Con menos de tres años en la Presidencia de la República, Rodrigo Chaves acumula 60 investigaciones abiertas en el Ministerio Público. De ellas, sin embargo, siete ya tienen solicitud de desestimación y nueve se acumularon a expedientes que ya estaban activos, porque trataban cuestiones similares. En otras palabras, hablamos de 44 casos activos.
Entre la lista de presuntos delitos por los cuales se investiga al presidente hay una gran variedad. Tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de deberes son los más comunes; aunque también hay expedientes por supuestos nombramientos ilegales, delitos electorales, fraude de ley y a la Hacienda Pública y abuso de autoridad, entre otros.
La mayoría de los expedientes están en etapa de investigación; es decir, en búsqueda de pruebas para determinar si se debe continuar con las pesquisas o si no existen suficientes indicios para ello; aunque, por una de las causas en concreto, incluso ya se realizaron allanamientos en instituciones públicas, el 18 de septiembre pasado.
Se trata del expediente 22-000049-0033-PE, en la cual se investiga al mandatario —junto con otros funcionarios y exfuncionarios públicos— por la suspensión de los permisos de funcionamiento de Parque Viva, sin aparente sustento técnico previo y tratándose de ese inmueble de un medio de financiamiento indirecto para los medios del conglomerado Grupo Nación, propietario de diarios como La Nación, La Teja y El Financiero.
Las 60 causas
17 de las causas abiertas en contra del presidente datan de 2022, 29 de 2023 y 14 de este 2024. Sin embargo, seis de las del primer año ya tienen solicitud de desestimación por parte de la Fiscalía, al igual que una de las del segundo año.
Algunas de las causas activas se relacionan con casos mediáticamente conocidos como el cierre de Parque Viva, la presunta estructura paralela de financiamiento en la campaña electoral de 2022, las aparentes irregularidades en contrataciones de servicios de escaneo por parte de Racsa y las supuestas acciones para perjudicar a personas como la diputada socialcristiana Vanessa Castro de Paul o el empresario Leonel Baruch, por citar algunos casos.
En cambio, algunas otras se relacionan con denuncias que han pasado desapercibidas o que se han conocido más tarde. Por ejemplo, la que dio a conocer el diario La Teja, el 4 de septiembre pasado, por un supuesto caso de lavado de dinero relacionado con la compra de su vivienda y de varios relojes de lujo que, más tarde, el mandatario calificó como una acusación “absurda”, “estúpida” e “infundada”, y una forma de sus adversarios de amedrentarlo por la vía judicial.
La acumulación de causas judiciales en contra de los presidentes en funciones es algo usual, porque están sometidos a mayores niveles de escrutinio público, aunque Chaves acumula más que sus predecesores.
En lo que va de este siglo, solo por citar algunos ejemplos, se investigó a los expresidentes Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado por casos como la promoción de la minería en Crucitas, la trocha fronteriza, el ‘cementazo’ y la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), respectivamente. Además, otros expresidentes como Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez incluso fueron detenidos por las autoridades por los casos CCSS-Fischel e ICE-Alcatel, aunque luego de abandonar sus cargos.
Enfrentamiento
A pesar de que las investigaciones sobre las acciones de los mandatarios son usuales, el presidente Chaves mantiene una relación tensa con las autoridades, que se ha recrudecido en las últimas semanas.
Recientemente, el mandatario arremetió contra el Ministerio Público, luego de que las autoridades judiciales realizaron allanamientos los días 18 y el 23 de septiembre, relacionados con el caso ya mencionado de Parque Viva y con una presunta contratación con sobreprecios por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aunque en ese caso no está imputado el mandatario.
Chaves acusó a las autoridades judiciales de actuar en favor de élites, aunque sin mencionar cuáles. El presidente incluso acusó de “politización” a los órganos de justicia del país y al fiscal general Carlo Díaz, de actuar por “capricho torpe” suyo y de “quienes lo manejan”: palabras que utilizó el 25 de septiembre, durante su habitual acto de divulgación de informaciones que televisa la Presidencia de la República.
Aquel día, Presidencia dedicó una “edición especial” de ese evento para responder por los allanamientos relacionados con el caso de la Caja, así como a la detención de varias de autoridades de esa institución, incluida la presidente Marta Esquivel (quien goza de la confianza del mandatario).
Ante esas “erradas declaraciones”, el fiscal general Díaz publicó una respuesta oficial. En ella criticó a Chaves por exponer el nombre del juez implicado en el caso de la Caja y lo catalogó como una presión indebida. Además, afirmó que las autoridades no dejarán de hacer su trabajo, apegadas a la ley, “sin distingo alguno” y “sin dejarse amedrentar por nadie”.
