Parecía una película o una imagen creada con inteligencia artificial, pero fue real: el pasado 16 de octubre, los bomberos ingresaron en lancha a barrio Dent, en plena capital, para rescatar a los vecinos que estaban atrapados en los techos porque sus casas se inundaron.
La inundación afectó más de 16 viviendas, anegó locales comerciales y cubrió carros en esa zona. Además, el agua bloqueó el paso por la carretera de Circunvalación, frente a la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En esa facultad, el nivel del agua superó un metro de altura en todo el primer piso del edificio A, los sótanos de parqueo se inundaron por completo y quedó inhabilitado el cuarto de máquinas, donde se ubican los tableros eléctricos y el sistema de supresión de incendios. Esto obligó a suspender las clases presenciales en la facultad por el resto del año.
Tras el recuento de los daños –incluyendo pérdidas totales para varias familias, la interrupción del tránsito durante horas y el impacto para la comunidad universitaria–, fue evidente la urgencia de soluciones ante el riesgo de que las fuertes lluvias vuelvan a generar una emergencia.
Y es que esa no fue la primera vez: entre junio de 2024 y setiembre de 2025 se habían registrado ya ocho eventos de inundación en la quebrada Los Negritos, una microcuenca de apenas 2,2 kilómetros cuadrados con más de un 80% de área impermeable. Así lo describe un comunicado de la UCR.
Reconocer las causas del problema ha sido el primer paso para buscar soluciones y sentar responsabilidades.
Las miradas se dirigieron primero hacia la alcaldía de Montes de Oca, que a su vez espera contar con el apoyo de la UCR, la Municipalidad de San José (MSJ), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otras entidades, pero, ¿quién asumiría el alto costo de las obras para corregir el problema?
El origen de la tragedia
Es fácil culpar a la lluvia, pero el origen de este problema se remonta a la década de 1960, cuando se decidió “entubar” la quebrada de Los Negritos para empezar a construir infraestructura sobre su cauce natural y alrededor de él.
La idea significó encerrar la quebrada en una alcantarilla, para que volviera a salir unos 200 metros después y el agua desembocara en el Río Torres, según lo explicó Roberto Villalobos, especialista en hidráulica e hidrología de la Escuela de Ingeniería Civil y colaborador del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la UCR.
Con la urbanización de la cuenca en los años 70 y 80, cuando se desarrollaron los sectores de barrio Dent, Escalante, San Pedro, Vargas Araya y Sabanilla —entre otros—, la cantidad de agua que llegaba a esa alcantarilla superó su capacidad. En esta época ocurrieron las primeras inundaciones.
“Un proceso de urbanización mal planificado genera un aumento de la escorrentía en el cauce”, señaló Villalobos.
Como respuesta, la MSJ construyó en 1995 otra alcantarilla de desvío, la cual consistió en una tubería de acero corrugado de más de tres metros de diámetro que se extiende por 500 metros, a 20 metros de profundidad. Su función era desviar la mayor parte del agua de la quebrada directamente hacia el Río Torres, antes de que llegara a barrio Dent.
Un informe de la MSJ, publicado aquel año, especifica que ese proyecto tuvo un costo de ₡150 millones.
Según Villalobos, esa solución fue efectiva y evitó las inundaciones durante unos 30 años.
Sin embargo, en 2005 la entrada de la tubería metálica se deformó, colapsó estructuralmente y perdió capacidad. Entonces, se hizo un nuevo arreglo –un remiendo, en palabras de Villalobos– que consistió en un túnel con tubería de concreto, paralelo al tubo dañado.
Dos años después se notó que la deformación de la estructura metálica se estaba extendiendo, por lo cual se hizo un nuevo remiendo: esta vez se colocó un tubo plástico de un metro y medio de diámetro, dentro de un tramo de 50 metros de la tubería original, para evitar que siguiera colapsando.
En 2023, expertos encontraron un gran hundimiento justo donde termina ese tubo, y se determinó que este se encontraba totalmente deformado.
El 10 de junio de 2024 se produjo la primera gran inundación en la facultad de Derecho.
“La alcantarilla sufrió un colapso estructural. El tubo se aplastó por el peso del relleno que tiene encima, cerrándose por completo”, describió Villalobos.
En el segundo semestre del año pasado, la Municipalidad de Montes de Oca invirtió ₡20,8 millones en la instalación de una “tubería de alivio”, de un metro y medio, que permitió mitigar el problema.
Sin embargo, a criterio de Villalobos, esta es otra medida paliativa, pues el sistema de drenaje se encuentra en una situación crítica y no basta para soportar una cantidad de lluvia como la que cayó el pasado 16 de octubre.
El peso de Circunvalación
Tras esa inundación se ha señalado como otra posible causa la construcción del paso a desnivel en la Circunvalación Norte, frente a la facultad de Derecho, que fue inaugurado en 2022.
El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, lamentó que al construir esa obra no se hayan implementado medidas para prevenir el riesgo de inundaciones. Más aún, aseguró que espera el apoyo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para financiar las obras requeridas para solucionar este problema.
“Si hay una calle que no era tan grande y de pronto le ponen más cemento, más impermeabilización, claramente hay una afectación. Si se hubiera previsto esa situación, se habría planificado y aprovechado todo ese movimiento de tierras para buscar una solución al problema de la quebrada de Los Negritos”, dijo el alcalde a El Financiero.
“Lo que sí está claro es que esa es una ruta nacional. Más que una obligación, en mi criterio, debería ser una inversión por parte del Conavi. Sería dar un paso al frente para unirse a la solución por la importancia que tiene esta ruta para el Gran Área Metropolitana y para el país”, añadió.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) negaron que los trabajos ejecutados en la Circunvalación sean una causa o agraven el problema.
El jerarca de esa cartera, Efraím Zeledón, descartó que el MOPT ofrezca alguna solución o sea parte del financiamiento.
“Los problemas de inundación en Barrio Dent se presentan en rutas cantonales y el MOPT sólo puede financiar obras en ruta nacional, donde no se tienen problemas”, respondió el ministro a este medio.
Desde el punto de vista técnico, Villalobos coincidió en que las obras de Circunvalación no son la causa de las inundaciones.
“La carretera estuvo terminada en 2022 y funcionó bien durante dos años sin que se produjeran inundaciones. Además, los diseños de la carretera se hacen suponiendo que la infraestructura existente en ese momento funciona bien, por lo que el MOPT, el Conavi y los contratistas no pudieron haber previsto esto”, afirmó.
Según dijo, las nuevas edificaciones que se construyen en el cantón tampoco agravan necesariamente el problema, dado que los reglamentos actuales de la Municipalidad de Montes de Oca exigen que los desarrollos incluyan sistemas de drenaje sostenible
“El objetivo es que la cantidad de agua que sale de la propiedad desarrollada no sea mayor a la que salía cuando el terreno no tenía construcciones”, explicó.
EF consultó al municipio cuántos permisos de construcción se han otorgado en los últimos años, pero no se ha recibido la información al cierre de esta nota.
En busca de soluciones
En 2023 la Municipalidad de Montes de Oca pagó una consultoría por ₵27,8 millones para realizar un análisis de la situación y ahora se propone contratar otra, por un monto aproximado de ₡10,5 millones, para la evaluación y priorización de las soluciones propuestas.
El municipio ha recibido cinco propuestas que ya fueron presentadas formalmente a la administración y se espera la formalización de dos o tres propuestas adicionales, lo que permitirá ampliar el abanico de opciones a evaluar por la consultoría.
Entre las ya presentadas se encuentra una propuesta de intervención elaborada por el ICE que, a juicio de Argüello, es una de las más completas, aunque también podría ser una de las más costosas.
En pocas palabras, esta propuesta consiste en construir un nuevo túnel de gran diámetro, paralelo al túnel que colapsó, según explicó Villalobos.
“La propuesta del ICE cuenta con un diagnóstico previo muy elaborado y nos garantiza una tranquilidad jurídica, al ser una institución pública con gran experiencia”, afirmó el alcalde.
“Además, con el ICE podríamos hacer un convenio como entes de derecho público, que nos ayudaría a que se acorten los plazos de adjudicación. Cualquier licitación pública que hagamos como municipalidad para una megaobra como esta puede durar hasta ocho meses o un año para que se adjudique, mientras que un convenio nos permitiría concretarlo en unos tres meses”, añadió.
El alcalde estima que la figura del convenio permitiría iniciar las obras en abril o mayo de 2026.
Sin embargo, reconoció que uno de los principales desafíos será reunir el financiamiento necesario para asegurar el desarrollo de obras que brinden una solución definitiva.
Según la opción que se escoja, la inversión podría rondar entre los $8 millones y los $11 millones; es decir, al menos ₡4.000 millones.
Ahora bien, ¿cuál es el monto de los ingresos que percibe la Municipalidad de Montes de Oca anualmente?
Según datos de la Dirección de Hacienda Municipal, los ingresos acumulados al 31 de diciembre de 2024 ascendían a ₡4.433 millones por concepto de servicios, ₡3.400 millones por impuesto de bienes inmuebles y ₡2.012 millones por patentes. Es decir, unos ₡9.845 millones.
“Para financiar una verdadera solución de largo plazo es importante que, además de los recursos de nuestro municipio, podamos contar con el aporte de la Municipalidad de San José, el Conavi e incluso la UCR”, dijo Argüello.
A criterio de Villalobos, cualquier obra que se realice debe diseñarse con un período de retorno mucho mayor al original, que fue de solo 10 años, para garantizar una solución a largo plazo.
Añadió que es fundamental incorporar criterios de resiliencia y adaptación al cambio climático, en el diseño de toda la infraestructura.
“La lección aprendida aquí es un llamado para que todo el país empiece a planificar y construir de manera diferente”, dijo.
Entonces, ¿quién pone el dinero?
La quebrada Los Negritos tiene el 45% de su longitud en el cantón de Montes de Oca, y el restante 55% en el cantón de San José. Asimismo, una parte del barrio Dent se encuentra dentro del cantón josefino.
En 2024, la comunidad interpuso un recurso de amparo que la Sala Constitucional resolvió a su favor el 27 de julio del 2025, otorgando un año de plazo a ambas municipalidades para resolver el problema.
Argüello señaló que ese plazo es casi imposible de cumplir, considerando que las opciones de intervención se encuentran en estudio y no hay una fuente de financiamiento clara.
Actualmente existe una mesa técnica que facilita la articulación entre las dos municipalidades, la UCR y representantes de la comunidad, con el fin de validar los resultados de la consultoría e identificar la solución más viable.
“La idea es definir entre todos la propuesta más idónea para solucionar este problema de una vez por todas y por un largo plazo, con una visión de al menos 50 años”, dijo Argüello.
El Financiero envió consultas al alcalde de San José, Diego Miranda, para conocer su posición sobre la posibilidad de que la MSJ aporte una parte del dinero necesario para solucionar este problema. Sin embargo, su encargada de prensa respondió con una declaración en video del alcalde, quien no mencionó el tema del financiamiento.
“Realmente no hay solución que sea posible en el corto plazo, económicamente y técnicamente, porque hay que hacer obras que se dejaron de hacer durante muchas décadas y que precisamente por el descuido de las autoridades que estuvieron durante décadas en las municipalidades y también en otras instituciones no hemos tenido una solución”, dijo Miranda.
Por su parte, la vicerrectora de Administración de la UCR, Rosa Julia Cerdas, señaló que esta institución solo puede destinar recursos públicos a fines compatibles con su mandato constitucional y con los fines universitarios; es decir, docencia, investigación, acción social, bienestar institucional, seguridad o infraestructura universitaria.
Por lo tanto, dijo, no hay posibilidades de que la universidad aporte recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el financiamiento de las obras requeridas, fuera de los límites de su propiedad.
Sin embargo, la institución ha realizado varias inversiones para enfrentar este problema. Desde el 1 de septiembre de 2025 existe un plan de acción para mitigar los riesgos que amenazan la infraestructura crítica y los servicios de telecomunicaciones de la UCR y el ICE, en el marco de dos convenios de cooperación entre ambas instituciones.
Además, Cerdas aseguró que la UCR brindará acompañamiento técnico a las municipalidades mediante un equipo especializado, conformado por profesionales en geología, topografía e ingenierías. Este equipo apoyará el proceso de identificación de obras de mitigación a corto plazo, orientadas a reducir el riesgo en las zonas afectadas.
“Este acompañamiento también se extenderá a la mesa técnica que se convocará con el objetivo de analizar e identificar las propuestas de solución ante el riesgo inminente que representa la Quebrada Los Negritos, en aras de fortalecer la gestión integral del riesgo y la toma de decisiones”, dijo la vicerrectora.
En la mesa técnica se prevé determinar cuál es la solución más viable y las opciones de financiamiento. Dada la negativa del MOPT, la respuesta evasiva de la MSJ y las limitaciones de la UCR, es probable que la Municipalidad de Montes de Oca deba asumir la mayor parte del costo.
Mientras se avanza en ese análisis, la UCR, el municipio y la comunidad han conformado una alianza para el monitoreo y vigilancia de la quebrada, así como para la atención de los daños provocados por las inundaciones.
