Finanzas

Esfuerzo de consolidación fiscal en Costa Rica es considerado por la calificadora Fitch Ratings

El país se mantiene con la calificación de “B” con perspectiva negativa. Los casos de COVID-19 y las restricciones de movilidad siguen siendo el riesgo clave para la recuperación

Pese a los esfuerzos de consolidación fiscal, la falta de voluntad política para la consolidación de acuerdos prioritarios para la mejora de las finanzas públicas, una alta carga de intereses y el aumento de casos de coronavirus, mantienen a Costa Rica con una calificación de “B” con perspectiva negativa según el régimen de la calificadora Fitch Ratings.

Así lo informó la entidad este jueves 9 de setiembre en un comunicado de prensa.

Según los voceros de la calificadora, Costa Rica podría estar llegando a un punto de inflexión luego de un sólido resultado en las cifras fiscales de julio, las cuales mostraron un superávit, después de más de diez años.

Las cifras de julio son el resultado de una estricta aplicación de la regla fiscal por parte del Gobierno Central y la implementación de medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

“La aprobación de una Facilidad de Fondo Extendida (EFF) del FMI de tres años y las medidas de consolidación contenidas en el paquete presupuestario 2022, son buenas señales pero aún tienen problemas estructurales por resolver”, agregó Fitch Ratings en su comunicado.

El marco fiscal a mediano plazo presentado junto con el paquete presupuestario mantiene la ambiciosa ruta de consolidación de cinco años, agrega el comunicado.

“Anticipamos que la deuda de las administraciones públicas se estabilizará durante los próximos cinco años ligeramente por debajo del 70% del PIB, asumiendo que se mantenga la aplicación de la regla fiscal y la implementación de las medidas acordadas en el mediano plazo”, expresa la calificadora.

Estrategia nacional

Costa Rica planea tener un superávit primario del 2,6% para 2026, es decir, una mejora de 6 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con el 2020.

La estrategia se basa principalmente en medidas de gasto con el cumplimiento estricto de la regla fiscal. Por otra parte un decreto ejecutivo limita el crecimiento del gasto corriente.

Sumado a esto la Ley de Empleo Público introduce una escala salarial única y elimina otros componentes salariales, pendiente de la aprobación final del Congreso.

El presupuesto también asume que se promulgarán medidas basadas en los ingresos, como eliminar algunas exenciones de impuestos sobre un beneficio de empleo público y premios de lotería, aunque también están a la espera de la aprobación del Congreso.

“La recuperación económica avanza, prevemos una expansión del 3,7% en el 2021. Sin embargo, los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente a pesar de la campaña de vacunación, y las restricciones de movilidad siguen siendo el riesgo clave para la recuperación”, detalló el comunicado.

Andrea Hidalgo

Andrea Hidalgo

Periodista de la sección de Finanzas y Negocios de El Financiero. Licenciada en Periodismo Social. Excolaboradora del proyecto #NoComaCuento de La Nación.

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