La imagen de expresidente hondureño Juan Orlando Hernández detenido es un nuevo golpe para pobre y violenta Honduras, pero también para el resto de Centroamérica. La región enfrenta las consecuencias de una institucionalidad débil y de sus niveles de pobreza y desigualdad, que abren espacio para la influencia de capitales ilícitos.
El mundo puso de nuevo sus ojos sobre Centroamérica este 15 de febrero. Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández por presuntos actos de narcotráfico y, solo minutos después de girada la orden de captura correspondiente, el expresidente resultó detenido. El hasta hace pocas semanas mandatario hondureño salió de su casa esposado, rodeado de policías, cubierto por una gorra y una mascarilla, y con un chaleco antibalas encima.
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Los escándalos que involucran a presidentes son una constante en Centroamérica y un lastre del que la región no logra desprenderse. Sin embargo, este es el primer caso que involucra directamente a un mandatario con acusaciones concretas de conspiración para el beneficio de traficantes.
Una región endeble
El epicentro de este caso de infiltración política del narcotráfico es Honduras. Hablamos de un país que no solo es de los más pobres y violentos del mundo, sino que además destaca por la debilidad de sus instituciones.
Honduras ocupó el puesto número 126 en la última medición del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Esta es una organización internacional sin fines de lucro que, entre otros objetivos, valora el nivel de cumplimiento de la ley y la fortaleza institucional de 139 países del mundo, con base en encuestas a la población y cuestionarios a expertos locales en justicia.
La medición la explican principalmente sus bajos niveles de restricción al poder del gobierno y al pobre estado de su justicia criminal.
Según la abogada y analista internacional Nuria Marín, este es un escenario apto para, y posiblemente exacerbado por, la corrupción y la inmersión de actividades ilícitas.
“Un principio fundamental de las democracias modernas liberales son los frenos y contrapesos (...) el problema de muchos de los países de la región es que presidentes llegan a infiltrar los otros poderes, y esa infiltración permite que los poderes electorales o judiciales sean complacientes y no una barrera de protección de los derechos de la ciudadanía, que llame a cuentas a cualquier persona que infrinja el ordenamiento jurídico. Esto es lo que ha pasado y el narcotráfico es muy poderoso, tiene mucho dinero, que se combina con jerarcas políticos corruptos”, apuntó.
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Sin embargo, la posición de Honduras no es la peor entre los países de Centroamérica en el Índice de Estado de Derecho. Nicaragua está en la lista de peores diez naciones evaluadas (131), y la situación no es mucho mejor más hacia el norte. Guatemala y El Salvador apenas se ubicaron en los puestos 109 y 95, muy por debajo de lo deseable.
El ranking del WJP mide elementos como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, los mecanismos de gobierno abierto y la garantía de derechos fundamentales. También cuantifica índices en mantenimiento del orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, el estado de la justicia civil y el de la justicia penal.
En el mismo ranking, Costa Rica se ubicó en el puesto 31 del mundo y Panamá, apenas por debajo de la primera mita del listado, en el 71.
Una receta replicable
El caso de Hernández llama a encender las alarmas en el resto de la región. A fin de cuentas, la receta para la penetración del narcotráfico es replicable en otras naciones y se compone casi siempre de factores muy parecidos, según comentó en entrevista con EF el comunicador y analista internacional Eduardo Ulibarri.
El caso de Honduras evidencia un el debilitamiento estructural de instituciones clave, como los tribunales de justicia y electorales; una excesiva influencia política en los entes antes mencionados; y el abandono estatal de regiones que luego resultan más fácilmente dominables por grupos de crimen organizado.
“Uno reúne todo esto y le añade otros elementos centrales, como son la impunidad y la falta de escrúpulos de Juan Orlando Hernández, y el resultado es lo que estamos viendo: un hecho muy lamentable”, puntualizó el exembajador de Costa Rica en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Costa Rica posee una estructura institucional más sólida que el resto de Centroamérica y la penetración del narcotráfico ha sido menos fuerte que en el Triángulo Norte centroamericano; sin embargo, no se trata de una situación que no pueda variar con el tiempo.
La desigualdad entre el desarrollo de la región central y la regiones periféricas es un punto clave que ya alienta mayores ramificaciones del narcotráfico en Costa Rica; aunque la situación sigue siendo distinta, por la tenencia de instituciones más sólidas.
Marín señaló que otro factor de peso es fortalecer a las autoridades en lugar de alentar la crítica estéril; mientras que Ulibarri añadió la importancia de que las autoridades reaccionen de la manera más fuerte posible con los casos esporádicos que detecten. “Ya vemos que si ese freno no ocurre puede pasar que cada vez la penetración del narcotráfico sea más profunda y estructural en ámbitos estructurales de nuestra vida política, policial, judicial y hasta social, principalmente en zonas marginales”, señaló.
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Recientemente el diario La Nación publicó sobre visitas al Congreso de personas que luego fueron detenidas por narcotráfico, y una investigación judicial examina el eventual ligamen de un grupo delictivo con las autoridades de la Municipalidad de Corredores, en la Zona Sur. Esto enciende señales de alerta, pero también podría considerarse como una señal de que los controles judiciales y civiles operan adecuadamente, aunque pueden y deben fortalecerse, según los analistas.
Una advertencia
Ante la debilidad institucional de la mayoría de países de la región, la solicitud de extradición del expresidente hondureño Hernández (todavía por resolver en los estrados hondureños) es un mensaje por parte de Estados Unidos para la región.
Estados Unidos acusa al expresidente de facilitar el tráfico de unas 500 toneladas de cocaína durante el mismo período de ocho años en el que fue presidente (2014-2022). Además, sospecha que habría utilizado ganancias de esos actos para financiar su carrera política.
La potencia norteamericana ha puesto el foco de su relación con Centroamérica en atender los problemas migratorios y de narcotráfico, principalmente en los países que se ubican en el norte del istmo. En ese marco, la pretensión de castigar al expresidente hondureño Hernández se ajusta a esa retórica.
Estados Unidos incluso anunció que invertirá $4.000 millones en el área para detener ambas problemáticas (narcotráfico y migración). Según ha reconocido, se correlacionan en la medida en que peores condiciones en los países de origen implican un mayor deseo de movilización de personas.
En ese proceso, Honduras puede ser una clave para el trabajo estadounidense, recordó Marín. Recientemente la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris participó en la toma de posesión de la nueva presidenta hondureña, Xiomara Rodríguez, un hecho que la prensa extranjera calificó como un acto en busca de un aliado más en la zona.
Según Marín, el panorama apunta aun fortalecimiento de la relación estadounidense con Honduras y a una oportunidad para Costa Rica, “en la medida en que logre posicionarse, a pesar de sus casos aislados de narcotráfico, como un cooperante en términos de buenas prácticas democráticas”.
EE.UU. ya condenó al hermano del expresidente y exdiputado, Tony Hernández, a cadena perpetua en una corte de Nueva York en 2021. En ese proceso judicial, precisamente, surgieron las declaraciones que luego incriminaron al exmandatario, como el presunto hecho de que habría recibido millones de dólares en sobornos a cambio de protección para narcotraficantes y sus actividades, incluidas las del mexicano Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.
