EscucharLa celebración del bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya es una ocasión propicia para resaltar los avances y retos de la provincia de Guanacaste, sin duda una de las joyas turísticas más importantes del país, desde que hace casi cuatro décadas Costa Rica empezara a destacar como un destino interesante y los atractivos naturales de la región cautivaran a los inversionistas y visitantes extranjeros.
En esta edición especial de El Financiero hacemos precisamente eso: analizamos a lo largo de 24 páginas el desarrollo de la provincia desde múltiples aristas, destacando lo logrado y subrayando los desafíos. El ejercicio, acompañado de un abanico de voces expertas de la zona, permite dibujar el futuro de Guanacaste desde una mejor comprensión de su presente.
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Las numerosas playas, manglares, bosques y volcanes de la provincia dieron paso a un flujo importante de inversión privada en desarrollos hoteleros e inmobiliarios que buscaban atender las necesidades de extranjeros interesados en visitas temporales, radicarse en el país o tener una segunda vivienda aquí. Esas inversiones fueron acompañadas de inversión pública en proyectos de infraestructura indispensables para el desarrollo turístico, como el aeropuerto internacional Daniel Oduber, el puente de la Amistad o el tramo de la carretera interamericana entre Liberia y Limonal, así como otras obras menores.
El desarrollo turístico, además, ha tenido efectos importantes en las comunidades en donde se ubican, desde la generación de empleo directo mejor remunerado, hasta el surgimiento de restaurantes, bares, tiendas, suplidores de bebidas y alimentos, artesanías, servicios de tours y transporte, y un sinnúmero de pequeños y medianos emprendimientos locales, creando una integración y vínculos directos entre el turismo y la economía del lugar. A su vez, esta mayor actividad económica genera recursos frescos tanto para el gobierno central como para las municipalidades respectivas a través de una mayor recaudación de impuestos, tasas y patentes. Es decir, no puede para nada menospreciarse el impacto positivo que ha tenido el desarrollo turístico en los principales focos de inversión y sus alrededores, así para el país como un todo.
Lo cierto, sin embargo, es que no puede pretenderse que el sector turismo por sí solo sea capaz de responsabilizarse del desarrollo de la zona ni que lo hecho hasta ahora sea suficiente o que dicho impacto repercuta de igual manera en todos los rincones de la provincia ni en todos sus centros de población. Para empezar, la inversión pública se ha quedado muy corta: desde el tantas veces retrasado proyecto de Agua para Guanacaste hasta la vergonzosa desidia en los avances del tramo Limonal-Barranca, pasando por los deslices éticos de la contratación para la reparación de la pista aeroportuaria en Liberia, el pobre tratamiento que se le da a las aguas residuales o el decrépito estado de aceras, puentes y caminos vecinales.
Muchos de estos son proyectos que no solo beneficiarían al turismo y las zonas costeras, sino que son una necesidad generalizada y constituirían una forma efectiva de ampliar los réditos que genera aquella actividad a toda la población. Además, repercutirían también en otras zonas de la provincia en donde la actividad económica recae en otros importantes sectores como el agropecuario o la generación de energías limpias, al tiempo que abriría nuevas posibilidades para la inversión extranjera de otros productos y servicios de exportación como los que ofrece el régimen de zonas francas. Y si a aquellos le sumáramos más inversión pública con alto impacto social como mejor educación y capacitación, vivienda y salud, los beneficios podrían llegar a traducirse en la creación de un verdadero polo de desarrollo más integral e inclusivo.
Finalmente, no puede obviarse la mención a dos peligros inminentes: uno es el de la gentrificación, es decir, la transformación socioeconómica de algunas comunidades como consecuencia del influjo de residentes de mayor afluencia, provocando el desplazamiento de la población local de menos recursos. Este es un fenómeno que debe evitarse o, al menos, deben atenuarse sus perniciosos efectos. La planificación urbanística y regulatoria juega aquí un papel esencial.
Un segundo peligro, que, aunque generalizado no es por ello menos importante, es el deterioro sostenido de la seguridad. La seguridad tiene un impacto dramático en el desarrollo turístico de cualquier país y la merecida fama que hasta ahora hemos disfrutado como remanso de paz y tranquilidad puede perderse en un instante si se produce una fatalidad de dimensiones internacionales. La pasividad e ineptitud que en este campo ha mostrado el gobierno actual es realmente desconcertante.
