Conseguir agua en Costa Rica dejó de ser un mero trámite. Uno de cada cuatro proyectos que solicita disponibilidad hídrica termina siendo rechazado: una señal de cómo el crecimiento urbano, turístico e inmobiliario empieza a chocar con un sistema incapaz de llevar agua a las zonas donde más se urbaniza.
La presión se siente en el Gran Área Metropolitana (GAM), donde algunos acueductos operan con déficit, y también en polos turísticos como Guanacaste o el Pacífico Central, donde el clima seco y el crecimiento inmobiliario elevan las presiones.
Mientras tanto, el país pierde más de la mitad del agua potable que produce por fugas, conexiones ilegales y problemas de medición; y las interrupciones del servicio aumentan, sobre todo en regiones con infraestructura deteriorada.
El problema ya no es únicamente ambiental. El agua empieza a convertirse en un límite para el crecimiento económico. “Hay zonas donde efectivamente los sistemas ya no permiten emitir nuevas disponibilidades”, reconoció la presidenta del AyA, Lourdes Suárez, quien asegura que la institución trabaja en incorporar nuevos caudales.
Sin garantía hídrica
La disponibilidad de agua potable se ha convertido en una de las principales barreras para nuevos desarrollos inmobiliarios, turísticos y comerciales.
Según el último Informe de disponibilidad del servicio de agua potable en Costa Rica, elaborado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), hasta un 22,9% de las solicitudes de disponibilidad de agua son rechazadas por Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
La situación es más crítica en proyectos ligados al crecimiento urbano. Los rechazos suben hasta un 52,4% en condominios, hasta un 61,3% en residenciales y hasta un 34,3% en hoteles y proyectos similares.
El estudio se elaboró en 2023, con datos del 2022, y los datos agregados no lograron incorporar a las asociaciones administradoras de acueductos comunales (Asadas), de las cuales depende un 30% de la población. La Aresep solo pudo contactar a un tercio de ellas.
Los rechazos ya representan un problema fundamental para la actividad económica, según resumió la directora de Proyectos de Investigación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Mónica Castillo. “Sin agua, no se construye”, subrayó.
El CFIA cita casos como el de un edificio residencial en Barrio Escalante paralizado desde 2025 por falta de capacidad del sistema de Tres Ríos, que abastece la zona.
Falta infraestructura
Costa Rica no solo enfrenta problemas de disponibilidad de agua, también arrastra un rezago histórico en infraestructura para captar, almacenar y distribuir el recurso.
Consultada por EF, la presidenta del AyA aseguró que el problema responde a “un mix" entre disponibilidad e infraestructura, especialmente en las zonas donde el crecimiento urbano avanzó más rápido que la capacidad del sistema.
Más de la mitad del agua potable que se produce en Costa Rica se pierde antes de llegar a los usuarios, producto de fugas, conexiones ilegales o problemas de medición. Según el AyA, el agua no facturada ronda el 53%, aunque la institución busca reducirla por debajo del 20% antes de 2028 mediante modernización de redes y sectorización.
Para el CFIA, ese dato es un “claro síntoma de ineficiencia operativa” y responde a décadas de rezago en inversión hídrica. Los acueductos, señaló Castillo, “no crecieron al ritmo de la urbanización”.
Ante ese panorama, el país impulsa proyectos que buscan ampliar la capacidad en las regiones más presionadas, como la Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM) y la iniciativa de Agua para la Bajura y Comunidades Costeras (Paacume).
El PAAM agregaría 2.500 litros por segundo al Valle Central y Paacume llevaría agua potable a más de medio millón de personas en Guanacaste. Ambos permitirían habilitar nuevas disponibilidades, pero entrarían en operación hasta el 2030. Mientras tanto, el Instituto apuesta por la perforación de nuevos pozos como principal alternativa.
El rezago hídrico también se agrava por la fragmentación del sistema entre operadores nacionales, regionales y comunales, lo cual dificulta la planificación, la fiscalización y la inversión. Según Aresep, solo un tercio de las Asadas consultadas en el 2023 consideraba tener los recursos suficientes para proyectos de demanda futura necesarios.
Zonas tensionadas
Las mayores restricciones de disponibilidad de agua se observan, justamente, en los principales polos económicos y urbanos del país. El rechazo de solicitudes alcanza el 30% en la GAM, y en cantones como Aserrí, Moravia, Goicoechea y Tibás el registro es mucho mayor.
Según el CFIA, la GAM es el principal foco de estrés hídrico del país, con sistemas como los de Tres Ríos y Guadalupe, donde se registran déficits superiores a 50 litros por segundo entre la producción y la demanda requeridas.
Algo similar pasa en las regiones costeras con atractivo turístico e inmobiliario.
Castillo recordó que cantones como Santa Cruz y Carrillo, en Guanacaste, han pasado por moratorias temporales para nuevas urbanizaciones por falta de agua, a pesar de “medidas extraordinarias” como el acueducto de Nimboyores; mientras que en el Pacífico Central y Sur, los proyectos turísticos e inmobiliarios se enfrentan a fuentes locales escasas, lo cual obliga a traer agua de otras cuencas o posponer planes constructivos.

Interrupciones y presión
La presión sobre el sistema no solo limita el crecimiento futuro. También afecta a las comunidades actuales.
El Programa Estado de la Nación (PEN) reportó en su último informe sobre la situación del país que hubo 6.973 interrupciones en los sistemas de acueductos fuera de la GAM en el 2024, un 11,1% más que en el año anterior.
Esas suspensiones afectaron principalmente a regiones con infraestructuras más deterioradas.
El CFIA también advierte retrocesos “modestos”, pero documentados en la continuidad y la cobertura del servicio en algunas comunidades por el colapso de algunos sistemas o las condiciones climáticas.
Según el PEN, el 84,2% del agua extraída se concentró en ocho cuencas, una señal de presión creciente ligada a urbanización, agricultura e industria.
Estas tensiones han obligado a desarrolladores a perforar pozos privados, usar cisternas y comprar tanques de almacenamiento; lo cual implica costos elevados e incertidumbre que se traslada a empresas y consumidores.

Más presión por delante
La situación podría agravarse en los próximos años. El calentamiento global hace menos predecible la gestión del agua y el fenómeno de El Niño amenaza con reducir sensiblemente las lluvias este año, entre otros riesgos naturales.
El PEN advierte que Costa Rica enfrentará cambios importantes en sus niveles de precipitación, temperatura y aridez, lo cual reduciría la capacidad de recarga hídrica.
La presidenta del AyA reconoce preocupación por cuestiones como la intensidad prevista del fenómeno de El Niño para este 2026. Según dijo, la institución ha acelerado la perforación de pozos y se ha preparado para enfrentar escenarios de mayor presión de los que ya observa.
La entidad ya estima que la demanda de agua ha aumentado en los últimos meses entre un 10% y un 20% respecto a niveles normales por la extensión de la época seca y las altas temperaturas, motivo por el cual aboga por un manejo más responsable de parte de los usuarios.
Según el CFIA, el AyA ha aplicado reformas en los últimos años para atender los problemas más inmediatos, pero el país todavía arrastra fallas históricas. En ese sentido, opinó Castillo, “reducir drásticamente las pérdidas de agua, modernizar los acueductos y reforzar la coordinación institucional son medidas impostergables”.
Costa Rica todavía no enfrenta escasez generalizada de agua. El reto, sin embargo, parece estar en la gestión de las demandas crecientes, las infraestructuras insuficientes y los riesgos ambientales.
