La semana pasada el Poder Ejecutivo propuso varios programas para enfrentar los problemas de sobreendeudamiento de las personas, unos por la vía de reformas legales y otros por medio de una directriz dirigida a los bancos públicos. En este editorial queremos hacer un balance del planteamiento realizado.
Uno de los proyectos de ley reforma la Central de Información Crediticia (CIC) administrada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Actualmente, la CIC recopila información del historial crediticio de las personas físicas y jurídicas deudoras de las entidades sujetas a la regulación de Sugef. La reforma amplía la cobertura de la CIC a prestamistas que no están regulados por dicha Superintendencia. Esto permitiría pasar de una visión parcial del endeudamiento de las personas a una visión global.
La reforma planteada va por buen camino para prevenir los excesos de endeudamiento. Si las entidades financieras y los prestamistas no regulados cuentan con información más amplia del endeudamiento de las personas, estarán en mayor capacidad para prevenir el sobreendeudamiento.
Sin embargo, la ampliación de la CIC debe ser complementada con una normativa de la Sugef para que las entidades financieras tengan políticas preventivas del sobreendeudamiento. En particular, la Superintendencia debería aumentar las provisiones que realizan las entidades financieras cuando otorgan créditos que implican altos niveles del servicio de la deuda con respecto al ingreso de las personas o cuando las entidades otorgan créditos de consumo a largo plazo para disimular los excesos de endeudamiento.
La otra reforma legal propuesta por el Poder Ejecutivo es otorgar al Banco Central de Costa Rica la potestad para fijar un tope a las tasas de interés. No estamos de acuerdo con esta propuesta por varios motivos. En primer lugar, el tope a las tasas de interés por razones constitucionales no puede aplicarse en forma retroactiva, de forma tal que no ayudaría a las personas endeudadas.
No tiene sentido...
En segundo lugar, las altas tasas de interés no son necesariamente la causa del sobreendeudamiento. Por ejemplo, los empleados públicos están sobreendeudados en las cooperativas de ahorro y crédito a tasas de interés bajas. En tercer lugar, los topes a las tasas de interés más bien pueden causar exclusión financiera, porque las entidades prestamistas se abstendrán de otorgar créditos a aquellas personas que por razones de costo o de riesgo solo pueden ser atendidas a tasas de interés altas.
El otro elemento de la política gubernamental para enfrentar el sobreendeudamiento es una directriz dirigida a los bancos públicos para que estos reestructuren los créditos de las personas con problemas financieros. Nos llama la atención que los bancos estatales tendrán que reestructurar créditos concedidos por otras entidades. Tiene sentido que los bancos estatales apoyen a sus buenos clientes que por razones coyunturales tienen problemas con su crédito. Esto lo deben hacer los bancos estatales sin necesidad de una directriz.
Los clientes de los bancos privados o de las cooperativas de ahorro y crédito que no puedan pagar sus deudas deben acudir a la misma entidad que les dio el crédito para lograr una reestructuración si lo que tienen son problemas de plazo. Si estos clientes no son viables financieramente, ni con la restructuración de los pasivos, entonces las entidades prestamistas deberán asumir las pérdidas del caso. Por lo tanto, no tiene sentido que un banco estatal asuma pérdidas incurridas, por ejemplo, por una cooperativa. Es decir, que cada palo aguante su vela.
Una forma alternativa es que los bancos estatales compren cartera de crédito de personas sobreendeudadas, pero que lo hagan con descuento, de forma tal que la entidad que contribuyó al problema de sobreendeudamiento asuma la pérdida por una gestión deficiente. En este caso la Sugef debía asumir su papel y obligar a las entidades financieras a valorar correctamente sus carteras de crédito.
No somos muy optimistas del éxito de la directriz presidencial, porque los problemas de sobreendeudamiento están concentrados en los denominados “créditos personales”, muchos de los cuales fueron concedidos a plazos relativamente largos y a tasas de interés bajas. Estas características no dan mucho margen para hacer que una reestructuración de deudas pueda aliviar el flujo de caja de los deudores.
En conclusión, de la política gubernamental para enfrentar los problemas de endeudamiento excesivo, la reforma de la CIC va en la dirección correcta, el control de tasas de interés es contraproducente y la reestructuración de deudas por parte de la banca estatal no tendrá mucho espacio en los créditos personales y puede implicar subsidios inconvenientes para entidades que no administraron correctamente los riesgos crediticios.