Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves en primer debate el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336), popularmente conocido como la reforma al empleo público. El texto alcanzó los votos necesarios para continuar su trámite en esta primera fase.

La votación fue de 32 diputados a favor y 15 en contra.

Estos números son el primer reto que tendrá el proyecto para convertirse en ley de la República, que deberá sumar al menos seis respaldos adicionales en segundo debate, que se votará el próximo jueves 24 de junio.

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La Corte Suprema de Justicia informó a la Asamblea Legislativa de que el texto incide en su funcionamiento, lo cual obliga a aprobar el proyecto con mayoría calificada en el Congreso: dos terceras partes del pleno (al menos 38 congresistas).

Además de esto, el proyecto deberá pasar por consulta de la Sala Constitucional: un proceso que tardará por lo menos un mes adicional y que podría derivar en la necesidad de realizar reformas al texto o, en el peor de los casos para su aprobación, tirarlo abajo por vicios de procedimiento (errores de los diputados en el trámite legislativo).

Diputados de casi todas las fracciones votaron a favor:

• Partido Liberación Nacional (PLN): Carlos Ricardo Benavides, Jorge Fonseca, Karine Niño, María José Corrales, Roberto Thompson, Wagner Jiménez, Aida Montiel, Gustavo Viales, Luis Fernando Chacón, Ana Lucía Orozco, Silvia Hernández, Yorleni León.
• Partido Acción Ciudadana (PAC): Carolina Hidalgo, Enrique Sánchez, Luis Ramón Carranza, Laura Guido, Catalina Montero, Mario Castillo, Nielsen Pérez, Víctor Morales.
• Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): María Vita Monge.
• Partido Restauración Nacional (PRN): Mileyde Alvarado, Carlos Avendaño, Eduardo Cruickshank, Giovanni Gómez, Xiomara Rodríguez.
• Independientes: Ignacio Alpízar, Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas, Marolin Azofeifa, Ziola Volio.

En contra lo hicieron:

• PLN: Franggi Nicolás, David Gourzong, Daniel Ulate.
• PAC: Paola Vega, Walmer Ramos.
• PUSC: Pedro Muñoz, Pablo Abarca, Aracelly Salas, Oscar Cascante, María Inés Solís, Shirley Díaz.
• PRN: Floria Segreda.
• Partido Integración Nacional (PIN): Walter Muñoz, Patricia Villegas.
• Frente Amplio (FA): José María Villalta.

Erwen Masís no estaba presente al momento de la votación, mientras que el resto de diputados se ausentaron de la sesión.

El Gobierno estima que, con todos los diputados presentes, dispone de los 38 votos necesarios para la aprobación del proyecto.

La diputada liberacionista Franggi Nicolás usó duras palabras contra el proyecto, y manifestó que su votó fue “convencidamente en contra” y tachó a la iniciativa de “absolutamente inconstitucional”.

Por su parte, Villalta aseguró que la “ley que no cumple los objetivos planteados por sus proponentes”, mientras que el diputado Pedro Muñoz, del PUSC, expresó que es un proyecto “inspirado en ocurrencias” para justificar su voto en contra.

Entre otras consecuencias, el proyecto busca un importante efecto fiscal. Establece un mecanismo de salario global para eliminar el otorgamiento de pluses, que hoy dispara el gasto público del Estado.

El Ministerio de Planificación estima que, solo durante el primer año de aplicación de esta normativa, el país podría ahorrarse un 0,9% del PIB, en conjunto con las medidas de contención de gasto como la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), aprobada en 2018.

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Implicaciones

El proyecto de reforma al empleo público tiene implicaciones que van más allá de sus efectos, en sí mismo. También es parte fundamental de la agenda de estabilidad económica acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder una facilidad de Servicio Ampliado (SAF), por $1.778 millones, en tres años.

Este acuerdo, más allá de los recursos en condiciones blandas, busca estabilizar las finanzas públicas de Costa Rica a partir de 2023 y generar confianza en los mercados internacionales sobre la gestión del país.

El proyecto de empleo público incluso es fundamental para la primera revisión que realizará el organismo sobre el acuerdo. Esta ocurrirá en el segundo semestre de este 2021 y espera, como uno de sus pilares, que la Asamblea Legislativa convierta en ley la reforma.

Así lo afirmó el 28 de abril el presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador de Costa Rica ante el FMI, Rodrigo Cubero, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios en el Congreso. “La ley de empleo público es fundamental”, dijo entonces.

De hecho, la aprobación del proyecto se planteó ante el Fondo para finales de mayo; sin embargo, retrasos en la tramitación legislativa dieron al traste con esa previsión.

Ante ese panorama, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, afirmó que se informaría sobre ese atraso al FMI, “debido a que el proyecto irá a consulta de constitucionalidad”; pero que igualmente se esperaba una votación positiva del mismo antes de que el Fondo realice su primera revisión a mediados del segundo semestre del año.

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