La Superintendencia de Pensiones (Supén) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) tuvieron un desacuerdo sobre la aplicación de los fondos generacionales, el nuevo modelo que viene a cambiar la forma en la que se administra el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP).
Que haya diferencias entre ellos no es algo nuevo: los jerarcas de ambas entidades ya han tenido su historial de posiciones contrarias en los últimos dos años. Le contamos cuáles son las preocupaciones del BCCR y cuál es la posición de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
¿Qué dice el Banco Central?
El presidente del BCCR, Róger Madrigal, mencionó —en la sesión de Junta Directiva del 20 de noviembre— que deberá llevar nuevamente la discusión sobre los fondos generacionales al Consejo Nacional de Supervisión Financiera, entidad a la que pertenece la Supén, debido a choques que podría causar la medida en el mercado de valores y en el mercado cambiario.
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En otras palabras, le preocupa que el ajuste en las inversiones que deben hacer las operadoras de pensión complementaria (OPC) derive en una subida abrupta en el tipo de cambio y en volatilidades en los precios de instrumentos de inversión.
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¿Qué son los fondos generacionales?
Los fondos generacionales son una nueva forma de inversión de los aportes del ROP centrado por grupos etarios. En este modelo los aportes de los afiliados serán divididos en cuatro fondos distintos según la generación a la que pertenezcan las personas. Dependiendo de la edad del afiliado, la OPC le generará una estrategia de inversión acorde al riesgo adecuado para su generación.
A las personas mayores se les aplicará una estrategia más conservadora en la que se priorizará inversiones menos volátiles, como los instrumentos de renta fija (bonos, por ejemplo), mientras que a las más jóvenes se les agregarán instrumentos de mayor volatilidad, pero con mayor potencial de crecimiento, como las acciones y los fondos cotizados en bolsa (ETF).
Esto, en teoría, aumentaría el monto que recibirá cada persona de pensión, según ha mencionado Rocío Aguilar, superintendenta de Pensiones, vía inversiones más rentables para las personas jóvenes e instrumentos más seguros para quienes están próximos a retirarse.
La medida se aprobó desde diciembre del 2023 y entrará a regir en abril del 2025. Actualmente, las inversiones del ROP no se dividen por edades, sino que se administran en un único fondo.
¿Por qué podría ser un problema?
En Costa Rica no abundan —de hecho, escasean— las opciones de inversión en renta variable: la gran mayoría de lo que se negocia aquí son bonos fijos del Ministerio de Hacienda y del BCCR. Esto, si no cambia, prácticamente obligará a las OPC a mirar hacia afuera para suplir las demandas de inversión de los grupos más jóvenes (hasta un 70% de su portafolio en renta variable). Es decir, se espera una salida al extranjero del fondo.
El dilema es que el ROP es muy grande, pesa casi un 30% de todo el Producto Interno Bruto (PIB) costarricense, así que en dónde se invierte ese dinero tiene una influencia importante en otros macroprecios del país, entre ellos el tipo de cambio, vía una mayor demanda de dólares que salen del país y que no regresarán en el corto plazo, dado el ciclo de inversión de las pensiones.
Costa Rica ya vivió los efectos de una salida al extranjero del ROP. Entre 2020 y 2022 el porcentaje del portafolio del ROP que se invertía en el extranjero pasó de un 13% a un 32%. Dicha salida provocó un aumento en la demanda de dólares que aportó a la subida en el tipo de cambio durante dicho periodo (de alrededor de ¢550 a ¢700).
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Eso sí, hay que tomar en cuenta que ese era un contexto muy diferente al actual: en ese momento, a diferencia de ahora, había una oferta relativamente baja de dólares, lo cual magnificaba el impacto al alza en el precio que tenía cualquier fuerza de demanda.
Además del golpe en el dólar, Madrigal dice que estos cambios, si se hacen masivamente, pueden también tener un impacto “disruptivo” en el mercado de valores.
“Imagínese que alguien tiene una gran cantidad de bonos y quiere venderlos en un día en particular, si esto pasara tendría un efecto sobre los precios que quiere vender y en los otros bonos que están en el sitema”, dijo el presidente del Central el pasado 17 de diciembre en conferencia de prensa.
En la misma sesión de Junta Directiva, Hazel Valverde, gerenta del BCCR, y Max Soto, directivo del ente misor, también presentaron diferentes preocupaciones sobre los fondos generacionales.
Valverde mencionó que el cambio empujó a las OPC a mover “la mayoría” de sus inversiones a corto plazo para poder ajustarse a los parámetros cuando entre a regir el modelo, lo cual afectaría los rendimientos. Soto, por su parte, dijo que le preocupaba que la medida no se aplique gradualmente y que eso termine alterando los precios en el mercado local.
Estas dos preocupaciones tienen sus contrapesos, dado que los datos de la Supén muestran que en realidad es poco menos de un 4% las inversiones del ROP que están a menos de un año —es decir, a corto plazo—, además habrá un periodo de 18 meses a partir de que entren los fondos generacionales para que las operadoras puedan ajustar sus portafolios paulatinamente.
¿Están en contra de los fondos generacionales?
No necesariamente. El mismo Madrigal dijo que el cambio le parece una buena idea, pese a haber utilizado su puesto en el Conassif para votar en contra del modelo, debido al cómo se iban a implementar.
“Yo nunca me he opuesto al concepto de fondos generacionales, yo lo apoyo, me parece que es un avance que tal vez el país tardó mucho en llevar a la implementación. Conceptualmente están bien”, dijo Madrigal. Su preocupación, en cambio, está en que se lleve a cabo de forma desordenada, causando que se materialicen sus temores.
El jerarca del BCCR agregó que tendrían conversaciones con las OPC para conocer si el periodo de ajuste es el suficiente para que se suavice el posible impacto de precios que teme el Central.
En un foro organizado por la Supén en noviembre, los gerentes de las OPC coincidieron en que el cambio es un paso en la dirección correcta y que ya se prepararon para iniciar con el modelo.
No obstante, está el antecedente de que en agosto pasado el director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, Danilo Ugalde, recomendó alargar el plazo de implementación.
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¿Qué dice la Supén?
Aguilar desestimó las preocupaciones del Central, alegando que siempre se tuvo comunicación con la industria y con el mismo ente emisor, ya que tiene una silla en el Consejo, con respecto a los fondos generacionales.
“Hemos llevado a todos los requerimientos que ha habido las respuestas claras, técnicas y precisas para decir: todos estamos listos”, le dijo la superintendenta a este medio el pasado 17 de diciembre.
Agregó que los temores sobre ajustes en los portafolios no se han materializado y que para eso están los 18 meses de periodo de adaptación.
También criticó el hecho de que se busquen modificar los acuerdos del Conassif en función del BCCR. “No debemos supeditar la regulación prudencial (lo que hacen el Conassif y sus superintendencias) a la política monetaria (lo que hace el Banco Central). Tratamos de hacer todo lo más codrinado posible, pero yo no puedo, para evitarle preocupaciones al Banco Central con el tipo de cambio, decirles (a las OPC): ‘señores, nadie compre dólares’”, mencionó Aguilar.
Este medio contactó al BCCR desde el 12 de diciembre para saber si ya habían iniciado conversaciones con el Conassif o la Supén, también para saber cuán fuertes anticipan que serán las presiones cambiarias y si consideran los 18 meses de adaptación como un periodo adecuado, no obstante, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.
A la Supén también se le consultó si habían recibido alguna propuesta reciente por parte del BCCR y si era posible realizar modificaciones o detener del todo los fondos generacionales a solo cuatro meses de que entraran a regir, pero tampoco se respondieron las consultas.
Aguilar dejó el puesto de superintendenta al terminar este 2024.