Cientos de empresas de diferentes actividades económicas que estaban bien antes de la crisis provocada por el coronavirus necesitan con urgencia readecuar sus créditos a mayor plazo y acceder a más dinero para proteger el empleo y superar esta difícil coyuntura.

Por esa razón, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para crear un fondo nacional de avales y garantías financiado con ¢584.000 millones que permita inyectar recursos a estos negocios para promover la reconstrucción económica.

Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, confirmó en entrevista con EF, que desde hace varias semanas un grupo de expertos participa en la construcción de la iniciativa.

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La mesa liderada por el Ejecutivo cuenta con la participación de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR); Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

También la integran los economistas Gerardo Corrales, José Luis Arce y Ronulfo Jiménez, y el abogado Mario Gómez, de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Aunque en el país existen herramientas como el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), su rigidez y requisitos −establecidos mucho antes de la pandemia− hacen difícil que micro, pequeñas y medianas empresas puedan obtener préstamos en estos momentos.

El proyecto de ley será presentado la próxima semana junto con una línea de crédito en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) para los bancos públicos y entraría a la corriente de la Asamblea Legislativa en las sesiones extraordinarias que van del 1.° al 31 de agosto.

¿Qué es un fondo de avales?

Un aval se da cuando un tercer participante responde ante la entidad financiera prestamista en caso de que el deudor no pueda asumir su obligación por diferentes factores.

Un fondo nacional de avales, como el que se pretende constituir ante la crisis del coronavirus, se financiaría con unos ¢584.000 de la banca y un préstamo internacional por $350 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según Garrido, la partida de ¢584.000 millones es parte de los ¢900.000 millones que tienen disponibles los bancos públicos para prestar a empresas desde mayo como parte de su liquidez.

Esos recursos servirán para otorgar dinero a las empresas que puedan demostrar que estaban bien antes del apagón económico.

Este fondo tendrá como objetivo que los negocios se comprometan a proteger el empleo y, en cuanto sus utilidades crezcan, puedan ampliar su personal paulatinamente.

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Gerardo Corrales, economista y exgerente bancario, aportó algunos planteamientos al Gobierno sobre cómo se puede estructurar este sistema de avales en Costa Rica.

“En otros países como Colombia se desarrollaron modelos de avales uno a uno que surgieron cuando, por ejemplo, una mipyme no tiene garantías y acude al fondo, le paga una comisión para que le dé una garantía a favor del banco, indicó el economista.

Corrales apela por implementar en el país un modelo de fondo por pérdida esperada.

“Es un aval sobre la pérdida esperada del portafolio, no individual, sino sobre la masa de crédito. Esto permitiría aplicarla por sectores como turismo, comercio, transporte, entre otros”, añadió.

¿Cómo podría ayudar a las empresas?

Actualmente muchas pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en el país tienen préstamos con entidades financieras; aunque se aplicaron flexibilizaciones regulatorias para permitir la readecución de estas deudas, los plazos de esas renegociaciones son muy cortos.

Acceder a un aval por medio de un fondo les ayudaría a reorganizar sus obligaciones de crédito a plazos de entre tres y cinco años, lo que les ofrece un margen mayor para tener liquidez y destinar los recursos a producción, contratación de personal e inversiones de capital.

El fondo de avales ayudaría a que los prestamistas inyecten recursos a empresas que puedan demostrar que eran estables antes del impacto de la crisis bajo un enfoque de rescate selectivo en el cual se girarían recursos a negocios con posibilidades reales de crecer en el futuro.

¿Qué pasó con los ¢900.000 millones para reactivación?

El pasado 8 de mayo el Gobierno anunció que los bancos del Estado ponían a disposición una bolsa de ¢900.000 millones para dirigirlos al sector productivo. Ese dinero corresponde a recursos en manos de las entidades financieras públicas.

Pese a los cambios regulatorios que aprobaron Conassif y Sugef, los requisitos para que una empresa pueda pedir un crédito, sumado a la contracción económica que golpea sus ganancias, complica que ese dinero se coloque en manos de quienes lo necesitan.

El artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (1.644) establece que antes de conceder un crédito, los bancos deben cerciorase de que las personas responsables de sus reembolsos están en capacidad financiera de cumplir la obligación dentro del plazo respectivo.

Ese punto, a criterio de Corrales, genera un mayor temor de la banca para prestar dinero en medio de una pandemia cuando pymes y empresas más grandes no cuentan con las garantías necesarias.

El fondo de avales permitiría subsanar esa situación y agilizaría la entrega de créditos de mayor plazo, con tasas favorables y en menos tiempo para los negocios que cumplan con los requisitos previos.

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De acuerdo con el economista, estos requerimientos podrían ser, por ejemplo, comprobar con su contabilidad que estaban bien antes del impacto del coronavirus, y que el apagón económico les ocasionó caídas en sus utilidades de hasta un 20%.

La ministra de Planificación considera que es necesario generar un mecanismo más sencillo para que las empresas puedan obtener dinero pronto.

“Hay recursos en el sistema financiero, sobre todo en la banca comercial del Estado, que hicieron parte del plan de mitigación del efecto del coronavirus, y que no han podido ser entregados a las empresas de una manera más eficaz porque requieren de un fondo de avales para poder garantizarlo”, agregó Garrido.

¿Cuál es la situación en Costa Rica?

Antes de la pandemia, en medio de la incertidumbre fiscal, los depositantes mostraban una clara preferencia por la liquidez, esto se reflejaba en el crecimiento de las cuentas corrientes y de ahorro, frente a la contracción de los certificados a plazo.

Corrales indicó que la importancia relativa de las cuentas corrientes aumentó casi diez puntos porcentuales en la comparación interanual a abril del 2020. Mientras que los certificados de depósito cayeron.

“No es un tema de disponibilidad de fondos, los bancos tienen recursos, de hecho el Gobierno anunció ¢900.000 millones disponibles para préstamos, el tema es que los banqueros consideran que no pueden hacer transformación de plazos porque sus recursos están muy líquidos y por eso se explora una línea de crédito a través del MIL por $1.000 millones”, dijo el economista. Corrales dio a conocer esta cifra pese a que el Banco Central no ha detallado de cuánto sería esta línea de préstamos.

Es importante recortar que el crédito al sector privado en Costa Rica ronda los casi $39.000 millones, de los cuales 52% está colocado en personas y 48% en empresas.

“Esos $19.000 millones en manos de empresas, antes de la COVID-19 tenían un nivel de mora mayor a 90 días y cuentas en cobro judicial inferiores al máximo que permite la Sugef, que es del 3%; es decir, es una cartera muy buena con morosidad mínima. De repente viene este fenómeno que nadie esperaba y los banqueros se ponen muy nerviosos y empiezan a cuestionar el seguir operando con muchas de esas empresas”, aseveró Corrales.

El fondo de avales pretende generar condiciones favorables para financiar empresas durante la ventana de recuperación de la economía que podría prolongarse por entre tres y cinco años.

¿Cómo debe construirse el fondo?

La propuesta que tiene más fuerza es la de crear un fondo de avales por pérdida esperada que se aplicaría sobre la cartera total, en lugar de un mecanismo uno a uno.

Este sistema permite otorgar créditos a compañías por actividad económica y sujetar esas garantías a los indicadores propios del sector al que pertenece.

Se plantearían diferentes escenarios de pérdida esperada en un rango de entre 5% y 20%.

¿Cómo está el ambiente político?

El Ejecutivo llevará el proyecto de ley al conocimiento de los bancos y de las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, esta semana, antes de presentarlo formalmente en el Congreso en los primeros días de agosto.

Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, asegura que el ambiente para discutir la creación del fondo de avales es favorable.

“Para que esto funcione objetivamente debe tener aliados compartidos. No lo vemos como un proyecto de ley aislado, debe ser concebirse como una estrategia planteada por el Gobierno y más de interés colectivo porque se trata de un mecanismo que puede salvar a muchas empresas”, zanjó la congresista.

EF consultó a otros diputados de diferentes bancadas quienes prefirieron esperar a conocer en detalle el proyecto de ley para hablar sobre el tema, pero coinciden en que es urgente contar con un sistema de garantías.