Superintendente de entidades financieras: “Si sus deudas son de largo plazo, el salvamento no lo va a ayudar”

La propuesta planteada tiene como objetivo unificar las deudas de las personas que tengan más del 50% de su salario comprometido en deudas, alargar el plazo y ofrecer una tasa competitiva referenciada a la tasa básica pasiva, más cinco puntos porcentuales.

Sin embargo, según explicó el Bernardo Alfaro, Superintendente General de Entidades Financieras, durante una entrevista concedida a EF, esto no ayudaría a todos los deudores.

“A como está diseñado el modelo, estaríamos hablando de personas con créditos de corto plazo de consumo que no le permiten salir de un circulo complicado en el que pagan el mínimo y nunca logran reducir el personal”, explicó Alfaro.

Según el jerarca, el programa no es funcional para las personas que necesitan estirar deudas de largo plazo.

“Lo que una cuota puede bajar de un crédito de siete años a otro crédito de 15 años es realmente poco relevante. Si está en una situación en que, por ejemplo, una entidad readecuó una serie de deudas a 10 años, el programa no serviría de nada. Tal vez podría ayudar un poco por la tasa, pero no por el plazo ni la cuota”, admitió.

Alfaro explicó además que presenta retos importantes para los deudores, dado que tendrán que comprometerse a llevar un programa de educación financiera por tres años y a no solicitar más créditos hasta cancelar la mitad de la deuda o hasta que haya transcurrido el 50% del plazo.

“En un crédito de 15 años, por ejemplo, el 50% lo van a ir amortizando en el año 10. Entonces la gente va a poder acceder a un nuevo préstamo entre el año 7 y 10 del crédito. Es la otra condición dura que tiene este programa”, afirmó.

El jerarca aseguró que las entidades financieras fueron demasiado permisivas y laxas a la hora de otorgar créditos en el pasado.

Anteriormente, la regulación proponía un límite de endeudamiento del 40% en los clientes, sobre el cual las entidades no podían otorgar más crédito.

No obstante, debido a cambios en la regulación se eliminó ese límite y se le pedía a cada entidad que definiera un límite que consideraran prudente de acuerdo con sus políticas y apetito de riesgo.

“Posiblemente los participantes del mercado regulado no tomaron las previsiones y se fueron más allá de lo que debían haber hecho.

Alfaro aseguró que, es sus reuniones con entidades, especialmente con cooperativas, se les llama la atención dado que tienen límites más altos de lo que se considera apropiado y se les pide que lo resuelvan.

Sin embargo, la evidencia muestra que las entidades no han seguido las recomendaciones.

Más de 35.000 personas en el país reciben menos del salario mínimo inembargable permitido por mes, de ₡191.000.

De acuerdo con sus declaraciones, las entidades están obligadas a reservar el monto mínimo inembargable, aunque exista o no el nuevo decreto presidencial, dado que la Procuraduría General de la República emitió un criterio donde exhorta a que se mantenga el salario mínimo.

La situación es más complicada en el caso de los empleados públicos.

Alfaro explicó que anteriormente a los empleados públicos se les veía como sujetos de crédito cero riesgo, porque tenían un salario muy estable, eran casi inamovibles y el ingreso mensual crecía con los años.

“Se convirtieron en el sujeto de crédito más perseguido del sistema. Prestarle a un empleado público siempre fue una maravilla y eso es el resultado de que la gente más endeudada sean empleados públicos”, admitió.

Colaboraron en esta entrevista los periodistas María Fernanda Cisneros y Sergio Morales.

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