El escándalo Cochinilla, que gira alrededor de supuestos sobornos en la contratación y ejecución de obras viales, provoca reflexiones sobre el fenómeno de la corrupción y sus consecuencias en el sistema político, tanto en lo estructural como en lo referente al proceso electoral que se inicia.
Las salpicaduras de las denuncias sobre el Poder Ejecutivo ameritan, además, un análisis detenido; así como las dudas que han surgido sobre la capacidad del sistema judicial para entregar justicia pronta y cumplida. El eventual retraso de proyectos de obras públicas importantes, como efecto de los procesos judiciales, también son materia de estudio.
El deterioro de la imagen de las instituciones políticas ha sido bien documentado por varias encuestas. Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y partidos políticos, no gozan del favor ciudadano. La legitimidad de las instituciones políticas está erosionada, particularmente los partidos políticos, y ello tiene que ver con los resultados percibidos de su acción.
Este pérdida de legitimidad se expresa en un Presidente de la República en caída libre en la apreciación ciudadana, en sospechas sobre diputados que reciben visitas de investigados por narcotráfico, en partidos condenados por estafa al Tribunal Supremo de Elecciones y en un Poder Judicial dañado por magistrados sancionados.
En una encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR, noviembre del 2020, el Poder Judicial obtuvo una nota de 6,2 (de 10), lo que revela la erosión en la evaluación de esta institución.
El saldo perceptual de instituciones clave es negativo y a este se viene a sumar la investigación del Organismo de Investigación Judicial, que implica en supuestos actos de corrupción a funcionarios públicos y a grandes empresarios. El sector privado tiene que ser contundente en la condena de los corruptores: la corrupción es censurable, venga de donde venga.
Las recientes declaraciones de la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (Unops), señalando que si se llega a comprobar la culpabilidad de empresas involucradas, estas quedarían fueran del padrón de sus elegibles, son un mensaje importante en esta dirección.
La espectacularidad de las acciones policiales tendrá un impacto inevitable tanto sobre la imagen del Gobierno, y en cómo se inscribirá el ruido en el marco de acusaciones y contracusaciones durante la campaña electoral. La corrupción será uno de los grandes temas de la campaña, unos argumentarán que el fenómeno viene de lejos y los otros responderán que es fruto de los dos últimos gobiernos. Los pecados del pasado no justifican las desviaciones del presente y corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades concretas.
La Fiscalía deberá actuar diligentemente, con rapidez y sin ambigüedades, presentando acusaciones robustas, blindadas contra argumentos de irregularidades en los procedimientos que podrían favorecer a los supuestos corruptos. Justicia pronta significa que las decisiones judiciales no se pueden postergar, que los atrasos en otros casos sonados no deben repetirse. Los culpables deben ser determinados claramente y la ciudadanía conocer de los resultados del accionar judicial.
Más allá del ámbito del derecho, lo cierto es que este escándalo tiene implicaciones éticas, entendidas esta como las reglas para el buen vivir en lo personal y colectivo. La libertad hace que las personas podamos escoger entre el bien y el mal, es una de las características de la condición humana. Para los que tomen el camino de los actos corruptos existen los códigos penales y la condena moral de sus conciudadanos.
Erradicar la corrupción como han pretendido algunos demagogos no es un camino viable, pero sí es posible reducirla y controlarla por medio de la educación, de las instituciones de control y rendición de cuentas y de la sanciones del sistema de justicia penal.
La acción contra la cultura de la corruptela que emerge de las intervenciones telefónicas debe ser fruto de la educación en los hogares y de las lecciones de cívica en escuelas y colegios. También están las responsabilidades políticas, donde la institucionalidad pública implicada deberá rendir cuentas ante los jueces, pero también ante los órganos políticos.
En este proceso debe evitarse, como consecuencia de la campaña electoral, la politización del proceso judicial, pero el Presidente, ministros y asesores no podrá evitar rendir cuentas precisas de su posible responsabilidad en el acaecimiento de los hechos denunciados. Su legitimidad está en juego.
Las lecciones para el largo plazo y los problemas estructurales son evidentes: reestructurar Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), eliminar los portillos para la discrecionalidad en la contratación y ejecución de obra pública, mejorar el gobierno administrativo y atacar duramente la opacidad.
Se ha hablado que el trámite de este proceso podría atrasar la ejecución de obra pública importante. Sin embargo, la paralización de obra pública afecta el interés general y los operadores jurídicos deberán buscar vías de supervisión judicial en la ejecución de los contratos para que no se perjudique el bien común.
Bien que el escándalo salpica a instituciones y actores políticos individuales y grupales, lo cierto es que también es una muestra de la eficacia de las instituciones, particularmente de la Policía Judicial que da muestras de independencia, no se detuvo frente a los intereses políticos y de los poderes empresariales, en este sentido su actuación legitima al sistema judicial.
La acción judicial determinará si estamos frente a una pequeña cochinilla que extrae flujos del Estado, o ante una plaga que carcome a la República.