EscucharMientras explicaba por qué el Ministerio Público ha tenido que mover fiscales de una oficina a otra para cubrir las necesidades más urgentes, el fiscal general Carlo Díaz terminó sintetizando su diagnóstico sobre las dificultades que enfrenta la institución para perseguir el crimen organizado y la corrupción: “lo que estamos es administrando pobreza”, señaló.
Esa frase la pronunció durante una audiencia con los diputados de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico, este 24 de junio, en la cual expuso cinco grandes limitaciones que, a su juicio, condicionan la capacidad operativa del Ministerio Público para investigar y desarticular estructuras criminales cada vez más complejas.
El déficit de fiscales, la falta de especialistas para rastrear el dinero, las carencias tecnológicas, los problemas con la gestión de los bienes decomisados y los recursos presupuestarios sin girar por parte del Gobierno de la República fueron ejes centrales en las palabras del jerarca judicial.
Los cinco problemas
— Déficit de fiscales
Costa Rica dispone de solo 144 fiscales, 493 fiscales auxiliares y 40 fiscales adjuntos, lo cual fue calificado por Díaz como “una cantidad bastante reducida”.
En conjunto, ese personal se encarga de los 260.000 casos que ingresaron solo en el año 2025.
Según el fiscal general, la cantidad de fiscales resulta insuficiente tanto frente a parámetros internacionales como en comparación con otros países de la región que tienen poblaciones similares.
En Costa Rica hay ocho fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras que la referencia de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia es un promedio de 12 como mínimo. Además, dijo Díaz, el país actualmente tiene “prácticamente la mitad de los fiscales” que Panamá o El Salvador, a pesar de que ambos tienen poblaciones de 4,6 y 6,4 millones de personas, respectivamente.
Según las estimaciones del Departamento de Planificación de la Fiscalía, Costa Rica necesitaría al menos unos 100 fiscales adicionales para cerrar esas brechas. Hoy, afirma el jerarca, a la institución se le dificulta seguirle el ritmo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD), cuyas investigaciones siempre terminan en alguna de las fiscalías.
Díaz también explicó que faltan jueces para atender los casos en la jurisdicción especial creada para crimen organizado. Actualmente solo existen tres tribunales conformados, dijo, y eso provoca que sean pocos los procesos que se pueden llevar por esa vía todos los años. Los juicios relacionados con delincuencia organizada suelen extenderse por varios meses o más de un año.
— El rastro del dinero
La falta de fiscales, además, se agudiza en materia de lavado de dinero.
Según explicó el jerarca del Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales apenas dispone de seis fiscales para atender todos los casos del país y también escasean los peritos contables que el OIJ necesita para que las investigaciones relacionadas con estructuras criminales avancen más rápidamente.
Esta limitación provoca que haya expedientes prácticamente listos para acusación penal, pero que terminen en pausa mientras se realiza el seguimiento del dinero.
Resolver ese rezago es crucial, explicó Díaz, pues solo así se logra impedir que las organizaciones sigan financiándose, además de detener a sus cabecillas. Ese objetivo es particularmente importante en casos de narcotráfico y de corrupción, en los cuales se pretende evitar que las personas “disfruten de los bienes” por cuenta propia o de terceros.
— Limitaciones tecnológicas
El fiscal general también explicó que existen limitaciones relevantes en materia tecnológica para procesar evidencia digital: la apertura de teléfonos celulares, el análisis de dispositivos electrónicos y otros peritajes especializados requieren personal y equipos que actualmente resultan insuficientes.
Las limitaciones descritas por Díaz coinciden con una preocupación que los fiscales especializados en corrupción han planteado en los últimos años. La mayoría de los casos complejos implican la incautación de decenas o centenas de dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, relojes inteligentes y computadoras; sin embargo, la capacidad para analizarlos sigue siendo limitada y el país aún no cuenta con un laboratorio forense capaz de procesar ese volumen.
Los equipos necesarios para estas tareas son caros y, al mismo tiempo, los presupuestos judiciales se han mantenido relativamente estancados desde 2018.
— Problemas con decomisos
Díaz señaló que existen problemas con la gestión de los bienes decomisados al crimen organizado.
Según afirmó, en ocasiones la Fiscalía incauta vehículos u otros activos que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) no siempre recibe, porque no los considera suficientemente valiosos.
Esa situación implica que el Poder Judicial tenga que asumir gastos o, incluso, replantearse si conviene incautarlos, pese a que puedan seguir siendo utilizados con fines delictivos.
Díaz además reprochó que el Ministerio Público dejó de recibir recursos provenientes de decomisos, tras la aprobación de recientes modificaciones legales que trasladaron esos fondos a la caja única del Estado. También comentó sobre una devolución que ofrecieron las autoridades estadounidenses que no pudo ser canalizada directamente a la institución y finalmente no pudo ser aprovechada.
— Presupuestos no girados
El fiscal general también lamentó que el Poder Ejecutivo no haya girado los aumentos presupuestarios aprobados por los diputados en la administración anterior, que habrían permitido elevar la disponibilidad de fiscales y personal necesario.
La anterior conformación de la Asamblea Legislativa dio una autorización de gasto por casi ¢9.000 millones para financiar 176 nuevas plazas en el OIJ y 99 adicionales en el Ministerio Público; sin embargo, el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves se negó a girar los recursos.
Hoy, ya como ministro de Hacienda de Laura Fernández, Chaves anuncia que impulsará un recorte adicional del 5% en el presupuesto de todos los órganos constitucionales, con el fin de atender las crecientes presiones fiscales; lo cual implicaría un recorte de ¢27.000 millones para el Poder Judicial.
Cuestionada por el presupuesto de ese organismo, la presidenta Laura Fernández ha dicho que sus autoridades podrían replantearse sus prioridades de gasto. Además, ha criticado que actualmente aplican una escala de salarios desproporcionada en puestos operativos frente a las de otros actores como el Poder Ejecutivo.
Propuestas
Díaz también mencionó algunos cambios normativos que, considera, permitirían agilizar la persecución del crimen organizado.
Entre ellos, destacó reformas al Código Procesal Penal para limitar algunos recursos procesales que hoy retrasan las investigaciones complejas. Por ejemplo, citó las apelaciones por actividades procesales defectuosas, que pueden multiplicarse cuando intervienen numerosos abogados defensores y retrasan por meses los expedientes.
Asimismorespaldó proyectos dirigidos a fortalecer la persecución patrimonial del crimen organizado; entre ellos, la inmovilización temprana de los bienes vinculados con organizaciones criminales para evitar su ocultamiento.
Sin embargo, el jerarca insistió en que, antes que nuevas leyes, se requieren los medios para aplicarlas. “Para obtener resultados un poco más rápido”, subrayó, “lo que priorizaría es la facilitación de recursos”.
