EscucharEl sistema de seguridad social de Costa Rica se encuentra en una encrucijada crítica que amenaza la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo. En su más reciente informe de revisión económica para el año 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) colocó un lente de urgencia sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), advirtiendo que los actuales regímenes de salud y jubilaciones enfrentan un agotamiento acelerado de sus fondos de reserva si no se aplican reformas estructurales inmediatas.
El análisis del organismo detalla cómo las tendencias demográficas del país, combinadas con una histórica disputa financiera entre el Poder Ejecutivo y la CCSS, configuran uno de los principales riesgos fiscales de Costa Rica para las próximas décadas.
El colapso proyectado en el seguro de salud (SEM) y pensiones (IVM)
El FMI señala que el acelerado envejecimiento de la población costarricense está ejerciendo una presión insostenible sobre la viabilidad financiera de la seguridad social. Costa Rica registra una caída drástica en su tasa de fertilidad —que pasó de 2,4 hijos por mujer en el año 2000 a solo 1,3 en 2023— a la vez que la esperanza de vida se elevó a 81 años y se proyecta que alcance los 85 años para el 2050. Como resultado directo, la tasa de dependencia de la vejez se duplicará, pasando del 18% en 2025 al 41% en el año 2050.
Este cambio demográfico impactará de forma diferenciada a los dos regímenes principales administrados por la CCSS:
Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM)
- Agotamiento total: Las proyecciones del escenario base del FMI revelan que las reservas existentes del seguro obligatorio de salud se agotarán por completo en el año 2029.
- Financiamiento desproporcionado: Los costarricenses financian casi las tres cuartas partes (75%) de su atención médica mediante el SEM, una cifra muy superior al 38% que promedia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
- Déficit en escalada: El Fondo estima que el déficit de flujo de caja anual del seguro de salud subirá del 0,3% del PIB en 2024 al 0,8% del PIB en 2028, arrastrado por gastos laborales y el encarecimiento de nuevas tecnologías médicas. De no corregirse la tendencia, la brecha de salud alcanzará el 3,3% del PIB para el año 2050, un costo que tendría que ser cubierto en su totalidad por el gobierno central.
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
- Fecha límite: El principal fondo de pensiones del país se quedará completamente sin reservas a mediados de la década de 2030.
- Brecha actuarial: El valor presente descontado de los flujos de caja netos del IVM ya se sitúa en un saldo negativo equivalente al -10% del PIB.
- Impacto al presupuesto nacional: El déficit anual del IVM cubierto por reservas se ampliará del 0,2% del PIB en 2024 al 0,5% del PIB en 2036. Una vez que las reservas de las pensiones se extingan, el gobierno de la República estará obligado a absorber el déficit operativo corriente de manera íntegra, el cual escalará de forma sostenida hasta representar el 1,7% del PIB para el año 2050.
La millonaria deuda estatal bajo la lupa
Un elemento central del deterioro institucional son los montos pendientes entre el Ministerio de Hacienda y la seguridad social. Según el reporte técnico, la CCSS registra reclamos financieros acumulados contra el gobierno central estimados en un 8,5% del PIB, correspondiendo la gran mayoría a obligaciones de servicios de salud en disputa. Las autoridades de Hacienda mantienen este saldo bajo la figura legal de pasivo contingente.
El informe explica que las transferencias anuales del gobierno a la CCSS han promediado un 1% del PIB desde el año 2017; sin embargo, estos flujos han sido consistentemente inferiores a las sumas que la CCSS afirma requerir para cubrir las obligaciones de salud y pensiones del Estado.
Actualmente, ambas partes trabajan en mesas técnicas de negociación para verificar los montos reales en disputa. El Fondo destaca positivamente que el presupuesto nacional vigente incrementó las transferencias destinadas a las contribuciones estatales de pensiones y a la cobertura de seguros para trabajadores independientes con el fin de frenar el crecimiento de nuevos reclamos. El Ejecutivo también acordó en principio liquidar ciertos reclamos del pasado mientras se dirimen las diferencias restantes.
Las reformas obligadas: Recortes al gasto y cambios paramétricos
El FMI es categórico al advertir que en Costa Rica existe un margen nulo para incrementar las tasas de contribución social o elevar los impuestos sobre las planillas, dado que estos ya se ubican en niveles sumamente elevados que incentivan la informalidad laboral. Por lo tanto, la sostenibilidad del sistema dependerá estrictamente de reformas estructurales aplicadas sobre el gasto y los parámetros de los beneficios.
El Fondo emitió una serie de recomendaciones directas para detener la sangría financiera de la CCSS:
- Inversión en atención primaria: Expandir el gasto en atención primaria de salud y servicios preventivos para reducir la presión de costos sobre los hospitales de alta especialidad.
- Eficiencia en compras y tratamientos: Implementar mecanismos rigurosos para reducir los costos médicos mediante mejores sistemas de contratación pública, optimización de adquisiciones y un reexamen estricto de la cobertura pública de tratamientos médicos altamente costosos.
- Transparencia contable: Es imperativo que la CCSS aplique de forma integral las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) para estandarizar y validar sus cifras financieras. Las autoridades gubernamentales celebraron que la institución de seguridad social haya aceptado iniciar la implementación de este marco contable de forma tardía.
- Claridad legal: Modificar el marco normativo para delimitar de manera precisa e inequívoca el alcance, la naturaleza y el tipo de servicios médicos que el gobierno central está obligado por ley a financiar con recursos públicos.
- Reportes oficiales: Establecer la obligatoriedad de publicar informes periódicos periódicos y transparentes sobre la viabilidad actuarial de largo plazo del sistema de salud y jubilaciones.
Directrices para el ROP y las Pensiones No Contributivas
El informe dedica un apartado a los demás pilares del sistema de retiro del país. El FMI detalla que la reforma planificada para reestructurar el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) hacia un modelo de fondos generacionales basados en la edad de los aportantes fue suspendida en marzo de 2025 para realizar estudios técnicos de impacto, quedando pospuesta formalmente hasta el año 2029.
Para optimizar el rendimiento del ROP, el FMI recomienda relajar de forma gradual los límites regulatorios actuales que restringen las inversiones de los fondos de pensiones en los mercados internacionales, lo que permitiría una mejor diversificación de activos.
No obstante, el Fondo envía una fuerte advertencia a los legisladores de la Asamblea Legislativa: se deben rechazar de plano todas las propuestas legales que pretenden permitir retiros anticipados de los fondos de pensiones complementarias, debido a los severos impactos financieros y macroeconómicos negativos que causarían de forma inmediata en la economía nacional.
Finalmente, en el área de protección social para la vejez vulnerada, el FMI sugiere utilizar el Sistema Nacional de Información Social (SINIRUBE) para expandir la cobertura del Régimen de Pensiones No Contributivas (RNC). El objetivo propuesto es universalizar este beneficio básico para dar cobertura al 100% de los adultos mayores del país que viven por debajo de la línea de pobreza. De adoptarse esta medida impositiva de asistencia, requeriría una asignación presupuestaria recomendada del 0,1% del PIB para el año 2027 en comparación con las proyecciones del escenario base actual.
