En un pequeño sótano del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), órgano del Ministerio de Agriculta y Ganadería, se acumulan cientos de expedientes impresos. Algunos son solo unas cuantas hojas; otros, juegos de bloques de papel tan altos que se necesitaría un “carrito” para moverlos.

Los expedientes son solicitudes para la inscripción de plaguicidas. Los más viejos datan del 2008 y siguen a la espera de ser abiertos.

Este atasco de expedientes ha generado que el sector agrícola del país suplique por medidas para actualizar la oferta de agroquímicos que se usa en los suelos nacionales, mientras achacan responsabilidades a una mala gestión del SFE y a la obstaculización del movimiento ambientalista.

El viacrucis

Los plaguicidas son parte del día a día del agricultor. Son necesarios, como su nombre lo indica, para controlar las plagas que afectan los cultivos; son fundamentales cuando se quieren cosechas más prósperas y de mejor calidad.

Sin embargo, algunos de ellos pueden llegar a ser peligrosos. Muchos de estos productos son mezclas de diversos químicos que requieren cuidados especiales. Es por esto que su uso en el país es controlado. Cualquier plaguicida que se quiera emplear en suelo costarricense debe pasar por un largo proceso de aprobaciones que no se aleja de la polémica.

El producto comercial que los agricultores compran para realizar la fumigación de sus cultivos es conocido como “formulado” y es el compuesto formado por uno o varios ingredientes activos. En Costa Rica, un formulado se puede utilizar hasta que el ingrediente activo esté registrado.

Cada formulado o ingrediente activo deberá tener el visto bueno de tres instituciones distintas antes de ser inscrito: SFE, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Salud.

La empresa que busca registrar el producto debe presentar una serie de estudios y documentos para que las autoridades procedan con la revisión. Si no falta nada, se inicia con la primera revisión.

Cada entidad estatal lleva a cabo las revisiones por separado y otorga una calificación individual. Asimismo, cada oficina tiene derecho a objetar todo el expediente o parte de él. En caso de recibir objeciones, los pesticidas pasan por una segunda y hasta una tercera revisión.

Es decir, es posible que, en una primera revisión, el SFE y Salud le hayan dado el visto bueno a un pesticida, pero no así el Minae, por la falta de algún documento o estudio. En ese caso, entonces, el proceso exige una segunda revisión.

También puede suceder que los procesos no sean paralelos. Por ejemplo, el Minae puede estar revisando un formulado C, mientras el SFE revisa el D y en Salud trabajan en el B. Esto genera aún más separación entre los procesos y más tiempo entre una aprobación y otra.

De esta manera, para llegar a una tercera revisión, las solicitudes tuvieron que haber fallado varios peldaños anteriores.

En la primera revisión se ven los documentos presentados por la compañía que busca inscribir el producto. “Si en esta primera revisión la empresa completara todo y los criterios fueran positivos, se emite el registro de una sola vez”, declaró Arlet Vargas, jefa de la Unidad de Registro de Agroquímicos del SFE.

Sin embargo, si en esta verificación hay algún requisito sin cumplir, se procede al apercibimiento, donde se le explica al solicitante qué falta en el expediente. Ningún trámite sale apercibido si no cuenta con la revisión de los tres entes.

Después viene la segunda revisión. La empresa presenta una respuesta al apercibimiento y, nuevamente, los entes proceden a analizar los documentos. En esta parte del proceso solo harán la revisión los ministerios que hayan encontrado falencias. Si todo está “correcto”, el plaguicida podrá inscribirse. En caso de que todavía exista un problema, se anexará una nota aclaratoria que así lo indique. Después de esto, finalmente, viene la tercera revisión.

Todo este engorroso trámite –que se prolonga por meses, y en ocasiones, hasta años– se traduce en cientos de solicitudes atascadas en alguno de los entes involucrados y otras que siguen a la espera de iniciar el viacrucis burocrático.

Hay 159 solicitudes de ingredientes activos presentadas entre 2008 y 2019. La gran mayoría de ellas está entre la primera y la segunda revisión, aunque hay 21 que ni siquiera han iniciado el camino, de acuerdo con datos proporcionados por el SFE. Los números son aún mayores cuando se trata de solicitudes de formulados: 226 productos están en algún punto del proceso y, de estos, 166 aún no inician.

Desde el 2007 solo se han aprobado 19 ingredientes activos y 15 formulados.

Para sumarle una piedra más al camino, el Gobierno aprobó en enero del 2017 dos reglamentos. El primero, el Reglamento para la Actualización de la Información de los Expedientes de Registro de Ingredientes Activos y Plaguicidas Formulados (N.° 39995-MAG), buscaba que los registros ya existentes se actualizaran por 10 años más. Por su parte, el Reglamento Técnico para el Registro, Uso y Control de los Plaguicidas (Decreto ejecutivo N.° 40059-MAG-MINAE-S) pretendía actualizar los procesos de inscripción para que operaran con más fluidez.

Entre junio del 2018 y abril del 2019, ambos fueron impugnados. El primero, en dos ocasiones, por un representante de la Federación Costarricense de la Conservación de la Naturaleza y por el presidente de la Asociación para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense. El segundo, por Juan Manuel Cordero, entonces defensor de los habitantes.

La impugnación del nuevo reglamento significa que ninguna de las solicitudes presentadas después de la entrada en vigencia del documento puede aprobarse.

Agro con productos viejos

Mientras las solicitudes de inscripción de pesticidas se siguen acumulando en los archivos del SFE, los agricultores nacionales trabajan con productos antiquísimos. Ese es el principal reclamo del sector, el cual, como consecuencia, señala tener problemas para competir.

La queja es clara: los tiempos para aprobar o rechazar la inscripción de nuevos pesticidas no se cumplen; esto de acuerdo con Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura y actual fiscal coordinador de la Comisión Regulatoria de Agricultura.

Los números respaldan la afirmación de Sáenz: hay 169 solicitudes de inscripción de productos formulados y 122 de ingredientes activos que llevan entre 5 y 10 años en el proceso.

Entender la importancia de estos productos en el día a día del agricultor es sencillo. Según palabras de Sáenz, “los agroquímicos son las medicinas de las plantas”. En este contexto, los agricultores claman por medicamentos más modernos para competir mejor.

Un plaguicida más moderno permitiría, por ejemplo, utilizar dosis menores durante las fumigaciones o ahorrar agua en las mezclas. También podría reducirse el número de aplicaciones. “En lugar de hacer aplicaciones todas las semanas, se podrían hacer cada mes y en menos cantidades por hectárea”, detalló Sáenz.

El contexto del agro es complejo. En el primer trimestre del 2019, más de 279.000 personas trabajaban en agricultura o ganadería, esto de acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La actividad de este gran empleador del área rural suma ocho meses en rojo, según el índice mensual de actividad agropecuaria (Imagro) del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“¿Cómo es posible que incorporemos tecnología que importamos en software o medicina, pero no en agricultura?”, señala Sáenz, quien no duda en disparar culpas.

¿Quién es el culpable?

La culpa es de todos y es de nadie; esa parece ser respuesta cajonera para las solicitudes empantanadas de inscripción de agroquímicos. Las razones apuntan a todos lados y ese es el escenario perfecto para que el hilo de responsabilidades se enmarañe aún más.

Por parte del SFE y el Minae, los responsables son dos. Primero, las empresas que presentan las solicitudes. Si hay una más de una revisión del expediente, esto significa, según Arlet Vargas, que los documentos entregados no cumplieron con los requisitos. En esto concuerdan Shirley Soto, directora de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Minae, y Elidier Vargas, coordinador del Proceso de Investigación y Desarrollo del mismo ministerio.

El proceso debería durar máximo cuatro semanas, para un ingrediente activo, y una semana en el caso de un formulado, de acuerdo con Soto. En la práctica, los números demuestran otra cosa.

Además, las empresas tienen la oportunidad de cambiar el orden de atención de los productos. Es decir, pueden pedir que se suba en la lista de espera un producto más nuevo y se aplace uno con más tiempo. Esto justifica, según los funcionarios del Minae, que haya productos con más de una década de atraso.

“Hasta no hace mucho tiempo, nos desgastamos demasiado intentando que las empresas repitieran los procesos hasta en tres revisiones. Hay 377 casos que se han revisado en múltiples ocasiones”, declaró Soto. El Minae es justamente el ente con más solicitudes en fila.

El segundo aspecto es la falta de recursos, ya que en las unidades encargadas de estas revisiones no hay suficiente personal capacitado. El Minae tiene dedicados a esta tarea dos funcionarios a tiempo completo y dos a tiempo parcial. En el caso del SFE, cuentan en total con 15 personas en la unidad de registro, pero deben dividirse la resolución de 20 trámites adicionales a los formulados e ingredientes activos.

En la otra acera, la Cámara de Agricultores achaca la culpa a un sesgo ideológico que se mueve “contra todo lo que sea agroquímicos”, de acuerdo con Sánchez.

Además, están los documentos impugnados. El reglamento de inscripción pretendía crear dos nuevas áreas, dentro del SFE, dedicadas a revisiones toxicológicas y ecotoxicológicas. Estas son las mismas funciones que se realizan en los ministerios de Salud y Ambiente; las nuevas unidades podrían sumar personal a la revisión de solicitudes.

De acuerdo con Sánchez, el objetivo del reglamento imputado era, además, reducir trabas del documento anterior “Ese reglamento era incumplible, pero el reglamento del 2016, que está impugnado, aterrizó los requisitos”, declaró.

El mismo documento creaba un registro en línea, donde casi el 100% del expediente se manejaría de forma digital, a excepción del legajo confidencial. Hoy, las montañas de papel se siguen acumulando en los archivos del SFE.

En medio de todo, al que le toca sufrir las consecuencias es al agricultor. Él trabaja día a día con productos desactualizados, lo que se traduce en más rondas de fumigación, más gastos y, por ende, en una clara desventaja frente a sus homólogos internacionales.