La mayoría de curules que tiene el chavismo en la Asamblea Legislativa le ha permitido avanzar con rapidez en los proyectos de ley que requieren mayoría simple (29 votos) y mantener el control del Directorio Legislativo, instancia que define qué iniciativas se discuten, cuándo llegan al Plenario y cómo se tramitan.
Ese músculo político también ha comenzado a tener otro efecto: reducir el margen de acción de la oposición que impulsa investigaciones sobre decisiones y actuaciones del Poder Ejecutivo.
El recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Cultura a la Fundación Parque La Libertad, las dudas sobre los estados financieros del Gobierno y el contrato del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con la empresa extranjera Open English son algunos de los asuntos en los que el oficialismo ha frenado las propuestas de investigación y rendición de cuentas planteadas por otras bancadas.
El terreno donde se hacen visibles esas diferencias es el de las comisiones legislativas. Estos órganos funcionan como una primera instancia de discusión y análisis de los asuntos que llegan al Congreso, pero también son espacios fundamentales para ejercer el control político sobre la gestión pública.
La capacidad de cerrar esos espacios de fiscalización no se limita a las investigaciones en una comisión. El oficialismo también puede incidir desde el Plenario en el nombramiento de funcionarios de otras instituciones, como ocurre con los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, la designación requiere 38 votos, una cifra que la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se ha negado a aportar.
Aunque esa posición le permite al oficialismo proteger políticamente a funcionarios y decisiones del Gobierno frente a cuestionamientos legislativos, la estrategia tiene una posible contrapartida. La negociación con las bancadas opositoras para conseguir los votos que no reúne por sí solo podría volverse más difícil si se acumulan los desacuerdos en torno al ejercicio del control político.
Los bloqueos del chavismo
La distribución de fuerzas en las comisiones permite entender cómo se materializa esa capacidad de frenar investigaciones. Uno de los principales escenarios es la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público, encargada de fiscalizar el uso de los recursos del Estado y donde el chavismo tiene una posición mayoritaria.
La comisión es presidida por el diputado Gonzalo Ramírez y está integrada, además, por otros cuatro legisladores del PPSO, tres representantes del Partido Liberación Nacional (PLN) y una diputada del Frente Amplio (FA). Con esa correlación de fuerzas, el oficialismo tiene capacidad para inclinar las votaciones sobre las mociones que buscan abrir investigaciones.
Una de las decisiones que evidenció ese peso fue el rechazo a investigar los estados financieros consolidados del Gobierno correspondientes a 2025, pese a las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR).
El órgano contralor concluyó que esos estados financieros no presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Gobierno ni los flujos de efectivo del ejercicio 2025, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y la normativa aplicable.
Ante el rechazo de la moción, la diputada del FA, Sigrid Segura, cuestionó la posición de sus compañeros de comisión y la calificó como una “red de cuido”. La oposición pretendía abrir una investigación que permitiera llamar a comparecer a autoridades de la CGR, al exministro de Hacienda Rudolf Lücke y a funcionarios de Tributación y Contabilidad Nacional.
La discusión no se limitó a las finanzas públicas. En esa misma sesión, la comisión también impidió que el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, rindiera cuentas ante los diputados por los recortes presupuestarios aplicados a la Fundación Parque La Libertad. La propuesta contemplaba llamar, además, a los funcionarios del ministerio responsables de asignar y fiscalizar los recursos, así como a representantes de la fundación.
El ajuste a la fundación para 2026 representó una reducción del 9,5% en el presupuesto de la organización. En agosto pasado, la fundación advirtió que el recorte afectaría directamente sus programas de formación y capacitación dirigidos a jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores.
La misma comisión también rechazó investigar el contrato por más de $70 millones que el INA otorgó a Open English y Racsa para desarrollar Hello Brete, un programa virtual de aprendizaje del inglés. La propuesta de investigación buscaba esclarecer los criterios técnicos y financieros utilizados para la contratación.
A esos casos se suman otros asuntos que tampoco consiguieron el respaldo necesario para avanzar: las decisiones presupuestarias relacionadas con los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai), así como el crédito otorgado por el Banco Nacional a empresas vinculadas con Boris Marchegiani, financista del PPSO y posteriormente nombrado embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Para Daniel Calvo, especialista en política legislativa, ese comportamiento no resulta inesperado. La mayoría oficialista en la Comisión de Ingreso y Gasto Público anticipaba que las mociones de investigación difícilmente conseguirían prosperar.
El caso del extraditable Guobin Tam Zhang también dejó en evidencia las diferencias sobre el alcance que debía tener la fiscalización legislativa. A Tam Zhang se le señaló de un supuesto financiamiento al PPSO durante la campaña electoral. Sin embargo, el oficialismo se opuso a investigar específicamente ese caso y, en su lugar, promovió una comisión para analizar el financiamiento de todos los partidos políticos en las campañas de 2022 y 2026, incluidos posibles vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Más allá de las diferencias sobre el objeto de cada investigación, Calvo considera que estos episodios reflejan un cambio en la relación entre los poderes de la República y los órganos encargados de fiscalizarlos.
“Algo que me parece que ha quedado en evidencia es que el Poder Ejecutivo es el que hace control político sobre la Asamblea Legislativa, sobre el Poder Judicial, sobre los órganos auxiliares, sobre la Contraloría y en la Defensoría. En el comportamiento histórico generalmente las labores de control político recaían en la Asamblea Legislativa hacia los otros poderes”, comentó.
El dominio de las comisiones no es la única vía por la que se manifiestan las tensiones entre las bancadas. En el Plenario también permanece pendiente la aprobación de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, un nombramiento que requiere una mayoría calificada y para el cual el oficialismo no ha facilitado los votos necesarios.
Ante la falta de una resolución legislativa, el 30 de julio la Sala Constitucional acogió, mediante una sentencia aprobada por cuatro votos contra tres, un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa. En su resolución dispuso prorrogar provisionalmente los nombramientos de los antiguos suplentes para atender asuntos urgentes y evitar que el tribunal quedara paralizado.
El Financiero consultó a Gonzalo Ramírez, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, sobre las razones detrás del rechazo de investigaciones contra funcionarios del Gobierno y si la comisión evitará impulsar pesquisas contra miembros de la Administración. Ramírez aseguró que la comisión no está para proteger funcionarios ni para perseguirlos.
“La mayoría de las mociones presentadas por la oposición se refieren a asuntos que ya están judicializados, y otras han sido rechazadas por problemas de técnica legislativa. Si revisan las actas de la comisión, cada moción rechazada tiene su propia justificación. Aquí no se protege a nadie; se ejerce la fiscalización con responsabilidad y criterio”, indicó Ramírez.
El costo político de cerrar espacios
El efecto de estas decisiones podría ir más allá de las investigaciones que no llegan a concretarse. La acumulación de diferencias entre chavismo y oposición amenaza con trasladarse a otros asuntos en los que el Gobierno sí necesita construir acuerdos para conseguir respaldo legislativo.
Kattia Benavides, especialista en política legislativa, considera que la limitada apertura del oficialismo para investigar actuaciones de funcionarios y decisiones gubernamentales puede debilitar las negociaciones que forman parte del funcionamiento habitual del Congreso.
“En una democracia, especialmente la parlamentaria, la oposición tiene derecho a cuestionar, a negociar, a objetar y a votar en contra de las iniciativas de gobierno y viceversa. El problema aparece cuando estas diferencias políticas terminan impidiendo sistemáticamente la toma de decisión o cuando los mecanismos institucionales se utilizan para evitar que las instituciones cumplan sus funciones”, explicó Benavides.
La relación entre el oficialismo y las bancadas opositoras tiene una particularidad matemática que obliga a mantener abiertos los canales de negociación. El bloque opositor no reúne por sí solo los 29 votos necesarios para aprobar proyectos de mayoría simple, mientras que el oficialismo tampoco alcanza los 38 votos requeridos para impulsar reformas constitucionales, como la reelección presidencial consecutiva que defiende.
En ese escenario, la capacidad de una bancada para imponer sus posiciones en determinados espacios no significa que pueda prescindir permanentemente de las demás. Las decisiones que hoy toma el oficialismo frente a las iniciativas de fiscalización podrían influir en la disposición de la oposición para respaldar proyectos de interés gubernamental.
No obstante, es importante distinguir entre una negativa política y un bloqueo institucional. Que una bancada decida no apoyar un proyecto de ley forma parte de las reglas democráticas y de la dinámica propia del Parlamento. Otra cosa es utilizar su peso en los órganos legislativos para impedir que se examinen actuaciones de la Administración Pública o que las instituciones cumplan sus funciones de fiscalización.
Ramírez manifestó que espera que las distintas fracciones legislativas tengan la madurez política para separar sus diferencias en materia de control político de las decisiones legislativas que requiere el país.
“Las negociaciones legislativas no pueden funcionar bajo una lógica de represalias. Los proyectos de ley se discuten y se votan por su contenido, por sus beneficios para el país y por la capacidad de construir acuerdos”, mencionó el legislador oficialista.
Las investigaciones sí pueden tener consecuencias
Aunque las comisiones legislativas no tienen potestad para dictar condenas judiciales ni imponer sanciones penales, sus investigaciones tampoco se limitan a producir informes sin efectos prácticos.
Las recomendaciones y conclusiones del Congreso pueden tener repercusiones políticas, administrativas e institucionales, incluso cuando no son vinculantes.
Benavides y Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR), señalaron que las investigaciones legislativas han tenido consecuencias sobre funcionarios involucrados en casos de presunto tráfico de influencias y otras actuaciones cuestionadas.
Un antecedente es el caso del Cementazo, en 2017, relacionado con créditos públicos y gestiones para facilitar la importación de cemento chino por parte del empresario Juan Carlos Bolaños. La comisión legislativa que investigó el caso identificó posibles responsabilidades políticas y recomendó investigaciones, despidos e inhabilitaciones.
Entre las consecuencias institucionales estuvo la votación de los entonces diputados para destituir al magistrado de la Sala III Celso Gamboa, a solicitud de la Corte Plena. La decisión se produjo después de un procedimiento disciplinario que determinó que el funcionario se había interesado indebidamente en asuntos judiciales relacionados con Bolaños.
Otro antecedente es el caso Diamante, una investigación sobre presuntos sobornos entre empresas constructoras y funcionarios municipales para favorecer contratos de obra pública. Durante ese proceso, la entonces diputada del Frente Amplio Sofía Guillén propuso solicitar a la Contraloría sanciones, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, contra funcionarios identificados en la investigación, entre ellos alcaldes.
Benavides recordó que el caso también impulsó la aprobación de una reforma al Código Municipal que modificó las reglas de reelección de las autoridades locales. La reforma estableció que quienes acumularan al menos dos períodos consecutivos debían dejar el cargo al finalizar el mandato 2020-2024 y esperar ocho años para volver a postularse a un puesto municipal de elección popular. Además, estableció un límite de dos períodos consecutivos para los alcaldes.
La ausencia de investigaciones legislativas, por tanto, no supone únicamente que algunos funcionarios dejen de comparecer ante los diputados. También reduce las posibilidades de que los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos y las decisiones de la Administración se conviertan en recomendaciones, responsabilidades políticas o cambios institucionales.
