería —venta de tiempos y apuestas— de la siguiente manera: los clientes realizan apuestas mediante transferencias bancarias o Sinpe Móvil sin conocer que el negocio podría estar siendo utilizado como fachada por una organización criminal. Cuando llega el momento de pagar premios, los responsables utilizan efectivo proveniente de actividades ilícitas para cumplir con esas obligaciones.
De esta forma, el grupo criminal logra sustituir progresivamente dinero ilegal por recursos bancarizados provenientes de clientes legítimos. El resultado es una mezcla de fondos lícitos e ilícitos que dificulta determinar el verdadero origen de los recursos.
Otra muestra de cómo funciona la legitimación de capitales es el Caso Fénix, el cual fue considerado por las autoridades como el caso más grande de lavado de dinero en la historia del país. Según las pesquisas, entre 2015 y 2022 una organización vinculada al narcotráfico habría legitimado al menos $17 millones mediante una red de negocios y sociedades establecida principalmente en Pérez Zeledón.
La estructura del Caso Fénix utilizó haciendas ganaderas, restaurantes, bares, lubricentros, llanteras y verdulerías para introducir grandes cantidades de efectivo en la economía formal. Los recursos eran reportados como ingresos comerciales legítimos y posteriormente movilizados a través de cuentas bancarias, sociedades mercantiles y testaferros para ocultar su procedencia.
Principales esquemas de lavado detectados en Costa Rica
Entre las modalidades más utilizadas por estas organizaciones destaca la figura del testaferro, una persona que aparece formalmente como propietaria de bienes, empresas o cuentas bancarias, pero que en realidad actúa en representación de terceros.
Algunos testaferros desconocen que están siendo utilizados por las estructuras criminales, ya que sus identidades pueden ser empleadas sin autorización. Sin embargo, también existen personas que colaboran conscientemente con estas organizaciones y participan activamente en la apertura de cuentas, constitución de sociedades y adquisición de bienes.
“Hemos identificado que algunos notarios —aprovechando que tienen fe pública— podrían estar ayudando a constituir sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada a nombre de terceras personas. Hemos tenido sociedades a nombre de personas extranjeras que ni tan siquiera radican en el país y es donde nosotros empezamos a ver que esos bienes podrían estar ligados con estructuras criminales”, explicó Monge.
A ello se suman las denominadas sociedades de papel. Es decir, existen a nivel registral, pero no tienen un giro comercial que genere recursos lícitos para sostener los bienes que posee a su nombre.
Asimismo, hay sociedades fachada que sí tienen un giro comercial en marcha, pero son utilizadas para introducir recursos ilícitos dentro de sus operaciones. Esto representa uno de los mayores desafíos para las autoridades, ya que los fondos provenientes del crimen se mezclan con los recursos obtenidos por la actividad comercial, creando la apariencia de negocios altamente exitosos cuya prosperidad no responde únicamente a su operación real.
La figura del testaferro es apenas una pieza dentro de una maquinaria mucho más amplia. Entre las principales tipologías identificadas por el OIJ destacan:
- Lotería informal: las estructuras criminales inyectan efectivo de origen ilícito para financiar apuestas y operaciones del negocio. A cambio, reciben pagos bancarizados provenientes de clientes legítimos que desconocen el esquema. De esta manera, el dinero ilegal se transforma gradualmente en recursos con apariencia de legalidad al mezclarse con ingresos genuinos.
- Venta de vehículos: una práctica frecuente consiste en vender automotores por debajo de su valor real y compensar la diferencia con dinero de origen ilícito que brinda el grupo criminal. Además, en algunos casos se registra en la escritura un monto inferior al efectivamente pagado, con la colaboración de testaferros o personas vinculadas a la estructura. Esto dificulta reconstruir el valor real de la transacción y contribuye a ocultar recursos provenientes de actividades criminales.
- Moteles: este tipo de negocios resulta atractivo para las organizaciones criminales debido a que una parte importante de sus ingresos se genera en efectivo. Como resulta difícil verificar cuántos clientes tuvo realmente el negocio en un día determinado, las organizaciones pueden reportar ingresos superiores a los reales y atribuirlos a supuestos clientes que nunca existieron.
- Criptoactivos: la utilización de activos virtuales representa un desafío adicional para las autoridades debido a las dificultades para rastrear algunas transacciones y determinar el origen de los fondos. Según el OIJ, la falta de trazabilidad en determinadas operaciones puede ser aprovechada por grupos criminales para movilizar recursos y dificultar su seguimiento.
Monge señaló que a las estructuras dedicadas al lavado de dinero no necesariamente les preocupa perder parte de los recursos durante el proceso de legitimación. El objetivo principal es lograr que una porción significativa del dinero ilícito pueda incorporarse a la economía formal sin despertar sospechas.
“Con que pierdan un 40% de su utilidad ilícita y logren legitimar un 60% ya para ellos es ganancia”, comentó.
El lavado de dinero no solo representa un desafío en materia de seguridad, sino también una distorsión directa sobre la economía formal. Las empresas utilizadas como fachada pueden operar con márgenes artificialmente bajos o incluso asumir pérdidas, ya que su objetivo no es la rentabilidad sino legitimar recursos ilícitos. Esto genera condiciones de competencia desleal frente a negocios legítimos que sí dependen de ingresos reales para sostenerse.
Además, la inyección de capitales de origen ilícito puede presionar al alza los precios en determinados mercados. Actividades como bienes raíces, ganadería o comercio de vehículos pueden registrar incrementos que no responden únicamente a dinámicas de oferta y demanda, sino a la necesidad de las organizaciones criminales de colocar y transformar grandes volúmenes de efectivo.
A nivel sistémico, el fenómeno también implica riesgos reputacionales para el país. Un incremento en los flujos financieros de origen incierto puede elevar el escrutinio internacional y afectar la relación con bancos corresponsales, así como aumentar la presión para cumplir con estándares de organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo intergubernamental creado en 1989 por el G7 para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo). Esto se traduce, a su vez, en mayores costos de cumplimiento para entidades financieras y empresas, que deben fortalecer sus controles, procesos de debida diligencia y sistemas de monitoreo de transacciones.
Por qué es tan difícil detectar el lavado de dinero
Para las autoridades, la legitimación de capitales es uno de los delitos más complejos de investigar. Los investigadores no solo deben demostrar la existencia del dinero ilícito, sino también identificar el delito que generó esos recursos y reconstruir el proceso mediante el cual fueron incorporados a la economía formal con apariencia de legalidad.
Esa tarea se vuelve cada vez más difícil debido a la sofisticación de las estructuras criminales. Según explicó Monge, los grupos dedicados al lavado de dinero aprovechan las nuevas tecnologías y perfeccionan constantemente sus métodos para ocultar el origen de los fondos, lo que obliga a las autoridades a actualizar sus capacidades de investigación.
A esa complejidad se suman condiciones que, según una evaluación de riesgos contratada por la Sugef, pueden dificultar la detección de operaciones sospechosas. El estudio advierte que Costa Rica enfrenta desafíos para rastrear el origen de parte de los recursos que ingresan desde el exterior, particularmente a través de remesas y transferencias de fondos.
La preocupación aumenta porque el país recibe casi cuatro veces más dinero mediante remesas y transferencias de lo que envía al extranjero. De acuerdo con los especialistas, esa dinámica complica determinar con precisión la procedencia de algunos capitales e identificar posibles vínculos con actividades ilícitas.
El informe también identifica como una señal de alerta la elevada circulación de efectivo en moneda extranjera. Según la evaluación, la abundancia de divisas podría reflejar la existencia de flujos de dinero provenientes del exterior cuyo origen resulta difícil de verificar y que eventualmente podrían ser utilizados para introducir recursos ilícitos en la economía formal.
Precisamente por estas características, las empresas de remesas fueron catalogadas como la actividad de mayor riesgo entre los sectores analizados. Los expertos concluyeron que las dificultades para identificar a los remitentes, verificar el origen de los fondos y detectar patrones asociados con redes criminales pueden abrir espacios para que recursos ilícitos ingresen al sistema financiero con apariencia de legalidad.
Montos reportados
Los resultados de las investigaciones también muestran una tendencia creciente en los recursos vinculados a estructuras de legitimación de capitales.
De acuerdo con datos de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, durante 2024 se decomisaron ¢3.354 millones y $5.767 en efectivo, fondos bancarios y bienes relacionados con investigaciones por lavado de dinero.
La cifra aumentó de forma significativa en 2025, cuando las autoridades reportaron incautaciones por ¢9.108 millones y $536.000.
Aunque el 2026 aún no concluye, los registros muestran que el fenómeno mantiene una alta actividad. Antes de finalizar el primer semestre, los decomisos ya alcanzaban ¢6.564 millones y $500.000, una cifra que prácticamente equivale a todo lo confiscado durante 2024.
Los datos reflejan no solo el crecimiento de los montos detectados por las autoridades, sino también la capacidad de estas estructuras para movilizar recursos millonarios dentro de la economía nacional.
El panorama es aún más amplio cuando se incorporan las estadísticas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), que contabilizan los decomisos realizados por distintas autoridades, entre ellas el OIJ y la Policía de Control de Drogas (PCD).
Según esos registros, entre enero y octubre de 2024 se decomisaron ¢57.536 millones vinculados a actividades ilícitas, un incremento de aproximadamente 1.300% en comparación con los ¢4.083 millones reportados en 2023. José Gómez, director del ICD, indicó que no cuentan con la actualización de los datos segregados de decomisos que corresponden a lavado de activos de los últimos años, pero sí cuentan con la estadística de los montos reportados como operación sospechosa (ROS).
Los ROS incluyen la cantidad y el monto de operaciones inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con la ocultación de fondos provenientes de actividades ilícitas y que son detectadas por entidades financieras.
Los montos de los ROS en 2025 duplicaron las cifras reportadas en 2023: pasaron de ¢18.600 millones a ¢27.232 millones, mientras que en el caso de los números en dólares pasaron de $290 millones en 2023 a $677 millones en 2025. Sin embargo, no todos los ROS que recibe el ICD se remiten al Ministerio Público porque primero pasan por un proceso de análisis de inteligencia: se evalúa cada reporte y solo cuando se identifican indicios suficientes de posibles delitos de legitimación de capitales o financiamiento del terrorismo elabora un informe de inteligencia y lo traslada al Ministerio.
Mientras los grupos criminales perfeccionan sus métodos para infiltrar capitales en la economía formal, los montos decomisados reflejan tanto la magnitud de los recursos que circulan en estas estructuras como la creciente presión que enfrenta Costa Rica para evitar que estos capitales distorsionen la economía formal y erosionen la confianza en su sistema financiero.
