Cómo evitar despidos masivos por COVID-19

Está claro que nuestra legislación laboral no tiene una repuesta efectiva para que las empresas más afectadas puedan resistir la crisis que estamos viviendo. Pero hay una alternativa para cambiar esta situación y evitar la destrucción de puestos de trabajo: permitir que de forma temporal se puedan reducir las jornadas ante la disminución de la actividad productiva.

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Si bien es un cambio importante, es menos drástico y tiene un menor impacto para el trabajador que las soluciones disponibles hasta el momento. Si un patrono no puede seguir pagando salarios completos y cargas sociales, en este momento solo tiene dos alternativas: a) tramitar la suspensión del contrato, o b) proceder con el despido, y en ambos casos el trabajador se queda completamente sin salario.

No se trata de utilizar la alerta sanitaria como excusa para abrir portillos que dejen a los trabajadores en condiciones precarias, pero es impostergable darles a las empresas opciones para que la medida que tomen no sea el despido masivo en el contexto económico actual.

Emergencia. La propuesta es que se puedan trabajar menos horas a la semana, y ajustar de manera proporcional el salario como una medida temporal y excepcional sujeta a límites claros que no permitan una aplicación desproporcionada, ni dependan exclusamente de la discreción patronal.

Opción intermedia. La reducción transitoria de la jornada evita dejar a los trabajadores sin ingreso económico y sin empleo. La gente va a mantener su puesto de trabajo, con el pago de salario, activos ante la seguridad social, y con derecho a regresar a las condiciones anteriores al vencimiento del plazo de la medida.

La medida. ¿Qué implica la reducción temporal de las jornadas?

El proyecto está en discusión estos días, pero la línea de la propuesta va en esta dirección:

• Que se permita de manera temporal disminuir hasta un 50% la jornada ordinaria semanal. En casos muy excepcionales podría ser un poco mayor el ajuste.
• Al reducir las horas de trabajo, se reduciría proporcionalmente el salario.
• Puede aplicar a toda la planilla o solo a una parte de los trabajadores.
• Solo se podría implementar en casos excepcionales de comprobada emergencia nacional.
• Se debe seguir un procedimiento de autorización ante el Ministerio de Trabajo.
• El patrono estaría en la obligación de demostrar una disminución en sus ingresos, y que ese hecho está directamente relacionado con la situación de emergencia.
• Si el trabajador no acepta podría solicitar el pago de la liquidación laboral.
• Al vencimiento del plazo se debe regresar al trabajador a las condiciones originales.
• En caso de abusos o aplicación injustificada de la medida, el patrono tendría que pagar una multa e indemnizaciones al trabajador.

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Que el derecho del trabajo tenga que ajustarse en época de turbulencia no significa que esté renunciando a su razón de ser; todo lo contrario, es deseable para evitar el desastre. Las discusiones sobre los cambios deben ser desapasionadas y teniendo presente que urge la repuesta.

Lo anterior también aplica para la propuesta recientemente planteada por el Gobierno para que la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social acuerde que las cargas sociales se calculen sobre el salario real devengado según las horas laboradas, aunque sea menor a la Base Mínima Contributiva.

La obligación de tener que pagar montos más altos por cargas obrero patronales porque la Junta Directiva fija un mínimo de contribución es una clara invitación a la informalidad, y más en época de crisis. La Caja no debe penalizar a los trabajadores ni a los patronos porque se pacten jornadas reducidas, y menos cuando es una medida que tiene como objetivo conservar el empleo.

Hay una opción para proteger el empleo en época de crisis para evitar que el ahogo económico acabe en despidos. Lo que se requiere es de la acción rápida y responsable de los diputados, y de la decisión firme del Ejecutivo para poner en marcha la medida. Si hay conciencia y voluntad, esto podría quedar listo en los próximos días.