EscucharEl partido Unidos Podemos (UP), fundado por Natalia Díaz en el 2018, fue la sorpresa de las elecciones municipales de 2024, donde obtuvo 9 alcaldías. Para los comicios presidenciales y legislativos del 2026, la agrupación política recurrió a los bonos de deuda política para financiar sus gastos proselitistas, pero no podrán cobrar la contribución estatal. Conozca la cantidad de certificados de cesión, y su respectivo valor, que emitieron en las elecciones de 2026.
De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el certificado de cesión –conocido popularmente como bono de deuda política– es un mecanismo de financiamiento con recursos privados, el cual permite a las agrupaciones políticas ceder por adelantado su posible derecho a la deuda que entregaría el Estado solo si logran al menos el 4% de los votos o un diputado.
La valoración de ventajas y desventajas ante la compra de certificados de cesión depende del incentivo del inversionista al realizar el desembolso; hay personas que los adquieren por su afinidad partidaria, mientras que otros lo hacen en búsqueda de un retorno financiero.
El TSE ha señalado que la adquisición de bonos de deuda política no constituye un derecho puro y simple, sino que es uno eventual. La devolución de los fondos y sus respectivas ganancias depende de los resultados electorales y del proceso de revisión de la liquidación de gastos del partido.
En este caso, no habrá devolución por medio de fondos estatales, porque no se cumplió con los umbrales requeridos para que el partido tuviese derecho a la contribución estatal.
Estos certificados solo pueden ser comprados por ciudadanos costarricenses o naturalizados, medios de comunicación y bancos. El TSE autoriza la emisión y sus montos, los partidos los colocan entre los interesados con descuentos que ellos definen. En el caso del UP, sus bonos fueron vendidos con un descuento del 15%.
Según el informe que brindó la tesorería del partido al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 21 personas compraron 91 bonos de ₡1 millón cada uno.
La agrupación política que tuvo como candidata a la presidencia a su fundadora, Natalia Díaz Quintana, apenas logró el 0,86% de votos válidos en la papeleta presidencial y no obtuvo ningún diputado.
Al no superar los umbrales antes mencionados, su partido no tiene acceso a la contribución estatal, por lo que el dinero que gastaron los financistas en los certificados de cesión no será devuelto por medio de la deuda política, que para estas elecciones era de ₡39.000 millones que se repartirán entre los partidos que cumplieron los requisitos.
Díaz Quintana formó parte del gobierno de Rodrigo Chaves, de mayo de 2022 a junio de 2024 ocupó el Ministerio de la Presidencia.
Esos vínculos con el movimiento “chavista” también salpicaron a nivel municipal. Tres de los nueve alcaldes electos por Unidos Podemos se desvincularon de su agrupación política para sumarse a la campaña de Laura Fernández, quien se autodeclaró como la candidata del continuismo del gobierno de Chaves.
“No obligo a nadie a estar donde no quiere estar. Respeto las decisiones personales de cada funcionario electo. En política, como en la vida, cada quien decide dónde quiere estar y con quién caminar”, señaló la candidata en declaraciones al periódico La Nación.
La persona que compró más bonos de UP, según lo reportado al TSE, fue Banny Hermann Feinzilber, quien compró certificados con un valor superior a los ₡29 millones.
Cada agrupación política maneja su administración de fondos de manera distinta, pero, al ser los certificados de cesión un derecho eventual, la legislación vigente no obliga a ninguna organización a pagarle a tenedores de bonos cuando no se logran los resultados electorales para cobrar la deuda política. Es decir, no es imperativo que realicen una gestión de cobro con los financistas en caso de que no tengan acceso a la deuda política.
A continuación, se presenta la lista completa de los 21 compradores de bonos de Unidos Podemos que no podrán cobrar al Estado por no cumplir los requisitos de los resultados electorales necesarios para acceder a ese derecho:
Banny Hermann Feinzilber: ₡29.000.000
Jorge Ernesto Ocampo Sánchez: ₡6.000.000
Jorge Díaz Salazar: ₡6.000.000
Freddy Enrico Morera Blanco: ₡5.000.000
Edgar Oviedo Blanco: ₡5.000.000
Javier Vargas Arce: ₡5.000.000
César Esteban Hernández Garita: ₡5.000.000
Pedro Guillermo Toledo Quirós: ₡4.000.000
Merilyn Cristina Carmona Alvarado: ₡4.000.000
Sandra María Quirós Quesada: ₡3.000.000
Karla Lucía Retana Cordero: ₡3.000.000
Carlyn Yesenia Ugalde Guevara: ₡2.000.000
José Alfredo Campos Salas: ₡2.000.000
Joel Alfonso Fernández Fonseca: ₡2.000.000
Laura Patricia Cerdas Rodríguez: ₡2.000.000
Katerine Calvo Lobo: ₡2.000.000
Celia Pastrana Gutiérrez: ₡2.000.000
Otto Manuel Arroyo Quesada: ₡1.000.000
Luisiana Sandra Toledo Quirós: ₡1.000.000
Luis Carlos León Corrales: ₡1.000.000
José Gerardo Mata Solís: ₡1.000.000
