EscucharTener acceso a una vivienda digna es una de las aspiraciones más legítimas de toda familia y un factor clave para el bienestar social, debido a sus múltiples beneficios. Una vivienda propia y en buenas condiciones brinda refugio, privacidad, seguridad y un ambiente adecuado para el desarrollo personal y la estabilidad emocional de la familia.
Es, además, en muchos casos, el más importante ahorro y la inversión más relevante; en otros, es el activo que da certidumbre frente a las crisis económicas, reduciendo así la vulnerabilidad social.
Su trascendencia es reconocida por el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el numeral 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por el artículo 65 de nuestra Constitución Política, el cual dispone que “el Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador”.
No es de extrañar, entonces, que Costa Rica haya contado desde hace muchas décadas con diversos programas que fomentan la construcción de vivienda y un sistema financiero nacional específico para el sector, cuyo objetivo expreso es recaudar los recursos financieros necesarios para procurar la solución del problema habitacional existente en el país.
Esa aspiración, sin embargo, está lejos de concretarse, pues el déficit habitacional sigue siendo un problema crítico para los sectores de ingresos bajos y medios de la población, según puede constatarse en el reportaje de esta semana. Si bien no existe duda de que los programas gubernamentales de vivienda han contribuido de manera dramática para resolver el problema de miles de familias, lo cierto es que estos han debido concentrarse en el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y, a pesar de ello, no ha sido posible satisfacer la totalidad de la demanda, incluso cuando las cifras oficiales confirman que el déficit se ha estabilizado en los últimos años.
Por su parte, los sectores medios se enfrentan a una cruda realidad, pues no cuentan con ingresos suficientes para tener acceso por sí solos a una vivienda, pero el nivel de esos ingresos los descalifica para ser acreedores de los bonos o subsidios gubernamentales y, cuando tienen acceso a ellos, no existe disponibilidad de una oferta compatible con sus posibilidades de financiamiento. En este caso, el encarecimiento de la tierra, el incremento constante de los materiales y costos de construcción, las tasas de interés prevalecientes y demás costos asociados al crédito y sus trámites hacen que les sea prácticamente imposible adquirir una vivienda.
La respuesta del mercado ha sido construir opciones más pequeñas, densificar las zonas urbanas o alejarse de estas. El estudio del 2023, en el cual se basa nuestro reportaje, indica que el 54% de las viviendas en el mercado ofrece un precio que oscila entre los $100.000 y más de $200.000.
La mitad de las viviendas cuyos precios son mayores a $100.000 pero menores a los $150.000 (49% de la oferta) se ubican mayoritariamente en Heredia y solo Alajuela, Heredia y el sur de San José ofrecen proyectos con viviendas a precios menores a los $75.000 (un 3% de la oferta). El oeste de San José, Puntarenas y Guanacaste ofrecen los precios más altos. Así, las viviendas asequibles para los sectores de ingresos bajos y medios representan solo el 14% de la oferta, mientras que el 86% de las soluciones de vivienda se ofrecen para los deciles más ricos. Es decir, casi el 90% está dirigido a satisfacer las necesidades de solo el 30% de la población.
Esta discrepancia entre lo que ofrece el mercado y las posibilidades reales de la mayoría de la población es insostenible.
Los programas y políticas públicas imperantes han mostrado ser insuficientes y no estar respondiendo a las necesidades de la gente, en particular de las personas más jóvenes de los sectores de ingresos medios, por lo que se hace impostergable una revisión crítica de lo hecho hasta ahora y hacer un replanteamiento en búsqueda de soluciones innovadores. Atender estos desafíos es indispensable si queremos garantizar que todas las familias puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, contribuyendo así a su bienestar y estabilidad económica.
