El pasado 8 de septiembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el informe “Resultados PISA 2025 (Volumen I)” que presenta resultados preocupantes para Costa Rica en materia educativa.
Según la descripción del informe, “el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) evalúa los conocimientos, las habilidades y las actitudes de la población estudiantil de 15 años. Las pruebas exploran en qué medida esta población puede resolver problemas complejos, pensar de manera crítica y comunicarse eficazmente. […] Esto proporciona información acerca de en qué medida los sistemas educativos están preparando a la población estudiantil para los desafíos de la vida real y el éxito en el futuro. Costa Rica participó por primera vez en PISA en 2010”.
Los resultados de Costa Rica, el promedio de la OCDE y las mejores calificaciones fueron los siguientes:
| Ciencias | Lectura | Matemática | |
|---|---|---|---|
| Costa Rica | 424 | 416 | 387 |
| Promedio OCDE (23 países) | 486 | 466 | 469 |
| Mejor calificación | 597 (China) | 535 (Singapur) | 612 (China) |
Uno de los principales problemas de la educación pública es que ofrece un modelo educativo uniforme para estudiantes con distintas capacidades, intereses y vocaciones. Esta uniformidad limita el desarrollo de talentos específicos, porque se requiere bajar los estándares de calidad con el fin de que la mayoría de los estudiantes aprueben las materias. Es decir, la uniformidad en la educación pública obliga a ajustar el nivel de exigencia y calidad al de los estudiantes menos destacados; caso contrario, la mayoría reprobaría.
No es suficiente cambiar ministros ni cambiar los contenidos educativos que elabora el ministerio de Educación. La reforma debe ser mucho más profunda.
¿Cómo podemos mejorar la calidad de la educación sin exigir más recursos al pagador de impuestos? ¿Qué nos puede aportar la Economía para mejorar la educación?
La Economía nos dice que el problema esencial de nuestro sistema educativo radica en que sigue un modelo de planificación centralizada donde el ministerio de Educación es el que toma todas las decisiones relevantes con relación a la educación: años de estudio, materias que deben cubrirse, selección del contenido de las materias, metodologías de enseñanza y aprobación de profesores. Es decir, toda nuestra educación se rige bajo un modelo socialista donde todas las decisiones, por ende, están en manos de burócratas y no de la libre competencia.
La Economía nos enseña que, comparado con la intervención gubernamental, la libre competencia garantiza bienes y servicios de mejor calidad, a precios más bajos y con mejor distribución que los que pueda brindar la burocracia. La educación no constituye una excepción a este principio. Por tanto, la Economía concluye que, si queremos mejorar la educación, necesitamos alejarnos de un sistema administrado por burócratas y movernos hacia uno donde haya libre competencia como mecanismo regulador.
Para introducir competencia en el sistema educativo, prestemos atención a la propuesta hecha en 1955 por Milton Friedman, premio Nobel en Economía. En su ensayo “The Role of Government in Education”, Friedman propuso que el presupuesto del ministerio de Educación dejara de ser administrado por el ministerio. En vez, los recursos públicos destinados a educación serían transferidos a las familias mediante bonos educativos, canjeables en centros educativos, sean públicos o privados, permitiendo a los padres, no al burócrata, elegir la institución que consideraran más adecuada para sus hijos.
Los centros educativos públicos no dependerían del ministerio de Educación que bien podría cerrarse como ente rector. Cada centro educativo público tendría independencia administrativa y dejaría de recibir dinero directamente del gobierno. Su única fuente de ingreso serían los bonos educativos de los estudiantes matriculados. Un centro educativo público sin matrícula no tendría ingresos y no podría pagar salarios ni otros gastos. Sin embargo, los centros educativos que ofrezcan mejor calidad atraerán más estudiantes y, por ende, más ingresos. Con independencia administrativa, cada centro podrá contratar a los mejores profesores y pagarles mejor.
Con el sistema de bonos educativos, son los estudiantes (o sus padres), y no un burócrata del ministerio de Educación, quienes deciden dónde y cómo invertir los recursos públicos en educación. Además, la reforma debe eliminar la imposición del ministerio de Educación sobre años de estudio, materias a estudiar, su contenido e intervención en la selección de profesores. Cada centro educativo determinará libremente su oferta educativa, permitiendo a los padres elegir el mejor sistema de enseñanza para sus hijos.
En un sistema competitivo podrían surgir, por ejemplo, centros educativos especializados en estudiantes con altas capacidades en matemáticas, permitiéndoles avanzar a un ritmo más acelerado. Del mismo modo, podrían desarrollarse instituciones con una orientación preferente hacia áreas como las artes, la música o la literatura, complementadas con otros conocimientos fundamentales. Otros centros de enseñanza podrían incluir en su oferta académica ideología de género, pero si la propuesta no es atractiva para los padres de familia, no recibirá matricula alguna. El fin es que sea la libre competencia, y no el burócrata, el que determine la oferta curricular.
El objetivo de los bonos educativos es introducir competencia y con ello garantizar no solo una mejora en la calidad de la educación, sino también en incentivar un uso eficiente de los recursos. La historia nos ha enseñado que solo la competencia asegura calidad en bienes y servicios. Solo la libre competencia garantiza el uso eficiente de los recursos. Abandonemos la falsa creencia de que la calidad y la eficiencia se pueden alcanzar mediante leyes o decretos o desde el escritorio de un burócrata. La calidad y la eficiencia solo son producto de la iniciativa privada actuando en mercados libres.
Chile y Suecia han aplicado sistemas de bonos educativos con variantes respecto de la propuesta aquí descrita.
Decía James Buchanan, premio Nobel en Economía, que los gobernantes no son ángeles buscando el bien común. Los burócratas son seres humanos como cualquier otro cuya prioridad es su propio beneficio. Los burócratas tampoco son dioses omniscientes y, por tanto, nunca sabrán más que un mercado libre donde interactúan cientos de miles de personas simultáneamente.
Como decía Friedrich Hayek, premio Nobel en Economía, la educación es tan importante que es donde menos debe meter sus manos el burócrata y donde más deben operar las fuerzas del libre mercado.
Como sociedad, hemos cometido el grave error de subestimar los beneficios que la libre competencia aporta al desarrollo económico y social, incluyendo el ámbito educativo. La propuesta de competencia y bonos educativos merece una discusión seria en Costa Rica. Si realmente deseamos mejorar la calidad de la educación, debemos reducir y limitar la intervención burocrática y abrir paso a la competencia. Solo así lograremos elevar la calidad educativa y brindar mejores oportunidades a las futuras generaciones.
