EscucharLa Contraloría General de la República realizó una investigación de los contratos entre casi una decena de entidades públicas y Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).
La investigación tenía como objeto verificar el cumplimiento de la Ley General de Contratación Pública (Nº 9986) de parte de las siguientes entidades:
—Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
—Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
—Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara)
—Consejo Nacional de Producción (CNP)
—Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Junta de Protección Social (JPS)
—Asamblea Legislativa
—Dirección Nacional de CEN-CINAI
—Municipalidad de San José.
En general, la Contraloría detectó irregularidades que ameritan la emisión de dos órdenes de cumplimiento inmediato.
Irregularidad
La CGR detectó que Racsa fue contratada en forma directa bajo la excepción de Ley Nº 9986 para proyectos de entes de derecho público.
Para cumplir con estos contratos, Racsa recurrió a la figura de asociación con empresas privadas pese a que la ley posibilita esos contratos directos solo si la institución contratada puede hacer el trabajo por sí misma, dentro de su marco competencial y normativo.
Al contratar empresas privadas para cumplir con esos contratos, Racsa y las entidades contratantes incumplieron dicha regla legal.
El uso indebido de este mecanismo es contrario a la legislación vigente y también vulnera el principio constitucional que exige al Estado contratar bienes y servicios mediante licitaciones públicas.
Este mecanismo se establece para asegurar transparencia, igualdad y libre competencia, mediante concursos públicos y con sus respectivos controles, así como para garantizar que se trate de la mejor alternativa en precio y condiciones.
La Contraloría indicó que, si bien existe la posibilidad de que la Administración Pública recurra a la contratación y colaboración, tanto entre sujetos de derecho público como de sujetos privados para el cumplimiento de sus fines, lo es siempre y cuando se realice dentro de los mecanismos legales existentes y se respeten los procedimientos legales y constitucionales de contratación pública vigentes, que persiguen el mejor uso de los recursos públicos.
Órdenes
A las entidades contratantes, la Contraloría les ordena:
—Ejecutar las acciones administrativas para no reconocer la utilidad en los contratos analizados.
—Implementar las acciones para recuperar los montos que por ese concepto se pagaron a Racsa a la fecha, conforme el ordenamiento jurídico aplicable.
A Racsa, la Contraloría le ordena:
—Racsa solo puede realizar contratos con empresas privadas cuando no pueda llevar a cabo por sí misma el objeto contractual, conforme a sus competencias legales.
—Debe evitar recurrir a asociaciones empresariales que desvirtúen el proceso de contratación directa, permitiendo de forma ilegítima a privados ofrecer bienes y servicios a la Administración sin procesos concursales.
Racsa no se ha referido todavía al informe y a la orden de la Contraloría.
