La negociación del Acuerdo Transpacífico (CPTPP) alcanzó su cierre sustantivo, pero el respaldo político de la presidenta Laura Fernández sigue en duda.
Mientras la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, defiende la transparencia del proceso y sostiene que las condiciones no se renegociarán, la presidenta cuestiona el diálogo con los sectores productivos y todavía no decide si autorizará la firma.
Esa diferencia precede a otro obstáculo: el acuerdo tampoco tiene asegurada su aprobación legislativa.
Mientras Presidencia cuestiona cómo se llegó al acuerdo, Comex defiende el procedimiento y las condiciones obtenidas.
Un cierre técnico, una decisión pendiente
Costa Rica y los miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) anunciaron en mayo la conclusión sustantiva de las negociaciones de adhesión. Después debían completarse el protocolo de incorporación y su revisión legal, antes de la firma y del trámite legislativo.
La distancia entre ese avance y la decisión presidencial se hizo explícita en setiembre, cuando Fernández manifestó que no había revisado el borrador ni avalado el ingreso.
El 9 de octubre, después de reunirse durante casi siete horas con sectores productivos, mantuvo pendiente la autorización y ordenó ampliar el diálogo. Cuestionó la falta de cercanía de Comex con los productores durante la administración anterior y hasta habló de “opacidad”.
Indiana Trejos defendió el proceso ante los diputados el 13 de octubre. Afirmó que hubo 156 consultas con sectores y sostuvo que la negociación fue seria y transparente. Cuando le preguntaron por el contraste con las palabras de Fernández, respondió: “es la apreciación de ella”. La actual ministra fue viceministra durante la administración anterior y defiende una negociación en cuya conducción participó.
El nuevo diálogo enfrenta un límite señalado por Trejos: las condiciones negociadas no se renegocian. Bajo esa posición, las conversaciones servirían para aclarar compromisos, identificar dificultades o diseñar medidas de acompañamiento, pero no para modificar unilateralmente lo pactado.
La controversia sobre papa y cebolla ofreció una expresión concreta de la distancia entre la explicación oficial y la interpretación de los productores. Trejos habló de exclusiones para ambos productos, mientras la Corporación Hortícola cuestionó esa caracterización y señaló la existencia de contingentes preferenciales.
La discusión condiciona, además, las medidas de acompañamiento. Para responder a los sectores afectados, el Ejecutivo necesita establecer primero qué exposición tendrán. En la comparecencia legislativa del 13 de octubre no se precisaron montos ni programas específicos de apoyo, pese a las consultas de diputados.
Las dudas presidenciales tienen antecedentes
La vacilación ante una iniciativa comercial avanzada no es nueva en Costa Rica, aunque no se registra un antecedente idéntico, con firma pendiente y una discrepancia pública semejante entre Presidencia y Comex.
Abel Pacheco (2002-2006) demoró el envío del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a la Asamblea y recurrió a una Comisión de Notables para evaluarlo. El acuerdo se había firmado en 2004 y llegó al Congreso en octubre de 2005. El caso muestra que una negociación concluida no garantiza el impulso presidencial inmediato. La diferencia es que aquel freno ocurrió después de la firma.
Luis Guillermo Solís (2014-2018) mantuvo en suspenso la incorporación a la Alianza del Pacífico y promovió una evaluación de costos y beneficios de una iniciativa impulsada por el gobierno anterior. Aquel proceso no estaba, sin embargo, en la misma etapa que el protocolo de adhesión al Transpacífico.
La particularidad del proceso actual está en combinar una negociación sustantivamente cerrada, una presidenta que aún evalúa la firma y un ministerio que defiende públicamente el procedimiento cuestionado por ella.
La firma no resuelve los votos
Laura Fernández ha situado entre el 23 y el 27 de noviembre la decisión sobre la firma. Si autoriza avanzar, todavía quedará pendiente la batalla legislativa.
El Partido Liberación Nacional (PLN) ya ha expresado su rechazo y el Frente Amplio (FA) tampoco respalda la incorporación. Pero en realidad ni siquiera está claro el apoyo de los 31 diputados oficialistas: el 8 de octubre, Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), indicó que la bancada decidirá cuando el Gobierno firme y remita el acuerdo.
Para la aprobación del Acuerdo Transpacífico existen dos criterios en discusión sobre los votos necesarios. Sectores opositores señalan que se requieren 38 votos, ya que argumentan que el tratado transfiere o compromete elementos de soberanía nacional y resolución de conflictos internacionales. Otras interpretaciones y análisis apuntan a que bastaría con la mitad más uno de los votos presentes (29 votos, si están los 57 diputados), de forma similar a otros acuerdos comerciales ordinarios. El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa no se ha pronunciado sobre la materia precisamente porque el texto no ha sido enviado para su trámite.
Si el proceso requiere 38 votos, la aritmética resultaría adversa. El PLN y el FA reúnen 24 escaños; todos los demás diputados juntos sumarían como máximo 33. Incluso con su bancada completa, el Gobierno necesitaría siete votos adicionales de fracciones opositoras. Si el PLN y el FA mantienen unido su rechazo, no alcanzaría la aprobación.
Si bastara una mayoría simple, los 31 diputados oficialistas podrían aprobar el texto sin apoyo opositor, siempre que votaran unidos.
El riesgo político excede, entonces, la decisión de firmar. El Ejecutivo puede desgastarse defendiendo una negociación que todavía no respalda de forma unificada, sin construir la mayoría legislativa para aprobarla.
Las próximas conversaciones deberán aclarar si Fernández acepta el resultado y si existe una ruta legislativa para convertirlo en una adhesión efectiva. De lo contrario, el desgaste podría desembocar en un acuerdo firmado, pero sin los votos para prosperar.
