No hablo de dejar de invertir en un sistema de salud pública y pensiones ni de reducir las garantías sociales, pero sí dejar la visión sesgada de la sociedad, la aceptación de la ineficiencia estatal y la alta permisividad laboral que domina nuestro ambiente nacional.

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Creo en la empresa privada, en la asociatividad, en la producción cooperativa, en el solidarismo social —no el consumista— y en la organización laboral que protege derechos de los trabajadores; pero no en el sistema de chantaje organizado con respaldo internacional en que se han convertido los sindicatos y empresas estatales de Costa Rica.

¿Cuánto cuesta la autonomía?

Debemos preguntarnos cuánto nos cuesta la autonomía de las empresas —ICE, Recope, CNP, INS, Fanal, Incofer, CCSS y otras— y de las universidades estatales, que han sido secuestradas por esos mismos sindicatos y que en, vez de crear, destruyen valor para nuestra sociedad. Su costo real excede por mucho el valor de oportunidad de los recursos que utilizan, que en otras manos serían fuente de riqueza, bienestar y sostenibilidad.

Hay que revisar si el paradigma que representan los convenios con la OIT, y que respaldan la posición actual de los sindicatos, sigue teniendo vigencia. Y si vemos que no están bien, desarrollemos un sistema laboral justo, solidario y a la medida de los tiempos que vivimos.

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Derechos —laborales y otros— sí, pero con igual o mayor peso a los deberes del funcionario, del ciudadano y del empresario. Autonomía institucional sí, pero de organizaciones con una gobernanza balanceada en función los tiempos que vivimos y, cuando sean productivas, abiertas a la competencia. Instituciones fuertes, pero con controles y balances —pesos y contrapesos— eficaces.

Lo que tenemos hoy no sirve y debe cambiar.