En el editorial titulado “Reforma fiscal, eurobonos y coherencia legislativa”, correspondiente a la semana del 2-8 de marzo pasado, reconocimos que el sistema político costarricense había dado un paso importante el año pasado al aprobar la reforma fiscal. La Asamblea Legislativa y la administración Alvarado Quesada tuvieron la capacidad de negociar y aprobar una ley para aumentar los ingresos y reducir los gastos del Gobierno Central.

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Pero también mencionamos que la reforma aprobada no resuelve el problema fiscal en forma inmediata, ni en su totalidad.

En palabras simples, la reforma fiscal aprobada reduce el déficit fiscal en el mediano plazo. Por lo tanto, la Tesorería Nacional tendrá que buscar —especialmente durante 2019 y 2020— recursos para financiar el nuevo déficit y las amortizaciones de la deuda.

Si las fracciones políticas que aprobaron la reforma fiscal del año pasado, PLN, PUSC y PAC, son coherentes, ahora tendrían que aprobar el financiamiento solicitado por el Gobierno. Resulta incoherente que la Asamblea Legislativa no apruebe el financiamiento del déficit resultante de sus propias decisiones en materia fiscal.

En las actuales condiciones financieras es preferible que el país financie parcialmente su déficit fiscal en el exterior, en vez de hacerlo en su totalidad en el mercado interno.

En el mercado externo se pueden colocar los bonos a plazos más largos y a menores tasas de interés. Esto a su vez ayuda a reducir el déficit financiero del Gobierno Central y a desactivar el crecimiento del saldo de la deuda.

Las decisiones recientes de la Reserva Federal en Estados Unidos conducentes a detener el endurecimiento de su política monetaria dan un contexto favorable para una posible colocación de bonos costarricenses en el mercado internacional.

Un temor razonable

Actualmente el financiamiento del Ministerio de Hacienda en el mercado local está absorbiendo el crédito que debería estar dirigido a las empresas y personas. Reversar esta situación ayudará a reducir las tasas de interés locales y permitirá mayores flujos de financiamiento para el sector privado. Esto es necesario para a la reactivación del crecimiento de la producción y el empleo.

Para algunos diputados el monto solicitado por el Poder Ejecutivo es muy alto. Sin embargo, debe aclararse que la autorización para emitir $6.000 millones en los próximos seis años en el mercado internacional no necesariamente implica que el saldo de la deuda aumentará en esa suma, porque existen montos importantes de vencimientos de la deuda del Gobierno Central en dólares. Según los datos del Ministerio de Hacienda, la deuda en dólares (externa e interna) vigente al 31 de diciembre del año pasado tendrá vencimientos mayores a $6.000 millones en los próximos cinco años.

Algunos diputados de oposición han manifestado el temor de que la aprobación de la emisión internacional de los bonos implique un incentivo para aumentar el gasto y para no aplicar las medidas de contención del gasto contempladas en la reforma fiscal.

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Este es un temor razonable, que se puede resolver con tres acciones. Primera, autorizar la emisión internacional de los bonos para que la Tesorería Nacional tenga la posibilidad de reducir el costo total de la deuda pública y ampliar sus plazos.

Segunda, en la misma ley se debería establecer el límite global de endeudamiento del Gobierno Central para cada uno de los próximos seis años que sea coherente con la aplicación de la reforma fiscal. Esta medida establecería, implícitamente, un límite al déficit fiscal en los próximos seis años.

Tercera, la misma Asamblea Legislativa, dominada ampliamente por la oposición, debería aprobar los presupuestos nacionales que cumplan con los límites globales del financiamiento establecidos en el punto anterior y también debería velar para que no se sacrifique la inversión pública para darle prioridad al gasto corriente.

Nuestra sugerencia anterior refuerza la existencia de una política fiscal para la estabilidad y el crecimiento económico para los próximos años en dos sentidos; por un lado, refuerza la contención del déficit y, por otro lado, promueve un financiamiento más estable y barato. La ley debería resolver el problema de financiamiento del Gobierno y simultáneamente enfrentar los temores de la oposición.

En la Asamblea Legislativa algunos diputados han planteado la opción de realizar aprobaciones anuales en la emisión de eurobonos, en vez de realizar solo una para varios años. Esta es una mala solución porque implica riesgos de refinanciamiento que se reflejarían en tasas de interés más altas y haría que la agenda legislativa se volviera monotemática en los próximos años.

En conclusión, esperamos que la Asamblea Legislativa logre una buena solución en el tema del financiamiento del Gobierno Central. Esperamos que la solución política resultante apoye la contención del déficit en el mediano plazo y permita su financiamiento en las mejores condiciones.