EscucharLa decisión de Laura Fernández de revisar la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico introduce una pausa política en un proceso técnicamente avanzado, pero todavía incompleto. El país concluyó en mayo de 2026 la negociación sustantiva para incorporarse al bloque; no obstante, aún falta la firma, la aprobación legislativa y el depósito del instrumento.
La diferencia importa. Costa Rica no es todavía integrante del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), pero sí llega a este punto después de casi cuatro años de gestiones, rondas técnicas y definición de condiciones de ingreso. La revisión anunciada por la presidenta puede entenderse como una apertura para atender preocupaciones productivas acumuladas, especialmente en el agro. También plantea preguntas sobre el margen real que conserva el país para modificar lo negociado y sobre las señales que envía a sus socios comerciales.
Un acuerdo sin aval final
El 24 de septiembre, Fernández afirmó que el Acuerdo Transpacífico “no ha sido avalado por mi persona” y que tampoco ha sido remitido a la Asamblea Legislativa. Añadió que no había revisado el borrador del instrumento y anunció una evaluación con sectores productivos antes de tomar una decisión.
La declaración no equivale, al menos por ahora, a un retiro de la aspiración costarricense de ingresar al CPTPP. La presidenta no anunció el desistimiento del proceso de adhesión ni una decisión de no firmar el protocolo. Lo que hizo fue subrayar que la conclusión técnica de las negociaciones no sustituye la decisión política del Gobierno ni la aprobación legislativa requerida para que el acuerdo entre en vigencia en Costa Rica.
El Ejecutivo anunció que consultará a los sectores productivos y analizará los beneficios y efectos de la adhesión antes de adoptar una decisión. Esa discusión tiene relevancia, pues concentra la atención en una de las principales objeciones al tratado: la posibilidad de que algunos sectores enfrenten una competencia más intensa sin contar con condiciones equivalentes de productividad, financiamiento, infraestructura o escala.
Sin embargo, la revisión llega después de que el proceso de incorporación alcanzó un hito decisivo. En mayo, Comex comunicó junto con los países del bloque la conclusión sustantiva de la negociación costarricense. La etapa posterior consistía en consolidar y revisar jurídicamente el Protocolo de Adhesión, firmarlo y enviarlo a la Asamblea Legislativa.
¿Qué está en juego?
El CPTPP reúne a Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. Para Comex, se trata de un bloque con cerca de 600 millones de consumidores y una participación aproximada de 15% del PIB mundial y 18% del comercio mundial de bienes.
El incentivo principal para Costa Rica no es simplemente añadir otro tratado a una red ya extensa. La posible adhesión abriría un marco preferencial con seis países asiáticos y del Pacífico con los cuales el país no tiene acuerdos comerciales vigentes: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Vietnam y Brunéi. Con Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur ya existen instrumentos comerciales, aunque el CPTPP incorporaría un marco común más amplio.
Además de la apertura arancelaria, el acuerdo incluye reglas sobre inversión, comercio de servicios, telecomunicaciones, servicios financieros, compras públicas, comercio electrónico, empresas estatales, propiedad intelectual y pequeñas y medianas empresas. Es decir, la discusión no se agota en qué bienes agrícolas o industriales entrarían al país con menores aranceles; también abarca las reglas bajo las cuales las empresas costarricenses podrían competir, vender servicios o integrarse a cadenas de proveeduría en esos mercados.
Para una economía que ha apostado por la diversificación exportadora, el bloque ofrece una ruta para profundizar vínculos con Asia-Pacífico. Estados Unidos es, con amplitud, el principal destino de las exportaciones costarricenses de bienes, por lo que ampliar destinos puede disminuir riesgos de dependencia.
No obstante, la promesa de diversificación no elimina los costos distributivos. La pregunta de política comercial es qué sectores ganan acceso a mercados, cuáles enfrentan mayor presión competitiva dentro del país y si el Estado dispone de instrumentos suficientes para acompañar ajustes productivos.
El agro exige una discusión distinta
La oposición más visible proviene del sector agropecuario. La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) ha cuestionado la incorporación, al señalar riesgos para productores que competirían con empresas de mayor escala, más capitalizadas o respaldadas por políticas públicas distintas.
El desacuerdo no se limita al resultado. También incluye la forma en que se desarrolló la consulta. Comex sostiene que abrió espacios de diálogo con sectores productivos durante el proceso, mientras organizaciones agrícolas cuestionan el alcance efectivo de esas consultas.
Esa diferencia es relevante para la revisión que plantea la Presidencia. Si el diálogo anunciado se limita a explicar nuevamente el acuerdo, difícilmente modificará la percepción de los sectores críticos. Para que tenga efectos políticos y económicos, debería traducirse en información concreta sobre las listas de desgravación, los plazos, los productos sensibles, las reglas de origen, los contingentes —si los hubiera— y las medidas internas que podrían respaldar la reconversión, productividad o defensa comercial.
En un acuerdo de esta naturaleza, las preocupaciones de sectores agrícolas no se resuelven con una afirmación genérica sobre oportunidades exportadoras. Requieren una evaluación producto por producto y cadena por cadena: costos de producción, acceso a insumos, escala, capacidades logísticas, competencia importada y posibilidades reales de colocar bienes costarricenses en mercados distantes.
Poco margen para renegociar
El punto más delicado es que Costa Rica no negoció un tratado bilateral que pueda modificar por sí sola en la fase final. El país busca adherirse a un acuerdo ya vigente, con reglas y compromisos adoptados por sus 12 miembros.
Eso significa que una eventual pretensión de cambiar condiciones ya acordadas dependería de la disposición de las demás partes. Revisar internamente el expediente es legítimo, pero reabrir formalmente aspectos cerrados requeriría el consentimiento de los miembros del CPTPP.
La distinción entre revisar y renegociar será central. La Presidencia puede examinar el texto, consultar sectores y decidir si firma o no el protocolo. Pero una revisión que implique pedir cambios sustantivos a las condiciones de acceso o a compromisos ya pactados podría extender el proceso, enfrentar resistencias de los socios y poner a prueba la previsibilidad de Costa Rica como negociador comercial.
El propio plan de trabajo de Comex-Procomer para 2026 contemplaba que, una vez finalizado el proceso de incorporación, el acuerdo se firmaría y se enviaría a la Asamblea Legislativa para los trámites correspondientes. Después de la aprobación interna, corresponde depositar el instrumento de adhesión para que el tratado entre en vigor para Costa Rica.
La secuencia deja una conclusión clara: la revisión presidencial ocurre antes de que Costa Rica asuma jurídicamente las obligaciones del CPTPP, pero después de que el país y sus potenciales socios alcanzaran un entendimiento sustantivo.
Una decisión de política económica
La interrogante que debe resolver el Gobierno es si el balance general del acuerdo justifica la adhesión y, de ser así, bajo cuáles mecanismos internos se atenderían los costos de transición. El instrumento comercial, por sí solo, no corrige brechas de competitividad nacional relacionadas con costos financieros, infraestructura, trámites, logística, tipo de cambio o acceso a tecnología.
La ruta que adopte Fernández tendrá efectos más allá del CPTPP. Si firma el protocolo y lo envía al Congreso, el debate pasará a la Asamblea Legislativa, donde deberán transparentarse sus compromisos, beneficios esperados y sectores más expuestos. Si decide no avanzar, Costa Rica dejará en suspenso una estrategia de inserción en Asia-Pacífico trabajada desde 2022.
El desafío inmediato consiste en evitar dos extremos: aprobar un acuerdo sin explicar de forma verificable sus efectos distributivos o descartarlo sin evaluar el costo de renunciar a una plataforma comercial que reúne algunas de las economías más dinámicas del Pacífico. La revisión anunciada puede ser útil si produce esa evidencia. Si se convierte solo en una pausa política posterior al cierre técnico, aumentará la incertidumbre sin resolver el fondo del debate.
