Las autoridades francesas abrieron 400 investigaciones y detuvieron a un centenar de personas ante la proliferación de pasaportes sanitarios falsos, necesarios para acceder a restaurantes, espacios culturales o incluso hospitales.
Según fuentes del ministerio del Interior, existen 110.000 pases falsos en Francia desde que se instauraron el 21 de julio.
Su aplicación generó protestas, si bien la movilización, ya minoritaria, ha ido perdiendo fuerza.
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Una red que recuperaba los identificadores de los farmacéuticos de la página web de la Orden Nacional de Farmacéuticos pudo vender entre 5.000 y 10.000 pases falsos con un beneficio de unos dos millones de euros (2,2 millones de dólares).
La investigación cibernética, que aún está en curso, ya identificó a una pareja que fue detenida a principios de diciembre, según supo la AFP de una fuente cercana al caso.
Una de las ramas de la seguridad social francesa, que inició procedimientos judiciales contra 800 personas, contabilizó la semana pasada 41.000 pases falsos.
"De las 400 investigaciones iniciadas, hubo más de un centenar de detenciones", declaró el jueves el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Según su entorno, estas detenciones apuntan tanto a los usuarios como a las redes de tráfico.
Los investigadores encontraron varias maneras de proceder, entre los cuales la compra de certificados de vacunación falsos en Internet y el uso fraudulento de códigos QR que pertenecen a otra persona. Las autoridades también persiguen a los profesionales de la salud o a los agentes administrativos que proporcionan pases falsos.
"Observamos un fuerte aumento del fenómeno desde este verano en las redes sociales, pero no ha habido ningún repunte desde el no reembolso de los test de detección para las personas no vacunadas", declaró a la AFP el general Marc Boget, responsable de las cuestiones del ciberespacio en la gendarmería a cargo de 200 investigaciones sobre los pases falsos. Hasta ahora, identificó unos 92.000 en circulación.
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Junto con los investigadores, el seguro médico nacional se encarga de identificar las anomalías a través de técnicas de análisis estadístico en las bases de datos de seguimiento de la vacunación, utilizando el "datamining" (búsqueda y cruce de diferentes bases de datos) y la inteligencia artificial.
Varias investigaciones cibernéticas "de gran escala" sobre el pirateo de cuentas de médicos y farmacéuticos se están llevando a cabo, según el entorno del ministro del Interior.
“Criminalidad organizada”
"Asistimos a un modus operandi cada vez más elaborado en el que los defraudadores modifican a distancia las contraseñas de los profesionales de la salud y pueden así generar pases a su nombre", explica el general Boget.
Estas redes se asemejan a "la delincuencia organizada con reclutadores, cómplices, traficantes y delincuentes que se aprovechan del deseo de algunos de no vacunarse", según el general.
En el Hérault (sur de Francia), los ciberinvestigadores detuvieron a un bombero y a un fisioterapeuta, que serán juzgados en febrero por haber proporcionado 123 falsas pruebas negativas a una treintena de sus familiares. Estas falsas pruebas permitían a los 35 beneficiarios realizar actividades o "viajes de confort" sujetos a la presentación de un pase, según la gendarmería.
Para crear las falsificaciones, el bombero, que utilizó los identificadores de un fisioterapeuta, "utilizó un poco" el sitio dedicado a la gestión de los certificados antigénicos dentro del servicio provincial de bomberos y salvamento.
Usar un documento falso es un delito que conlleva una pena de hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros ($50.800). Los procedimientos disciplinarios de los colegios profesionales pueden llegar hasta la prohibición definitiva de ejercer, según las autoridades.
En la región parisina, un médico sospechoso de haber vendido al menos 220 falsos pases sanitarios --cada uno a 1.000 euros ($1.100)-- fue detenido a finales de noviembre, según la fiscalía de la ciudad de Créteil.
“Si un profesional de la salud se corrompe proporcionando un pase sanitario falso a los pacientes, se trata de un delito y espero que la justicia haga su trabajo con la máxima firmeza”, advirtió el ministro de Salud, Olivier Véran.
