Escuchar
La fiscala general de la República, Emilia Navas, dejará su cargo a partir del miércoles 25 de agosto para acogerse a su jubilación desde esa fecha, según informó este viernes mediante un comunicado de prensa.
Sin embargo, desde el 13 de julio y hasta el 24 de agosto Navas tomará un periodo de vacaciones, por lo que, técnicamente, su último día de labores al frente del Ministerio Público será el lunes 12 de julio.
El anuncia de la salida de Navas llega tras varios días en los que se le ha cuestionado su decisión de apartarse de la investigación del caso “Cochinilla”, pues su esposo funge como defensor de una de las las empresas involucradas.
La fiscala acudió el pasado lunes 21 de junio ante la Corte Plena en donde se debatió, por más de nueve horas, si Navas actuó correctamente o cometió alguna falta al no informar a la Corte de sus inhibitorias planteadas en diversos procesos judiciales.
Además de su inhibición en el caso “Cochinilla”, la funcionaria se apartó de siete casos más desde que asumió su puesto en marzo del 2018, principalmente por la misma razón del trabajo de su esposo, pero también por relación familiar o laboral con los denunciados.
Desde que se conoció su retiro de la investogación, diversos sectores han solicitado la renuncia de Navas, entre ellos diputados y sindicatos.
Por esta razón, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, juramentó al fiscal subrogante ad hoc Miguel Ramírez López como encargado del caso “Cochinilla”.
Contraloría separa a gerente
Una consecuencia más del caso “Cochinilla” es la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de separar de sus funciones al gerente de la División de Contratación Administrativa (DCA), Allan Ugalde, quien figura como investigado en el caso de presunta corrupción.
Según informó el diario La Nación, el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía manejan la hipótesis de que la División de Contratación Administrativa del ente contralor habría aconsejado “sutilmente” a la constructora Meco sobre cómo asegurar la obtención de un contrato.
LEA MÁS: Opacidad y gestiones deficientes: un lastre costoso para la infraestructura pública
Las pesquisas giran en torno a la adjudicación del contrato para construir el paso a desnivel de las Garantías Sociales, en Zapote, por un monto de $17,6 millones.
Este es uno de los motivos por los cuales Ugalde figura como uno de los investigados en el expediente judicial.
