A principios de diciembre del 2019, el ministro de Salud declaró: “…queremos que si alguien se enferma gravemente que no le vayan a decir que no hay campo en ningún hospital. Si queremos tener una Navidad feliz, tenemos que ganárnosla”.
Según el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el pasado 19 de diciembre cuatro pacientes se quedaron en espera de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por estar todas ocupadas.
El pasado 23 de diciembre, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció nuevas restricciones a la libertad de tránsito y de comercio con el objetivo de aplanar la curva de contagio.
Para salvaguardar la salud pública, no es necesario limitar las libertades individuales ni diseminar miedo en la población. Baste con aumentar la capacidad de los hospitales e invertir en UCI. Es más inteligente invertir para aumentar la capacidad de los centros médicos, antes que recurrir al confinamiento.
El 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud adviertió al mundo sobre el COVID-19. El Poder Ejecutivo ha tenido tiempo de sobra para aumentar la oferta hospitalaria. Durante el 2020 el Poder Ejecutivo ha disparado el gasto público, pero no lo hizo en inversión hospitalaria. El Poder Ejecutivo compró trenes, pero no invirtió en aumentar la oferta hospitalaria para satisfacer la demanda de pacientes por COVID-19.
Cuando se destapó la pandemia, uno de los objetivos del confinamiento era ganar tiempo para invertir en hospitales, centros médicos y UCI. Pero el Poder Ejecutivo no lo hizo.
Recordemos que el confinamiento es consecuencia de la ineficiencia e incompetencia de nuestro sistema de salud y de quienes la manejan. Donde hay centros médicos robustos, no hay necesidad de confinamiento alguno. Donde hay suficiente inversión en centros médicos, es imposible que se le diga a un paciente que no hay campo para atenderlo.
Por tanto, si alguna persona llegase a morir porque no pudo ser atendido debido a la saturación de las UCI, la responsabilidad sobre su muerte debe recaer sobre el ministro de Salud, el presidente de la CCSS y el presidente de la República por su negligencia para proveer las UCI necesarias para atender a todos los pacientes que las necesiten.
Si el gobierno nos obliga a cotizar al seguro médico estatal, llamado la CCSS, es el deber de esta tener una capacidad instalada suficientemente grande para atender a todo paciente que lo necesite sin importar su enfermedad y sin importar si se cuidó o no. No es excusa rechazar a un paciente porque este no se cuidó.
Muchísimas enfermedades son el resultado del descuido de las personas, por ejemplo, las malas dietas y la falta de ejercicio. ¿Vamos a rechazar entonces a todos los pacientes que no se cuidaron porque no siguen una dieta vegana o porque no hacen ejercicio aeróbico intensivo al menos 30 minutos diarios?
El presupuesto de la CCSS es de alrededor del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). ¡10% del PIB! Si la CCSS administrara bien los recursos, esto es más que suficiente para tener una oferta hospitalaria donde no se justifican las vergonzosas listas de espera, donde no habría razón para el hacinamiento en los hospitales estatales y donde no habría necesidad de temer una saturación de nuestros sistemas de salud por ninguna enfermedad. El dinero alcanza, y hasta sobra, cuando el gobierno no se la roba.
Los ciudadanos somos libres. Por tanto, el gobierno no tiene derecho a tratarnos como esclavos bajo ningún pretexto, ni siquiera por motivos de salud. Porque somos libres, no es correcto que usemos la fuerza para obligar a nadie a hacer lo que nosotros consideramos apropiado. De igual manera, tampoco es correcto que el gobierno recurra a la fuerza de la ley para violentar nuestra libertad y obligarnos a hacer lo que el gobierno considere correcto para nosotros.
Esto aplica para las restricciones sanitarias donde el gobierno busca “protegernos”. Es responsabilidad de cada uno cuidarse, no del burócrata. Independientemente si las restricciones sanitarias sirven para mitigar la expansión de un virus, el gobierno no puede, cual si fuera un tirano, atropellar la libertad individual.
La tiranía es, precisamente, la restricción, limitación o anulación de nuestra libertad. La excusa de los tiranos siempre ha sido “el bien común”. Ya muchos reconocidos juristas han denunciado a lo largo de los últimos meses como las restricciones sanitarias violentan la Constitución Política. ¿Hasta cuándo vamos a continuar aceptando las violaciones al ejercicio de nuestra libertad?
No seamos como el siervo menguado que evade asumir la responsabilidad sobre su vida y delega las decisiones en un burócrata. No espere a que un burócrata le diga cuándo salir, cómo y cuándo abrir su local comercial, cómo asistir a misa, cómo reunirse en grupo, cómo jugar fútbol, cuándo usar un bozal, a quién puede saludar y cuándo puede rascarse. Sea responsable, no siervo menguado, y aprenda a decidir Ud mismo sobre su vida.
¡Que el Poder Ejecutivo invierta en UCI en vez de invertir en trenes (u otras tonteras) y levantemos ya todas las restricciones! ¡Volvamos a la normalidad y retomemos nuestras vidas!
