Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), dio a conocer cuáles considera que son los principales desafíos del sistema financiero de cara al futuro. Esta información la detalló en la última conferencia de prensa, el 17 de diciembre, antes de su salida de la institución supervisora.
Le resumimos seis de los principales desafíos expuestos por la superintendenta, quien dejará de laborar para la entidad el 31 de diciembre.
Dolarización del crédito
Desde febrero del 2023 el crédito ha crecido en mayor magnitud en dólares. Con datos a octubre la variación interanual de los saldos en moneda extranjera creció en un 9,3%, mientras que en colones lo hizo solo en un 3,6%.
Este crecimiento preocupa a la superintendenta ya que se ha traducido en un incremento en la cantidad de deudores expuestos al riesgo cambiario. Es decir, más personas que están al vaivén del tipo de cambio debido a que se endeudaron en una moneda en la que no perciben su salario o ingresos regulares.
Fortalecimiento de los gobiernos corporativos
Aguilar reconoció que hay sectores en los que los supervisores han encontrado mayores dificultades para que las entidades cumplan con la calidad de gobierno corporativo. De hecho, en los informes de interventoría de Coopeservidores y Desyfin, los dos intermediarios caídos en este 2024, se señalaron las debilidades en sus máximos órganos directivos como una de las principales razones de sus inviabilidades.
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“Usted puede tener un buen negocio, un buen entorno, pero un mal gobierno corporativo puede dar traste con una entidad. Por el contrario, en épocas muy complejas un buen gobierno corporativo, puede anticiparse tomar decisiones y prepararse para atender”, dijo la superintendenta.
Materialización del riesgo climático
Aguilar comentó que ya el país está viendo materializado el riesgo climático. La superintendenta mencionó como ejemplo el caso reciente en la zona del Pacífico con las fuertes lluvias e inundaciones que tuvieron un impacto en el sector turístico, agropecuario e inmobiliario. Estos son golpes que a final de cuentas permean hacia el sistema financiero (menor capacidad de pago, menor inversión, pérdida de colaterales, etc.).
Planes de recuperación y resolución bancaria
Aguilar mencionó que el país debe agilizar los procesos de resolución bancaria cuando una entidad cae en inviabilidad. Actualmente, la Superintendencia está empujando para que se apruebe en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Resolución Bancaria (24.256). Este proyecto le daría a los supervisores más dientes para poder remover directivos de entidades financieras cuando estos no cumplan con las reglas de idoneidad, también plantea la remoción gradual de la garantía estatal, la elaboración de un presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda en casos de resolución extremos para evitar una crisis sistémica y la agilización de los procesos de resolución bancaria para evitar la pérdida de valor de los activos por salvar, entre otros cambios.
Sobreendeudamiento
La jerarca de Sugef lamentó la proliferación de los prestamistas no autorizados, mejor conocidos como los gota a gota, como uno de los desafíos más importantes en el sistema financiero. También señaló de nuevo a la Ley de Usura como una de las causas en el crecimiento de estos préstamos.
“La ley de usura, si bien tenía un objetivo loable, implicó la salida de personas que estaban bancarizadas y que lamenteablemente tuvieron que ir a otros mercados irregulares” dijo.
Regulación de las fintech
El crecimiento de las empresas fintech (tecnología financiera) de servicios de pago puede tener efectos positivos para el ecosistema, considera Aguilar, pero también ve necesaria una regulación específica para ellas.
La Superintedencia está detrás del proyecto de ley 24.295, el cual obligaría a este tipo de fintechs a funcionar bajo autorización. “(Se permitirá) que florezcan cada vez más las fintechs, porque esto genera beneficios para el consumidor, pero esos beneficios tienen una contraparte y es la protección de datos y la protección del consumidor y la idea es que estos proveedores puedan funcionar, (pero que) sean autorizados bajo el principio de: a igual riesgo, igual regulación”, expuso Aguilar.
Este es un tema que ya ha levantado ciertos desacuerdos entre el Banco Central de Costa Rica y la Superintendencia, al punto que tuvieron que recurrir a la Procuraduría General de la República para dilucidar los alcances de cada uno sobre esta materia.