La decisión de la Sala Constitucional de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa concluye las designaciones pendientes abrió un nuevo frente en el pulso que mantiene el oficialismo con este poder.
Como respuesta, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció este viernes que presentará una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala. El anuncio lo hizo junto a la presidenta de la República, Laura Fernández, y la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que atribuyen al tribunal haber asumido competencias que, a su juicio, corresponden exclusivamente al Poder Legislativo.
La acción penal se dirigirá contra los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya, quienes aprobaron la sentencia. El fallo, emitido apenas un día antes, extendió de forma provisional el periodo de los jueces suplentes cuyos nombramientos vencieron en diciembre de 2025, con el propósito de evitar que la Sala quedara imposibilitada de sesionar mientras la Asamblea Legislativa aprueba a sus sustitutos.
Paralización de los nombramientos
Aunque la Sala está conformada por siete magistrados propietarios, su funcionamiento depende también de un grupo de 12 suplentes llamados a sustituir a los titulares cuando estos se ausentan por vacaciones, incapacidades, inhibiciones, recusaciones u otras causas temporales.
Su participación resulta indispensable. La Sala requiere un cuórum de siete jueces para sesionar, de modo que la ausencia de un magistrado propietario, sin un suplente disponible para reemplazarlo, impide integrar el tribunal y retrasa la resolución de los expedientes sometidos a su conocimiento.
Esa situación ha convertido un procedimiento de nombramiento legislativo en un problema de funcionamiento institucional. Sin los 38 votos para elegir a los nuevos suplentes, la incertidumbre sobre la capacidad operativa de la Sala fue creciendo hasta desembocar en la intervención del propio tribunal.
El enfrentamiento entre la Corte y el Congreso
La elección de las magistraturas suplentes quedó entrampada en el Congreso tras el envío de la nómina de candidatos por parte de la Corte Suprema de Justicia.
En octubre de 2025, la Corte Plena remitió una lista de 18 aspirantes para llenar las vacantes, mientras que la comisión legislativa encargada del proceso recomendó posteriormente a nueve de ellos para su votación en el Plenario. Sin embargo, el procedimiento nunca llegó a concretarse.
El principal obstáculo surgió desde la bancada del PPSO, que anunció que no respaldaría el nombramiento de ningún magistrado suplente mientras la Corte no enviara una nómina completa de 24 candidatos. Esa posición terminó por frenar las designaciones y prolongó un vacío que comenzó a afectar el funcionamiento del máximo tribunal constitucional.
La respuesta de la Corte Suprema no tardó en llegar. El órgano rechazó la devolución de la nómina al considerar que no existía una justificación objetiva para exigir una nueva lista de candidatos. En consecuencia, mantuvo la propuesta original de 18 nombres e insistió en que correspondía a la Asamblea Legislativa avanzar con el proceso de elección.
El prolongado pulso entre ambos poderes también despertó preocupación fuera del ámbito político. La Defensoría de los Habitantes advirtió que la ausencia de magistrados suplentes impedía integrar plenamente la Sala Constitucional cuando se presentaban inhibiciones, recusaciones, incapacidades, vacaciones u otras ausencias temporales de magistrados propietarios.
Esa situación, agregó la institución, comenzaba a tener efectos directos sobre el acceso a la justicia constitucional, al provocar atrasos en la resolución de recursos de amparo, hábeas corpus y otros asuntos de carácter urgente.
La intervención de la Sala Constitucional
Con ese escenario de fondo, la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo presentado contra la Asamblea Legislativa. El órgano concluyó que la falta de nombramiento de los magistrados suplentes comprometía el derecho de acceso a la justicia constitucional y amenazaba la continuidad del servicio que presta el tribunal.
El recurso fue presentado por una persona que alegó que varios de sus expedientes permanecían sin resolución debido a inhibitorias de magistrados propietarios y a la imposibilidad de integrar el tribunal por la ausencia de suplentes.
A partir de ese análisis, la Sala adoptó una medida transitoria: prorrogó provisionalmente el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa elige a las nueve personas que deberán ocupar esos cargos de forma definitiva.
La sentencia 2026-13498 fue aprobada por mayoría de los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García e Ingrid Hess Herrera.
Pero los efectos de la resolución no se limitaron a extender los nombramientos. La Sala también anuló los acuerdos mediante los cuales la Asamblea Legislativa devolvió la nómina de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y solicitó una nueva lista, al considerar que esa actuación carecía de sustento.
Como parte de la resolución, además, ordenó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez —o a quien ocupe ese cargo—, realizar las gestiones necesarias para que el Plenario conozca la nómina remitida por la Corte.
La respuesta del oficialismo: una querella
La sentencia de la Sala no solo reactivó el proceso para nombrar a los magistrados suplentes. También elevó la confrontación entre el Poder Judicial y el oficialismo.
Un día después de que se conociera la resolución, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció que el próximo lunes 3 de agosto presentará una querella por presunto prevaricato contra los cuatro magistrados que votaron a favor del fallo: Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya.
Jiménez realizó el anuncio junto a la presidenta de la República, Laura Fernández, y los diputados de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quienes sostienen que la Sala Constitucional excedió sus competencias al intervenir en un proceso que, a su criterio, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa.
Las críticas fueron más allá del ámbito jurídico. Tanto Jiménez como Fernández calificaron a los magistrados de “golpistas” y acusaron al tribunal de asumir potestades que la Constitución no le otorga.
“Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos institucionales le han dado a la Sala Constitucional”, afirmó la mandataria durante la conferencia de prensa.
Fernández también calificó la resolución como un “golpe de Estado” y sostuvo que la sentencia vulnera los artículos 9, 11, 121, incisos 3) y 20), 154, 157, 158 y 164 de la Carta Magna.
Con la querella anunciada para la próxima semana, el conflicto por el nombramiento de los magistrados suplentes deja de limitarse al ámbito legislativo y judicial para trasladarse también al terreno penal, en un nuevo episodio de la creciente confrontación entre el oficialismo y la Sala Constitucional.
Tras la postura pública del Poder Ejecutivo y los diputados de PPSO, la Sala salió a aclarar que las resoluciones del órgano “están debidamente fundamentadas en normas y principios jurídicos, y tienen como único propósito salvaguardar los derechos de las personas y asegurar el correcto funcionamiento del sistema democrático”.
Además el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, también se refirió a la reacción del Ejecutivo. “El concepto utilizado en torno a un golpe de estado no tiene ningún asidero, ni en la doctrina clásica, ni comtempporánea. En palabras sencillas para todos los costarricenses de buena voluntad, un golpe de estado es una ruptura ilegítima del orden constitucional. En el caso que nos ocupa, en la resolución que dicto la Sala el día de ayer, de lo que se trata es totalmente lo contrario, se trata de reestablecer el orden constitucional a nivel jurisdiccional”, dijo Araya en un video difundido este viernes 31 de agosto.
Apoyo de la oposición
Las declaraciones del oficialismo encontraron una respuesta inmediata en la oposición.
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, cuestionó que el Gobierno hablara de un supuesto golpe de Estado cuando, según afirmó, ha sido el propio oficialismo el que ha impedido el nombramiento de los magistrados suplentes.
“¿Cómo va a hablar el Gobierno de un posible golpe de Estado cuando ellos son los que han intentado paralizar y sabotear el Poder Judicial al no nombrar magistrados para dejar a la Sala Cuarta sin poder funcionar?”, expresó.
En la misma línea, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, rechazó las declaraciones emitidas por Casa Presidencial y responsabilizó al oficialismo por el atraso en la elección de los magistrados suplentes.
Por su parte, la diputada Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, manifestó su preocupación por la “guerra abierta” que, a su juicio, mantiene el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial.
