Un pronunciamiento suscrito por organizaciones vinculadas a la comunicación plantea advertencias sobre el entorno del ejercicio informativo en Costa Rica, a partir de hechos recientes que involucran a integrantes de la junta directiva de La Nación S.A. en decisiones migratorias adoptadas por Estados Unidos.
La posición fue emitida en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este 3 de mayo, y reúne al Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper), el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) y la Universidad de Costa Rica mediante su Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi).
El señalamiento ocurre tras conocerse que personas integrantes de la junta directiva de La Nación recibieron la cancelación de sus visas de ingreso a Estados Unidos sin explicación oficial, según confirmaron los propios afectados.
Las organizaciones advierten que, de existir una relación entre esa decisión y la línea editorial del medio, el hecho tendría implicaciones para el sistema democrático:
“Si esta decisión se basa en su posición crítica frente a este gobierno sería una señal preocupante más para nuestro sistema democrático”.
El texto también solicita una respuesta institucional: “Las autoridades del Estado costarricense (…) deben solicitar una explicación al Gobierno de los Estados Unidos”.
En ese mismo apartado se plantea una advertencia directa sobre la actuación estatal ante el caso:
“De no hacerlo (…) ese silencio constituiría una forma de complicidad inaceptable”.
El pronunciamiento sitúa el tema dentro de un marco más amplio sobre el rol de la prensa en el sistema democrático: “La libertad de prensa es un bien común. Es la base para el desarrollo de otros derechos humanos”.
Además, se subraya la función del periodismo en la fiscalización del poder y el acceso a información pública, así como la necesidad de condiciones que permitan el ejercicio independiente de esta labor.
El documento también menciona antecedentes que, según las organizaciones firmantes, configuran un contexto que requiere atención, como descalificaciones hacia medios, tensiones en el acceso a información pública y discursos estigmatizantes contra periodistas.
En relación con el caso específico, la junta directiva del grupo de medios afectado indicó que la medida no modificará su línea editorial ni su ejercicio informativo, en un entorno donde la decisión ha generado cobertura internacional y seguimiento.
El pronunciamiento incorpora un llamado dirigido a la ciudadanía y a los propios actores del ecosistema informativo:
“Una sociedad sin prensa libre pierde (…) capacidad de cuestionar al poder”.
Las organizaciones firmantes cierran con una exhortación a sostener estándares profesionales en el ejercicio periodístico y a resguardar el derecho a la libertad de expresión como componente del sistema democrático.
