La discusión del Presupuesto Nacional 2021 se convirtió en una pugna política con un único objetivo para los diputados de oposición: recortar el gasto público a como de lugar.

Los legisladores presentaron 150 mociones al proyecto de ley para rebajar sustancialmente el plan del Gobierno; mientras que las diferentes instituciones estatales pusieron en marcha una campaña para advertir de cierres técnicos y afectación en servicios públicos como, por ejemplo, la imposibilidad de entregar cédulas de identidad el próximo año.

Ante las intenciones recortistas de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) por poco más de ¢211.000 millones, y las del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por al rededor de ¢150.000 millones; el Ministerio de Hacienda ofreció rebajar el gasto en la misma cifra propuesta por los socialcristianos, pero con el “cuidado técnico” de no dejar sin recursos partidas claves para las instituciones estatales.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, aseguró que se pueden aplicar estas reducciones con base en un extenso y detallado trabajo de revisión por parte de cada ministerio y entidad pública.

Eso sí, hacer un recorte que supere los ¢150.000 millones, en un presupuesto que ya incluía ahorros por ¢368.644 millones desde su presentación inicial, sólo será posible si se avanza con reformas estructurales para tocar rubros importantes como las remuneraciones.

EF entrevistó al jerarca para ahondar en este tema.

Choque por recortes

El Gobierno se comprometió a recortar ¢150.000 millones más en el presupuesto 2021, ¿Cómo lo harán?

Lo que planteamos inicialmente era la posibilidad de presentar un presupuesto extraordinario en enero del 2021, para realizar todos los ajustes y modificaciones que sean necesarias, y mantener la operatividad de las diferentes instituciones y de los Poderes de la República.

La discusión en la Comisión de Hacendarios obligó a replantear ese compromiso porque la oposición no cree que en enero se vayan a dar los recortes prometidos...

Lo que hemos hecho es acelerar todo el proceso. Vamos a presentar, a más tardar el domingo que es el último día, como parte del dictamen de minoría afirmativo (presentado por la fracción del Partido Acción Ciudadana), las modificaciones necesarias para implementar ese recorte por ¢150.000 millones.

¿Están trabajando ese dictamen con todos los ministros y jerarcas de instituciones?

Sí claro. Hemos estado hablando con los distintos ministerios e instituciones, pidiéndoles la colaboración, eso nos lleva dos o tres días para completar un trabajo que ya habíamos arrancado desde inicios de semana; pero que se vuelve complejo porque hay que buscar que de un monto determinado, que no es bajo, se trata de una cifra importante porque ya el presupuesto estaba bastante ajustado. El objetivo es mantener la operación de todas las instituciones necesarias.

A unos ministerios no podemos sencillamente quitarles dinero y que operen a media máquina, porque eso genera ineficiencias y el gasto público debe ser eficiente. Eso así no funciona.

El Gobierno se comprometió a recortar tras las mociones de reducción que presentaron los diputados opositores. ¿Se podría hacer un ajuste a la baja mayor en el gasto público?

Las cifras fiscales a setiembre muestran cómo se ha reducido el gasto primario prácticamente desde el 2007 y hasta la fecha. En este momento, en lugar de crecer se reduce.

Creo que hay que tener cuidado con esto, lo que sigue para una mayor reducción del gasto primario debe ir acompañado de algunas reformas de tipo estructural, es decir, ya no puede ser sencillamente “voy a cortar el gasto”, sino que tienen que darse reformas de tipo legal que permitan hacer los ajustes.

¿Qué tipo de reformas prevén?

No es posible sencillamente llegar y recortar una partida como remuneraciones, porque usted tiene una cantidad de personas que están trabajando en las instituciones y cada una tiene el derecho de recibir su salario. La única forma en que se podría hacer una rebaja, es que se lleve adelante un proceso, por ejemplo, que permita reducir la jornada.

También que se realice otro tipo de acción, como la ley que aprobó la Asamblea Legislativa para eliminar el pago de anualidades del 2021 y 2022, que genera un ahorro cercano a los ¢101.000 millones. Se trata de este tipo de medidas que son estructurales que permitirían una mayor reducción del gasto público, pero mientras no se llegue a ese tipo de ajustes, lo relativo a dejar de gastar es algo bastante difícil.

Cada presupuesto que el Gobierno presenta desde 2018 se convirtió en un pulso político por recortar más el gasto público. ¿Esta dinámica podría entorpecer el camino de futuros planes de gastos?

Hay un ánimo importante de los diputados por apoyar el proceso de consolidación fiscal y lo que buscan es generar ahorros relevantes en el gasto público, desde ese punto de vista hay que agradecerles ese esfuerzo y ese espíritu, nada más con la solicitud de que hay que tener cuidado, se debe mantener la operación regular y adecuada de las distintas instituciones porque están para proveer servicios públicos y las personas los necesitan con rapidez y eficiencia.

Si nosotros empezamos a sacarles una cantidad importante de recursos, pues va a llegar el momento en que esas entidades no van a tener la capacidad de brindar los servicios que la gente requiere.

Préstamos en vilo

El Congreso solo ha aprobado tres de los nueve préstamos internacionales con los que pretendían obtener $3.029 millones para este año. ¿Les preocupa que algunos diputados anunciaron que no apoyarán estos créditos por la discusión del presupuesto?

Es preocupante que no se vaya a dar la posibilidad de aprobación de estos créditos porque son parte de una estrategia exitosa que hemos venido siguiendo de cambiar deuda cara por otra más barata, son préstamos que tienen tasas muy bajas; y desde ese punto de vista para el país es importante contar con estos instrumentos.

En Hacienda consideramos importantes estas operaciones, respetando siempre las facultades de la Asamblea Legislativa.

Las necesidades de financiamiento del Gobierno en los últimos años rondaron el 14% del Producto Interno Bruto (PIB), este año, por el uso de los préstamos internacionales, se redujo a entre 9% y 10% de la producción nacional. ¿Pedirán al Congreso que avance con los créditos pendientes?

Siempre hay que buscar que el Estado se financie de la forma más barata posible y por supuesto que los créditos de las multilaterales son baratos y eso es una gran ventaja. Creo que aquí hay que aprender que estos préstamos deben ser parte permanente de la estrategia de endeudamiento del Gobierno y probablemente hay que buscar incorporar eso en la mentalidad de la gente, de forma que la aprobación se vea como un proceso totalmente normal.

Para 2021 las necesidades de financiamiento serán del 16% del PIB, se incluye la posibilidad de préstamos internacionales, el acuerdo con el FMI y eurobonos. ¿En caso de que esos instrumentos de compliquen podría el mercado interno soportarlo?

Yo esperaría que la posibilidad del mercado externo esté abierta, que podamos recurrir a multilaterales, y eventualmente, una vez que la situación mejore un poco, podríamos acceder a los eurobonos.

El mercado interno es muy importante para nosotros, y está en constante crecimiento por la fuerza que van tomando los institucionales todos los años, tanto las operadoras de pensiones, como el impulso del mercado de seguros.