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En la actualidad, en Costa Rica la exploración y explotación petrolera se encuentra vetada hasta 2050 por medio de un decreto presidencial.
En febrero del 2019, por medio del Decreto Ejecutivo 41.578, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, extendió hasta el año 2050 la moratoria a la exploración petrolera. Esta es una nueva prórroga cuyo origen data de la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006). Al vencerse este decreto original, la presidenta de ese entonces, Laura Chinchilla, renovó la prohibición hasta 2014. Luego, la administración Solís Rivera (2014-2018) firmó un nuevo decreto extendiendo la moratoria hasta el 15 de setiembre de 2021.
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Dado que un decreto puede ser revocado por cualquier mandatario en el futuro, el Poder Ejecutivo impulsa en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley llamado Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el expediente 20.641, que pretende prohibir la exploración y explotación petrolera y de gas natural; además de otras atrocidades.
Según la ministra de la Presidencia, con el proyecto de ley se busca que el Poder Ejecutivo “cumpla los compromisos país en la descarbonización y la mitigación del cambio climático”. Sin embargo, no veo como la aprobación de este proyecto de ley contribuiría a dichos objetivos.
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Costa Rica ni el resto del mundo consumirán menos petróleo al aprobarse dicho proyecto de ley. Ergo, es mentira que la aprobación del proyecto de ley contribuirá a la descarbonización y a evitar el cambio climático producto de la reducción de emisión de gases que producen el efecto invernadero. Por el contrario, la huella ecológica podría disminuir si el petróleo se extrajera localmente porque los costos de transporte se verían reducidos.
Tampoco tiene sentido prohibir la exploración de petróleo o gas natural argumentando que el consumo de petróleo mundial se acabará en pocos años. Según el informe World Oil Outlook 2045, publicado en el 2020 por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las estimaciones para la demanda de petróleo y gas pasarán de representar 54,6% de toda la demanda de energía en el mundo a 52,8% para el año 2045. Es decir, la explotación y exploración de petróleo y gas seguirá siendo una industria importante en el mundo durante muchas décadas más.
Costa Rica se vería beneficiada en todo sentido si se levantara la moratoria para la exploración petrolera y de gas natural y su eventual explotación. Los beneficios serían: inversión extranjera directa, creación de fuentes de empleo, y millonarios ingresos para el fisco por impuestos recaudados en caso de producirse petróleo o gas natural.
Sin inversión, no es posible generar nueva riqueza ni que crezca la producción. Para disminuir el desempleo se requiere que la inversión crezca más que la oferta de trabajo. Cuando el gobierno obstaculiza la inversión extranjera directa por mero capricho, se reduce la oferta de divisas y con ello se promueve una mayor depreciación del colón (moneda local), respecto al dólar de Estados Unidos.
Dado que la prohibición de la exploración y explotación del petróleo y gas no contribuirían a mejorar la huella ecológica, la única razón para apoyar dicho proyecto de ley debe ser ideológica. Yo no entiendo esta actitud en contra del emprendedor de algunos políticos socialistas que raya en la perversidad u odio, sea persiguiendo a un conductor de Uber, al emprendedor que ofrece hospedaje por medio de Airbnb, a un importador de ropa americana, o alguien grande como una transnacional petrolera. Esta actitud solo conduce a la miseria y, eventualmente, a la tiranía.
Los horrores del proyecto de ley no terminan ahí. Dicho proyecto crea, en la práctica, dos nuevos impuestos. El primero para financiar a Recope con el fin de que incurra en la investigación, producción y comercialización de energías renovables y limpias. El otro es un canon que se crea en favor del ministerio del Ambiente y Energía.
No solo el Poder Ejecutivo cree que Recope debe transformarse en una entidad encargada del desarrollo de energías alternativas y limpias. El candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, también apoya dicha nefasta transformación.
¿Acaso no hemos aprendido que las empresas públicas han fracasado en todo el mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad? ¿No le basta al Poder Ejecutivo, al PAC y a José María Figueres que haya caído el muro de Berlín como ejemplo contundente fracaso del Estado empresario? ¿Por qué estos políticos insisten en negar el fracaso de la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa) y el estado empresario en Costa Rica? ¿Acaso estos políticos socialistas desconocen los informes del Banco Mundial sobre el Estado empresario que concluyen que este es ineficiente? ¿Acaso no han estudiado los principios de la Economía y lo que enseña el public choice que el Estado es ineficiente e ineficaz per se?
Como bien decía el economista Milton Friedman: “Los grandes avances de la civilización, sean en arquitectura o pintura, en ciencia o literatura, en la industria o la agricultura, nunca han llegado de un gobierno centralizado”. Es decir, el desarrollo de energías renovables y limpias nunca vendrán del burócrata, ni del Acuerdo de París, ni de Recope, ni de la planificación política, ni de ninguna entidad pública.
Si el gobierno estuviera verdaderamente interesado en promover la descarbonización y en mejorar la huella ecológica, pues que empiece por lo básico: reforestando y limpiando ríos. Dado que este proyecto de ley no contribuye a la reducción del consumo de petróleo, el verdadero motivo del Poder Ejecutivo debe ser otro, a saber, el ejercicio del poder por el poder mismo.
Hace poco un artículo en El Financiero mencionaba como Costa Rica ha perdido 23 posiciones en el Índice de Libertad Económica durante los dos gobiernos del PAC. Pues bien, con la aprobación de dicho proyecto de ley, Costa Rica empeoraría su posición. El proyecto de ley parece inspirado en el fascista Benito Mussolini quien decía: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.
Lo que procede con Recope es romper el monopolio que posee. Lo que procede el levantar el decreto que impide la explotación y exploración de petróleo y gas natural. Lo que procede en Costa Rica es enterrar estos proyectos de ley de corte socialistas y abrir los mercados a la inversión privada y a la libre competencia.
