La compra de 40 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos colocó bajo escrutinio a SGSV, una empresa costarricense que participa en distintos negocios con instituciones públicas. Las investigaciones de La Nación y CRHoy han examinado cómo se adjudicó ese contrato, por qué se recurrió a un procedimiento de urgencia y qué relación tienen dos personas vinculadas con la compañía con la compra de bonos de la campaña de Laura Fernández.
El caso tiene varios frentes. La Fiscalía investiga la contratación de las ambulancias; la Contraloría recibió una denuncia sobre el procedimiento, y el Tribunal Supremo de Elecciones examina el origen de los recursos utilizados por los compradores de bonos.
La compra que puso el caso en el foco
Según reportó La Nación, Bomberos adjudicó el 28 de setiembre de 2026 la compra de 40 ambulancias al consorcio SGSV–Bem Estar Hospitalar. En esa alianza, SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. es la sociedad costarricense y Bem Estar Hospitalar, el fabricante brasileño. CRHoy reportó un precio de aproximadamente $13,88 millones, equivalente a unos ₡6.500 millones.
La institución utilizó un procedimiento de urgencia, previsto en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública. El punto central del cuestionamiento periodístico es cómo justificó ese mecanismo y por qué invitó únicamente al consorcio adjudicatario a presentar una oferta formal, aunque previamente había recibido cotizaciones de otras dos empresas para el estudio de mercado.
CRHoy informó que Cotisa cotizó aproximadamente $11,5 millones y AutoStar, $13,7 millones. Bomberos defendió la selección por el plazo de entrega: esas compañías indicaron 240 días, mientras que SGSV–Bem Estar ofreció 100 días después de la aprobación del prototipo. La diferencia entre los precios y los tiempos ofrecidos se convirtió así en uno de los ejes de la discusión.
Las cotizaciones del estudio de mercado no equivalen, sin embargo, a ofertas presentadas dentro del procedimiento. La pregunta que plantean las publicaciones es por qué la Administración optó por invitar a un solo proveedor y si las razones invocadas justificaban esa decisión.
La explicación de Bomberos y el papel de la Presidencia
El director de Bomberos, Héctor Chaves, ha defendido que la institución necesitaba ampliar su capacidad de atención prehospitalaria. En conferencia de prensa, señaló que hay zonas con cobertura insuficiente y dificultades para trasladar pacientes rescatados en accidentes y otras emergencias. La expectativa institucional era poner las nuevas unidades en operación entre febrero y marzo de 2027.
La Nación, por su parte, publicó que un informe de recomendación de la Proveeduría, fechado el 25 de setiembre, mencionó una instrucción de la presidenta Laura Fernández y un acuerdo del Consejo Sectorial de Salud del Estado, del 31 de julio, como parte del fundamento para fortalecer ese servicio y tramitar la compra por urgencia.
Fernández se defiende diciendo que no participó en la selección del proveedor o en los mecanismos de contratación. Héctor Chaves también sostuvo que la mandataria no intervino en la figura utilizada para adquirir las ambulancias.
Sobre el origen del contacto con el fabricante, el director de Bomberos declaró a La Nación que ocurrió durante un congreso de bomberos en Panamá en 2025. Según su explicación, allí conocieron ambulancias suministradas por Bem Estar a ese país; posteriormente, la empresa conformó el consorcio con SGSV para participar en Costa Rica. Héctor Chaves defendió que la experiencia técnica debía valorarse a partir del fabricante, no únicamente de su representante nacional.
SGSV, por su parte, sostiene que no promovió, escogió ni influyó en el procedimiento utilizado por Bomberos y que participó por invitación de la Administración. La empresa rechaza haber cometido irregularidades en esa contratación.
El plazo que inclinó la selección
La ventaja de entrega ofrecida por el consorcio requiere una precisión: los 100 días no se contarían desde la adjudicación, sino después de que Bomberos aprobara la primera ambulancia, utilizada como modelo para las restantes 39 unidades.
CRHoy informó que el proveedor solicitó 15 días naturales adicionales para presentar ese prototipo. Bomberos reconoció que inicialmente había pedido vehículos rojos sin especificar el código Pantone de su flotilla; también hubo modificaciones en la rotulación. La inspección de la primera unidad quedó programada para el 19 y 20 de noviembre en Brasil.
Ese ajuste es relevante porque el plazo fue uno de los argumentos utilizados para seleccionar al consorcio. Lo que queda por establecer es cómo afecta el cambio al cronograma y a la ventaja que la institución atribuyó a esa oferta.
Los compradores de bonos vinculados con la empresa
La Nación reveló que dos personas relacionadas con SGSV compraron bonos de la campaña presidencial del Partido Pueblo Soberano. Cristian Rodríguez Villalobos adquirió ₡43 millones y Hermmoth Rothe Paniagua, ₡9 millones: en conjunto, ₡52 millones.
Rodríguez fue identificado en documentación citada por La Nación como representante legal de SGSV y director regional de ventas. Rothe figura como fiscal de la sociedad. Ambos aparecen en comunicaciones relacionadas con la cotización de las ambulancias.
Rothe explicó al periódico que compró los bonos porque los consideró una inversión con un rendimiento del 15%. Según esa publicación, Rodríguez no respondió las consultas. El Tribunal Supremo de Elecciones investiga la solvencia económica de ambos y el origen de los recursos empleados en esas adquisiciones.
Los otros negocios públicos de SGSV
La cobertura de ambos medios amplió el foco hacia contratos y procedimientos en los que SGSV participa sola o mediante consorcios. No todos tienen la misma modalidad ni el mismo estado: hay licitaciones, procedimientos especiales y un proceso que, al momento de las publicaciones consultadas, aún no estaba adjudicado.
Tobilleras electrónicas
SGSV integra con Racsa y Synergye el Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica. La Nación informó que el concurso se originó en una licitación pública internacional de 2022 y que el servicio comenzó a ejecutarse en noviembre de 2024.
El diario también documentó un reclamo por más de $1,3 millones y solicitudes de aumento de tarifas sustentadas en un supuesto desequilibrio económico del contrato. En su publicación del 6 de noviembre indicó que no constaba en Sicop una resolución sobre esa gestión. Se trata, por tanto, de un reclamo del contratista, no de una suma cuyo pago pueda darse por aprobado con base en esa información.
Vigilancia marítima y radares
La Nación reportó una adjudicación del MOPT por aproximadamente ₡576,4 millones al consorcio SGSV–Prodar para el alquiler de equipos de la Estación de Tráfico Marítimo de Moín, mediante licitación mayor.
Por separado, CRHoy informó que el Ministerio de Seguridad Pública adjudicó a SGSV nueve líneas de radares marinos por aproximadamente ₡157,7 millones, también dentro de una licitación mayor.
Detección de fugas de agua
Ambos medios describieron una adjudicación del AyA por aproximadamente ₡40,9 millones, tramitada mediante un procedimiento especial. La Nación identificó la participación del consorcio SGSV–Origin Tech Ltd.
Equipos para el ICE
Ambos medios también informaron sobre la participación de un consorcio de PBS y SGSV en un procedimiento excepcional del ICE para adquirir terminales Huawei destinadas a servicios de fibra óptica.
El antecedente del marchamo digital
Otra línea de investigación publicada por La Nación se refiere a un concurso del INS para el marchamo digital. La expresidenta ejecutiva de la institución, Mónica Araya, declaró ante la Fiscalía que recibió presiones del entonces presidente Rodrigo Chaves para adjudicar al consorcio E-Pass, integrado por SGSV y otras dos empresas.
Según el testimonio recogido por el periódico, el INS declaró desierto el concurso el 8 de mayo de 2024.
La Nación informó que consultó a Chaves sin recibir respuesta al cierre de aquella publicación. También reprodujo una contestación del comunicador del representante empresarial, quien dijo desconocer el asunto y que consultaría a Igor de Oliveira.
En qué punto están las investigaciones
CRHoy informó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió de oficio una causa el 2 de noviembre por la compra de ambulancias. La Nación identificó el presunto delito investigado como influencia contra la Hacienda Pública.
El 9 de noviembre, CRHoy reportó que la Contraloría también investiga la contratación tras recibir una denuncia ciudadana. En paralelo, el TSE examina los recursos utilizados por los dos compradores de bonos vinculados con SGSV.
El asunto llegó además a la Asamblea Legislativa. Una moción de Claudia Dobles para investigar los contratos de la empresa obtuvo 23 votos a favor y 29 en contra el 9 de noviembre. El rechazo de esa propuesta no cerró los expedientes de las otras instituciones.
Las preguntas pendientes se concentran en la justificación de la urgencia, la invitación a un único oferente formal, la comparación de precios y plazos, y cualquier eventual relación entre las decisiones de contratación y el financiamiento electoral. Hasta ahora, las publicaciones han trazado esas conexiones y recogido las explicaciones de los involucrados; establecer si hubo actuaciones sancionables corresponde a las autoridades que examinan cada frente del caso.
