El bloqueo del oficialismo al nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional ha convertido la falta de jueces en un escudo político y judicial para Rodrigo Chaves, frenando el caso penal por presunto financiamiento ilegal de su campaña de 2022.
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, ha sido la voz técnica que ha explicado con detalle cómo ese bloqueo impide incluso que la Corte Plena pueda decidir si solicita el desafuero del actual ministro de Hacienda.
Un desafuero que no puede discutirse
En la Corte Suprema reposa desde el año pasado un expediente por la presunta existencia de una estructura paralela de financiamiento que habría sostenido la campaña de Rodrigo Chaves en 2022, conocido como el caso “Financiamiento Jaguar”.
Antes de que la acusación llegue al Congreso, debe ser analizada por el Tribunal de la Corte Plena, que es el órgano competente para pronunciarse sobre el levantamiento de la inmunidad de los miembros de los Supremos Poderes.
Ese tribunal no ha podido ni siquiera entrar a conocer el fondo del caso porque el magistrado constitucional Paul Rueda se inhibió de participar por posible conflicto de interés y, al no existir suplentes en la Sala IV, no hay quién lo sustituya.
La consecuencia práctica es que el expediente permanece congelado: ni se archiva ni avanza hacia el eventual desafuero, mientras el oficialismo mantiene su negativa a completar las suplencias necesarias.
La explicación técnica de Patricia Solano
Desde su posición en la Sala III, Patricia Solano ha detallado que basta el nombramiento de “al menos un” magistrado suplente constitucional para que se pueda integrar el Tribunal de Corte Plena y destrabar la discusión sobre la inmunidad de Chaves.
La magistrada ha insistido en que la Corte tiene la obligación institucional de analizar el expediente y emitir una recomendación, aunque luego la decisión política final sobre el desafuero corresponda a la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo tiene mayoría.
Solano también ha señalado que la ausencia de suplentes no obedece a una falla interna del Poder Judicial, sino a la reiterada negativa de los diputados —particularmente del bloque oficialista— a votar a cualquiera de los aspirantes que superaron el proceso técnico de selección de la Corte.
En diversas comparecencias y entrevistas, la magistrada ha subrayado que el mecanismo de reclutamiento judicial es público, exigente y estrictamente técnico, mientras que el Congreso ni siquiera ha presentado argumentos jurídicos sólidos para devolver la lista de candidatos.
Un bloqueo político deliberado en el Congreso
La Corte remitió desde octubre de 2025 una lista de 18 personas para llenar al menos nueve suplencias en la Sala Constitucional, pero ni la anterior ni la actual Asamblea han logrado los 38 votos necesarios, en buena parte por la resistencia de la bancada de gobierno y sus aliados.
La presidenta legislativa incluso decidió devolver de nuevo la lista al Poder Judicial, alegando que se habían realizado múltiples votaciones fallidas, lo que en la práctica prolonga la situación de vacantes y frena la conformación del Tribunal de Corte Plena.
Diputados de oposición y figuras como José María Villalta han interpretado este comportamiento como un bloqueo deliberado que construye “impunidad a propósito”, al impedir que avance un proceso judicial legítimo por falta de un nombramiento que la propia bancada oficialista se niega a aprobar.
Mientras tanto, el oficialismo ha defendido su negativa bajo el discurso de “no conocer” a los candidatos o de cuestionar la supuesta subjetividad de las evaluaciones, argumentos que Solano ha desestimado al recordar que los diputados podrían hacer sus propias entrevistas y análisis técnicos si lo consideraran necesario.
La Sala IV, paralizada y con efecto en cadena
La falta de magistrados suplentes ha generado un atasco histórico en la Sala Constitucional: se han acumulado decenas de recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad e incidentes que no pueden resolverse cuando un magistrado propietario debe inhibirse o ausentarse.
Cifras recientes divulgadas por la prensa y confirmadas por la propia magistrada apuntan a más de un centenar de expedientes varados, entre ellos el caso de Chaves, lo que golpea de forma directa a ciudadanos que acudieron a la Sala IV en busca de protección de sus derechos.
Solano ha advertido que este no es un problema “interno” de la Corte, sino una afectación concreta a la ciudadanía, que ve cómo se dilata la respuesta a sus reclamos constitucionales por un pulso político en el Congreso.
La magistrada ha defendido, además, la necesidad de mantener nombramientos largos y estables en las altas cortes para asegurar seguridad jurídica y una línea jurisprudencial coherente, frente a discursos que buscan aprovechar la crisis para cuestionar o debilitar al Poder Judicial.
Beneficio político para Chaves y riesgo institucional
En términos políticos, el diseño actual favorece a Rodrigo Chaves porque cada mes que pasa sin suplentes se extiende su inmunidad de facto, se reduce la probabilidad de que la acusación por financiamiento irregular llegue al plenario legislativo y se erosiona la capacidad de la Sala IV para revisar actos del Ejecutivo.
Ese margen de tiempo se combina con un discurso confrontativo hacia el Poder Judicial, en el que el oficialismo culpa al sistema por la “parálisis” sin reconocer que la causa inmediata del bloqueo es la propia negativa de sus diputados a completar los nombramientos.
Lo que Patricia Solano ha puesto sobre la mesa, en lenguaje jurídico, es que el nudo de todo este conflicto es político, no técnico: falta una decisión en la Asamblea para nombrar un suplente constitucional y, mientras esa decisión no se tome, la Corte Plena tiene las manos atadas frente al caso que involucra al ministro de Hacienda.
En otras palabras, el bloqueo del oficialismo no solo protege al líder de su movimiento de un proceso penal potencialmente riesgoso, sino que deja a la ciudadanía sin un tribunal constitucional plenamente operativo, debilitando uno de los pilares del control democrático en Costa Rica.
