Cada cambio de gobierno en Costa Rica supone una de las transiciones institucionales más observadas por la ciudadanía. La jornada reúne actos cívicos, relevos administrativos y ajustes en el funcionamiento del aparato público.
El Gobierno de Costa Rica decretó asueto nacional para el sector público el próximo 8 de mayo de 2026, día en que se realizará la ceremonia oficial de traspaso de poderes. La medida fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45.680-MGP, firmado por el presidente Rodrigo Chaves Robles.
La disposición aplica a todas las oficinas y dependencias del Estado, incluyendo ministerios, instituciones autónomas, empresas públicas y municipalidades. El objetivo es facilitar la asistencia o el seguimiento ciudadano del acto cívico que marca el inicio de una nueva administración.
“Este es uno de los actos más poderosos de nuestra democracia: el momento en que el poder cambia de manos de forma pacífica, ordenada y transparente”, señala el comunicado divulgado por Casa Presidencial.
El documento establece excepciones para los servicios esenciales, definidos como aquellas labores que no pueden interrumpirse sin afectar derechos fundamentales o la seguridad pública.
Entre ellas se incluyen:
- Atención médica de urgencias y hospitalización, a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
- Operaciones de seguridad ciudadana y control fronterizo, bajo el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Guardacostas.
- Gestión de emergencias y rescates, coordinada por el Sistema Nacional de Emergencias (911) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
- Servicios de tránsito y control vial, administrados por la Policía de Tránsito.
También quedarán activos los servicios de energía, agua potable y telecomunicaciones, a través de entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), aunque es posible una reducción de la capacidad de atención a los usuarios.
Estas instituciones deberán mantener personal disponible para garantizar la continuidad de operaciones críticas en los distintos sectores del país.
El sector privado no está comprendido dentro del decreto, por lo que cada empresa decidirá si otorga el día libre a sus trabajadores conforme a sus políticas internas o convenios laborales.
La declaratoria rige únicamente para el viernes 8 de mayo y no afectará los días hábiles subsiguientes.
Con esta disposición, el Ejecutivo establece el marco operativo para las actividades administrativas y cívicas asociadas al traspaso de mando, un procedimiento que se realiza cada cuatro años conforme al calendario constitucional.
