En la Municipalidad de Nicoya se requería que los funcionarios contaran con la firma digital debido a los trámites de contrataciones a proveedores a través del Sistema de Compras Públicas (Sicop).
Tenían la opción de ir hasta Liberia para obtenerla, pero la Municipalidad optó por viajar al Área Metropolitana para obtenerla sin costo y mediante un convenio con Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), a cargo de Sicop.
La firma digital también se requería para diferentes trámites que se digitalizaron o que están en proceso de digitalización. La institución también tiene varios procedimientos donde los usuarios de los servicios deben utilizar el sellado electrónico.
“Hay algunos formularios, como denuncias y otros, que se pueden hacer con cualquier firma”, explicó Juan Diego Bravo, director administrativo de la Municipalidad de Nicoya. “Para trámites municipales de catastro, permisos de construcción y declaraciones de bienes inmuebles se envía el formulario y por requisitos legales se usa la firma digital”.
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El alcance de la firma digital emitida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) se viene ampliando en buena parte con el aumento de los procedimientos que la exigen, incluyendo el de Sicop y trámites notariales, facilitando el envío y formalización de documentos, formularios y solicitudes bancarias, en sustitución de la firma manuscrita o como complemento de otros métodos.
“No obstante, a nivel de la población en general el uso de la firma digital es aún muy moderado”, afirmó Edgar Oviedo, vicepresidente del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC).
Para Oviedo, que también es director de negocios y relaciones corporativas de Grupo Babel, una firma que brinda soluciones para entidades públicas, falta mayor “evangelización” sobre los beneficios de la herramienta para propiciar más interés. Otro factor podría ser el costo.
“El hecho que la firma digital represente un costo relativamente importante para el ciudadano podría estar causando cierta apatía o desinterés de una gran parte de los ciudadanos”, dijo Oviedo.
La emisión del certificado electrónico, el lector y la tarjeta puede alcanzar un costo de hasta casi ¢50.000, dependiendo de la entidad bancaria emisora.
Algunas entidades y empresas solicitan a sus clientes firmar a través de apps o sobre alguna pantalla con facilidades táctiles (de un teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo). En otros casos, el usuario debe imprimir el documento, firmar en manuscrito, escanearlo y volverlo a enviar. Pero hay trámites o transacciones que por ley o alguna norma específica requieren la firma digital emitida por el BCCR.
Hasta en el móvil
En Costa Rica se han emitido más de 500.000 firmas digitales a través de 53 oficinas del sistema financiero, lo que es una décima parte de la población del país y menos del 15% de los mayores de 18 años de edad.
“Sabemos de entidades que dan en forma gratuita la tarjeta a sus empleados y a cierto tipo de clientes”, indicó Carlos Melegatti, director de la división de sistemas de pago del BCCR.
A casi 16 años de la aprobación de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos (Nº 8454), el BCCR califica positivamente sus alcances, por el uso en “cientos de millones” de operaciones, como autenticaciones en equipos, sistemas o sitios web, transacciones, archivos y correspondencia. En 2014 sólo se habían emitido 70.000 firmas digitales.
Los certificados de firma digital también sirven para autenticar empresas e instituciones, en procesos de digitalización y automatización, incluyendo envío de estados de cuenta, confirmación de transacciones y recepción de información.
El BCCR creó también el llamado Firmador Central, que actualmente usan 30 empresas privadas e instituciones públicas, si bien está disponible para más de 100 entidades que operan en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) y es una infraestructura de uso abierto para empresas públicas.
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Otra facilidad, recientemente introducida y con miras a reducir los costos para el usuario, es aprovechar la tarjeta bancaria con chip, el cual tiene particiones independientes para el procesamiento de pagos y la firma digital. En este caso, también se requiere un lector, por “seguridad y cumplimiento de normas técnicas y legales”.
Se espera hacer lo mismo con la cédula, si se emite este documento con chip, aunque la pretensión del Tribunal Supremo de Elecciones es avanzar a otros sistemas de identificación de los ciudadanos.
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El BCCR espera que las unidades móviles de algunas entidades bancarias sirvan para atender zonas de muy baja demanda y atender a empresas o instituciones que deseen una emisión segura en sitio.
Otra posibilidad es pasar de los 50 puntos del sistema financiero que actualmente emiten firmas digitales a hacerlo a través de las 1.000 oficinas bancarias, pero el salto depende a su vez del incremento de la demanda de los usuarios y, en ambos casos, del incremento en las exigencias de trámites institucionales y de empresas.
Oviedo advirtió que para ciertos trámites, que pudiesen tener algún grado de riesgo, sería recomendable que la firma digital se combine con otros métodos de autenticación, garantizando mayor seguridad tanto para el usuario (propietario de la firma) como para la entidad que administra el proceso que se realiza.
Hay proyectos adicionales para expandir la firma digital como incorporarla en los teléfonos móviles, al tiempo que se simplifican más los procesos de emisión (actualmente se dura menos de 15 minutos).
Melegatti indicó que también se realizan esfuerzos para mejorar la experiencia de los usuarios, coincidiendo con las mejoras propuestas por la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).
Si el Firmador Central está dirigido para simplificar y reducir costos a nivel de empresas e instituciones, la tarjeta y el uso de móvil harían lo mismo a nivel de los ciudadanos. El BCCR confía que estas facilidades, manteniendo los estándares de seguridad, sirvan para incentivar la adquisición de la firma digital y su incorporación en más trámites, aunque hay conciencia que depende de la modernización digital del Estado.
“La firma en la tarjeta bancaria reduce costos al compartir el dispositivo”, dijo Melegatti. “Sobre el móvil no solo tendremos menores costos, sino una experiencia de uso de mucha mayor calidad. Ambas estrategias buscan también aportar a la masificación de la firma ya que se apoyan en instrumentos de uso masivo”.