EscucharEl uso del poder del Estado para presionar, investigar o intimidar a críticos del gobierno dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un patrón en Costa Rica.
Durante la administración del presidente Rodrigo Chaves, distintas instituciones públicas coincidieron en acciones —cuestionadas, revertidas o bajo investigación— contra opositores, medios y figuras incómodas: una dinámica inédita en la historia reciente.
Los efectos ya son visibles y medibles. Una reciente encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR) determinó que casi uno de cada dos costarricenses deja de expresar sus opiniones en redes sociales por miedo a posibles consecuencias, especialmente entre quienes son críticos del gobierno; y en paralelo, el país cayó del puesto 8 al 36 en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en solo cuatro años.
Las instituciones siempre han tenido la capacidad de presionar a sus contrarios, explica la coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la UCR (Proledi), Giselle Boza. La diferencia, en esta ocasión, es que la situación parece muy articulada.
“Se ha generado una inhibición o un silenciamiento de la crítica política por miedo al uso del poder del Estado por parte de las autoridades públicas, y eso es muy delicado”, señaló. “Hablamos de mecanismos de intimidación y hasta de hostigamiento”.
Casos emblemáticos
Los episodios no fueron aislados ni se concentraron en un solo frente. Se extendieron a lo largo de todo el aparato estatal y estos son solo algunos de los casos más emblemáticos:
El cierre de Parque Viva
El Ministerio de Salud ordenó el cierre de Parque Viva de Grupo Nación, el 8 de julio de 2022, tras un procedimiento expedito que necesitó de 69 minutos para cumplir con algo que normalmente toma días de trámites.
La cartera suspendió el permiso de funcionamiento para el centro de eventos del conglomerado —que también es dueño de medios como La Nación, La Teja y El Financiero— alegando supuestos riesgos relacionados con el colapso vial durante actividades masivas.
La decisión se tomó solo un día después de que Pedro Abreu, director ejecutivo de Grupo Nación, declaró públicamente la relevancia financiera del recinto para la subsistencia empresarial.
Sin embargo, la Sala Constitucional finalmente anuló la medida solo 69 días después, al calificar el proceso como “atropellado e ilegítimo” y una ”violación indirecta a la libertad de prensa”.
Durante su campaña, Chaves había prometido “la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y Canal 7″ después de que el medio publicó que el político había sido investigado y castigado por comportamiento sexual inapropiado durante su trabajo en el Banco Mundial.
El “megacaso” de evasión fiscal
Por su parte, el Ministerio de Hacienda denunció penalmente un supuesto esquema de evasión fiscal por ¢11.000 millones que involucraba al Banco BCT y a su propietario, Leonel Baruch, quien también es dueño del medio digital CR Hoy.
El caso fue presentado en conferencia de prensa oficial el 19 de enero de 2023; incluso con estimaciones de cuántas becas y bonos de vivienda se habrían dejado de financiar con ese dinero.
No obstante, pocos meses después, el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció en la Asamblea Legislativa que uno de los insumos clave para sustentar la denuncia fue un mero video de TikTok.
La Fiscalía finalmente solicitó el sobreseimiento definitivo de los acusados y Baruch denunció penalmente al presidente Rodrigo Chaves y al exministro por presunto abuso de autoridad, entre otros tipos delictivos.
La custodia de los hijos de Leonel Baruch
El Patronato Nacional de la Infancia también apareció en episodios sensibles.
La exjerarca de la institución, Gloriana López, declaró bajo juramento que recibió una llamada “inusual” por parte de un asesor presidencial llamado Gabriel Aguilar, en la cual le habrían pedido proceder ”con cuidado" en un caso vinculado con la custodia de los hijos de Baruch.
La llamada, aseguró la exfuncionaria, había ocurrido el 22 de marzo de 2023; y habría sido en nombre del mandatario.
Baruch también denunció penalmente al presidente Chaves por este caso, alegando el presunto delito de tráfico de influencias. Según describió en la denuncia, los supuestos hechos coincidieron con varias visitas de su esposa, Yafit Ohana, a Casa Presidencial, donde habría compartido con el presidente Chaves, con el asesor Aguilar y con el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives.
La pauta publicitaria como premio o castigo
En 2023, funcionarios de instituciones como la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) relataron en audiencias legislativas haber conocido o recibido presiones para orientar la pauta publicitaria en función de criterios políticos, en contra de medios como Teletica, CRHoy y La Nación.
Según varios de esos testimonios, medios críticos habrían sido castigados mediante la reducción de recursos, mientras otros habían resultado favorecidos.
La Fiscalía también abrió una investigación de oficio contra el presidente Rodrigo Chaves desde octubre de ese año, tras revelarse actas de la JPS que apuntaban a supuestas presiones desde Casa Presidencial para trasladar el programa La Rueda de la Fortuna de Teletica al Sinart, a pesar de que eso implicaba menores audiencias para el negocio estatal.
La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, también filtró varios audios al periódico La Nación, en los cuales el presidente Chaves reconocía su interés en revisar la pauta publicitaria de las instituciones autónomas y también afirmó que se podría presionar a sus jerarcas.
Denuncias de seguimientos
Diputados de distintas fracciones también denunciaron sospechas de seguimientos indebidos.
El caso más llamativo lo denunció, en junio de 2025, el legislador oficialista Manuel Morales, quien aseguró haber detectado un dispositivo GPS en el vehículo de una allegada, similar a los que utiliza la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Morales incluso le consultó directamente al exjerarca de la DIS, Hans Sequeira, si esa entidad perseguía a congresistas y personas cercanas; algo que Sequeira negó después de un tenso intercambio y varias respuestas elusivas.
Otros congresistas también narraron en medios de comunicación haberse sentido perseguidos o vigilados durante la administración. Entre ellos estuvieron Ariel Robles, Antonio Ortega, Sofía Guillén y Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA); Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); las independientes Johana Obando y Kattia Cambronero; y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Obando incluso presentó una denuncia penal por amenazas de muerte y persecución en enero de 2025, poco después de afirmar en el Plenario legislativo que se sentía perseguida por el Poder Ejecutivo y personas afines.
El fiscal general Carlo Díaz reconoció el 10 de octubre de 2025 en el Congreso que el Ministerio Público mantiene una causa abierta relacionada con el supuesto uso de vehículos decomisados al narcotráfico para vigilarlo a él, a magistrados, a congresistas y “todo el que se oponga”.
Declaraciones de testigo
Christian Bulgarelli, principal testigo en una causa contra el presidente Rodrigo Chaves por presuntas irregularidades en una contratación de servicios de comunicación con donaciones del BCIE, también aseguró haber recibido amenazas de represalias a nombre del presidente Rodrigo Chaves si no cambiaba su testimonio.
Según denunció ante el Ministerio Público, en septiembre de 2025, el representante de Costa Rica ante el BCIE, Erwen Masís, le mencionó a su hermano que el presidente Chaves había conversado con el dueño de BAC, Luis Carlos Sarmiento; y luego le había insinuado eventuales afectaciones.
De acuerdo con la denuncia, Masís le habría mencionado que el BAC cerró sus cuentas bancarias —información que hasta entonces solo conocía la familia de Bulgarelli— y le habría advertido de que “lo que seguía eran los créditos de la casa y el carro que tengo con el BAC”, entre otras represalias.
El BAC rechazó referirse al respecto, alegando que el caso está bajo investigación judicial y que los productos de los clientes están protegidos por el secreto bancario.
Los Chinaokes
La Sala Constitucional también condenó al Banco Popular y al ICE por quitar abruptamente su patrocinio en el programa El Chinamo de Teletica en diciembre de 2024, tras argumentar disconformidades con un segmento de parodias llamado el Chinaoke, donde se realizaron críticas contra acciones del gobierno y problemas sociales desatendidos.
Los magistrados determinaron que el retiro de la pauta fue una violación al derecho de libertad de expresión, pues se habría usado como un posible mecanismo de control y censura velada.
El presidente Rodrigo Chaves se desligó del retiro de la pauta por parte de las instituciones involucradas; sin embargo, defendió la actuación de esas entidades como entidades “en competencia” que decidieron que el contenido del programa “manchaba su imagen corporativa”. Además, criticó duramente el fallo de los altos jueces.
Pérdidas laborales
Otros críticos y opositores también denunciaron impactos en su ámbito laboral o el de sus familias.
La diputada Vanessa Castro aseguró a inicios de 2024 que perdió un contrato como asesora de una empresa de comunicación (Repretel), tras gestiones desde el Poder Ejecutivo. Presidencia admitió haber contactado a la compañía, sin embargo, dijo que únicamente buscaban determinar si existía algún conflicto de interés, por ser Castro la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso.
La expresidenta del INS, Mónica Araya, también declaró bajo juramento haber recibido instrucciones desde el despacho presidencial para despedir al esposo de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro. Araya comentó sobre el caso a finales de 2025; sin embargo, señaló que el pedido para despedir al bombero con 28 años de experiencia habría ocurrido poco después de que Navarro filtró audios a la prensa, en los cuales constaban supuestas irregularidades con el uso de la pauta publicitaria del Estado y con una contratación con dineros del BCIE.
Más recientemente, el diputado del PLN, Óscar Izquierdo, también denunció haber sido despedido del AyA, institución a la que debía de regresar al terminar su período como congresista. Izquierdo recientemente fue nombrado como nuevo jefe de asesores del PLN para el nuevo período legislativo, que arrancará en mayo; sin embargo, el político había dicho que tomaría acciones legales al considerar que su destitución era una forma de “persecución política” y que se habría apartado de criterios jurídicos.
Investigación por la hija de Álvaro Ramos
El PANI también abrió una investigación en diciembre de 2025 en contra del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, por la participación de su hija menor de edad en un evento político.
Puntualmente, la niña de ocho años calificó como “dictador” a Rodrigo Chaves en una actividad de campaña, cuya grabación fue difundida en redes sociales.
El caso fue tramitado como de “altísimo riesgo” por el Patronato, a pesar de que no existían indicios de abuso, negligencia severa o violencia, según relató un asesor de la institución en el Congreso.
El PANI entrevistó por dos horas a la niña. Solo días después, archivó el caso.
Retiros de visas estadounidenses
Por último, el gobierno de Estados Unidos retiró visas a múltiples políticos, jueces y otras figuras incómodas para la administración Chaves.
El último fue el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, quien dijo ver “similitudes” entre los jueces cuyos votos incomodan al gobierno y los que han sido vetados por la potencia norteamericana.
No hay evidencia de un vínculo directo entre los retiros de las visas y el gobierno de Rodrigo Chaves; pero varias de las personas afectadas han sugerido que la relación cordial del mandatario con la administración Trump podría estar detrás de los múltiples vetos, que son inéditos en la historia del país.
Antes de Cruz, el gobierno de Trump también le retiró sus visas a múltiples políticos y funcionarios; entre ellos, el expresidente Óscar Arias; el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias; el magistrado constitucional Paul Rueda; y los diputados opositores Francisco Nicolás, Vanessa Castro, Johana Obando y Cynthia Córdoba.
El gobierno estadounidense no ha dado explicaciones sobre los casos y, según explica la Embajada en San José, la información es confidencial.
Rechazo de acusaciones
El gobierno ha rechazado todas las acusaciones.
En algunos casos, sostiene que actuó dentro del marco legal; y, en otros, niega los hechos o afirma que perseguía objetivos distintos a los señalados por los afectados.
Frente a la denuncia de vigilancia y persecución de la diputada Obando, por ejemplo, el presidente incluso llegó a catalogar el asunto como “un novelón digno de Hollywood”.
Consultada por este medio sobre los episodios en su conjunto, la Presidencia de la República no respondió a una solicitud de comentario hasta el cierre de esta edición.
‘Espiral del silencio’
Para especialistas, el punto clave no es solo la acumulación de casos, sino su efecto.
Según Giselle Boza, estas acciones coinciden con un aumento en la autocensura y responden a una lógica política más amplia.
“Las personas que más se autocensuran hoy en Costa Rica son las personas que critican al gobierno y esto es muy delicado porque se transforma en una espiral de silencio”, señaló.
En ese sentido, una reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), publicada este 23 de abril, señalaba que uno de cada dos costarricenses cree que “expresar públicamente sus opiniones acerca de los problemas del país podría generarle consecuencias negativas”.
El fenómeno del silencio puede comenzar con la moderación de la crítica, pero extenderse a otros ámbitos, incluido el mismo campo judicial que se encarga de juzgar y poner límite a los posibles abusos.
Cuando el poder del Estado se percibe como una herramienta de presión y el costo de opinar aumenta, la crítica puede empezar a desaparecer sin necesidad de prohibiciones explícitas.
Según el coordinador del Observatorio de Política Nacional (OPNA), Rotsay Rosales, ciertamente muchas personas bajan el tono a la situación porque “no hay personas en la cárcel” o “no se han cerrado los medios”, sin embargo, considera que “la verdadera pregunta debería ser otra”.
“La verdadera pregunta es si deberíamos esperar hasta que ya haya una persona presa o perseguida abiertamente, como ocurre en regímenes totalitarios, para empezar a preocuparnos; y la respuesta es no. No hay que esperar a eso”, concluyó.
