Escuchar¿Se están vengando las autoridades guatemaltecas de los fiscales que investigaron casos de corrupción en el país? Quienes lideraron los equipos antimafia que remecieron altas esferas del poder en el país sospechan que sí.
Recientes capturas de cinco miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y de una representante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que auspiciaba Naciones Unidas, encendieron las alarmas.
Los arrestos en el marco de procesos por cargos como obstrucción a la justicia y abuso de autoridad fueron pedidos por el Ministerio Público que lidera Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en una lista de "actores corruptos".
Los problemas empezaron cuando la “élite empresarial” se vio salpicada en 2016 en sobornos para contratos de construcción y financiamiento electoral ilícito, contó a la AFP el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, último jefe de la Cicig hasta su desmantelamiento en 2019.
La Cicig nació en 2007 para combatir rezagos de “maquinarias clandestinas de seguridad” que amenazaban a defensores de derechos humanos y oficiales de justicia tras la guerra civil (1960-1996). Tenía facultades de persecución legal.
En 2015 junto con la FECI destapó un fraude aduanero que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla.
“La élite empresarial se dio cuenta que las investigaciones no iban a quedar limitadas (...) a Otto Pérez, sino que se iban a realizar por todo lo que la Cicig pudiera encontrar”, indicó Velásquez.
"Temerosas", esas élites "empezaron a generar" campañas de desprestigio en Guatemala, Estados Unidos y la Unión Europea para forzar el fin de la misión, añadió.
Investigado por presunta corrupción en su campaña, el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) pasó de apoyar el trabajo a cerrar las puertas de la Cicig, acusándola de sobrepasar sus funciones.
Al caer la Cicig, la FECI continuó con su trabajo, pero en medio de ataques de políticos procesados por corrupción y sin el respaldo de Porras, recordó a la AFP el extitular de esa entidad, Juan Francisco Sandoval, exiliado desde el año pasado en Estados Unidos al temer por su vida.
Los fiscales de la FECI venían de desenmarañar en 2020 un posible arreglo para designar a jueces y "ofrecer servicios de impunidad", orquestado por el influyente empresario Gustavo Alejos, involucrado en varios casos de corrupción.
Los investigados consideraron que los fiscales estaban violando los procesos. Los ataques también vinieron de la derechista Fundación Contra el Terrorismo, presidida por Ricardo Méndez, igualmente considerado por Washington como un personaje "corrupto".
Se trata de una "cacería (...) Cualquier servidor público que se atreva a adversar al sistema (...) sabe que no puede sobrevivir porque sufrirá las mismas consecuencias" que los fiscales detenidos y exiliados, explicó Sandoval.
Es "un plan de venganza de la alianza criminal de Guatemala porque el trabajo que hicimos (...) puso en evidencia cómo funciona la corrupción", indicó la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018), también exiliada en Estados Unidos desde 2019.
Aldana salió de Guatemala tras emitirse una orden de captura en su contra por la supuesta creación de plazas ficticias durante su gestión en la Fiscalía. La acusación le impidió participar como candidata presidencial ese año.
"Están desarrollando una política de tierra arrasada" para "borrar de la memoria ciudadana lo que significó una gran oportunidad de reconstrucción" de la democracia, enfatizó Velásquez.
Consuelo Porras "es la encargada de desmantelar" a la FECI y de "dirigir esa criminalización y ese ataque", apuntó Aldana.
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La jurista guatemalteca Eva Sosa, exfiscal de una extinta comisión antimafia, entidad de las Naciones Unidas para combatir la corrupción en Guatemala, fue detenida a mediados de febrero cuando comparecía ante un tribunal que investigaba su actuación en ese organismo. (JOHAN ORDONEZ/AFP)
Para Sandoval, la fiscal general es una de "las piezas más importantes" en la "vendetta".
El extitular de la FECI fue despedido en julio del año pasado por Porras, quien adujo "falta de confianza en la relación". Pero todo ocurrió cuando Sandoval sospechaba de actos de corrupción del presidente Alejandro Giammattei.
Aunque, Juan Luis Pantaleón, vocero del Ministerio Público, aseguró que las detenciones "bajo ninguna circunstancia" son una "venganza" y que "hacer cumplir la ley no puede considerarse criminalización".
Según Sandoval, Giammattei busca "que no se investiguen los casos en los que podría estar involucrado".
Recordó que su destitución ocurrió tras publicarse que contaba con información "de un posible soborno de empresarios" rusos a Giammattei para operar un puerto sobre el Caribe.
"Tengo elementos para considerar de que en ese plan [de impunidad] la ejecutora es la fiscal general, pero una de las personas detrás de esta trama debe ser el presidente", valoró Sandoval.
El gobierno rechazó "esos señalamientos infundados".
Velásquez cree que Estados Unidos debe ir tras el dinero que se utiliza para perseguir a los exfiscales y jueces independientes, pero urgió a la población a actuar. “El pueblo guatemalteco no puede estar esperando salvadores externos”, puntualizó.
