La próxima semana, el Gobierno presentará un proyecto de ley que pretende tasar las utilidades brutas del Instituto Nacional de Seguros (INS), para apalear la situación económica que genere el nuevo coronavirus, pero también tener más recursos para reducir la deuda.

Si se aprobara este proyecto, las arcas estatales recibirían ¢288.000 millones, cifra calculada por el Ministerio de Hacienda.

Esta iniciativa forma parte del plan Proteger, que en total generaría ¢1 billón para las arcas del Gobierno, provenientes de fuentes distintas de fondeo.

Además, del impuesto al INS, el plan incorpora varios proyectos que ya habían sido anunciados previamente como parte del plan de acciones presentadas por Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, ante los diputados durante su comparecencia por el aumento del déficit fiscal en 2019.

Se trata de cinco proyectos de ley, es decir, de cinco fuentes distintas de recursos.

La lista está conformada por:

1. El proyecto Pagar, que pretende obtener una porción de los superávits que generen once instituciones pública, para adelantar pagos de la deuda.

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2. El empréstito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el cual ya estaba contemplado inclusive en el Plan de Endeudamiento del Gobierno para este 2020, y es por un monto de $500 millones.

3. El crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Alianza Francesa, por $380 millones.

4. El proyecto de la reducción de las pensiones de lujo para combatir pobreza extrema.

5. La novedad anunciada este 19 de marzo corresponde al nuevo impuesto que se aplicaría sobre las utilidades brutas del INS.

El presidente Carlos Alvarado anunció este proyecto mediante un Facebook Live, en el que también participaron Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, y Elian Villegas, presidente ejecutivo del INS.

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Impuesto al INS

Un total de ¢288.000 millones serían los recursos que entrarían a las arcas del Gobierno por la recaudación de este impuesto, según cálculos de Hacienda.

El impuesto se aplicaría bajo un modelo distinto al usual y mediante el uso del mercado de valores.

“El proyecto de traer a valor presente las utilidades del INS como una forma de tener ese monto económico en este momento”, afirmó el presidente Carlos Alvarado.

Elian Villegas, presidente Ejecutivo del INS, explicó que se proyectó cuánto ganará la compañía en el futuro, en los próximos 12 años bajo un cálculo conservador.

“Los inversionistas están dispuestos a comprar esas utilidades que se van a ganar en el futuro, pagándolas hoy”, comentó Villegas.

La propuesta plantea el uso de un fideicomiso y una emisión de títulos valores, por una suma cerca a los ¢288.000 millones.

Se hace la emisión, los inversionistas compran ¢213.000 millones y el propio INS comprará ¢75.000 millones.

Al final, la totalidad de ese monto sería utilizada en los presupuestos extraordinarios, para pagar deuda interna o para palear efectos del COVID-19.

“Las utilidades futuras de esta empresa van a estar al servicio público de toda Costa Rica hoy, no dentro de 12 años sino de una vez”, explicó Villegas.

En 2019, las utilidades brutas del INS alcanzaron los ¢99.000 millones, según datos de la institución, estos son los recursos a los que el Gobierno pretende dar una carga impositiva.

Alrededor del 50% de las utilidades que produce del Instituto llegan al Estado cada año, pero con este nuevo impuesto la cifra alcanzaría el 65%, explicó el vocero el INS.

El aporte se daría a cambio de que la institución deje de aportar a otros rubros.

En particular, este tributo reemplazaría al impuesto de renta que en la actualidad cancela el Instituto, así como el 25% de las utilidades que transfiere esta entidad al Estado.

También, elimina “otras contribuciones que deba realizar al Estado costarricense”, cita el comunicado de prensa, pero siempre deberá continuar con su aporte al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

• En 2019, el INS transfirió al Estado ¢12.338 millones por concepto del 25% de las utilidades.
• En ese mismo año, el aporte al IVM fue de ¢3.009 millones.

El proyecto “ofrece la liquidez que el país requiere para reducir la carga de intereses que agobia el gasto público, además de representar un importante flujo para finanzas las medidas de emergencia ante el COVID-19”, señaló el ministro de Hacienda.