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$550 millones representan el 35% del total de la obra que comunicaría cuatro provincias y 15 cantones del país. Los $1.000 millones restantes correrían a cargo de la empresa privada de construir y administrar el nuevo tren, bajo la figura de concesión de obra pública.

En el 2015 el Incofer realizó una revisión de activos para identificar en qué zonas del país hay derecho de vía.

Mientras medio país soñaba con un metro subterráneo, con cientos de paradas y una compleja red de conexiones, la ingeniería de valor concluyó lo obvio: Costa Rica no tiene demanda para realizar un metro, ni tampoco un tren de altas velocidades.