Entre los diputados existe consenso de que el Gobierno necesita la aprobación de los eurobonos para mantener la estabilidad de la economía. Sin embargo, en un debate salpicado de política, los legisladores planean exigirle más acciones al Ejecutivo a cambio de la luz verde para el endeudamiento externo.

Las bancadas se resisten a emitir un “cheque en blanco” para que el Gobierno se sienta cómodo y pierda bríos en la lucha por concretar los recortes al gasto público, tanto los ya pactados como los futuros.

En el estira y encoje que reina hoy en Cuesta de Moras, una cosa parece cierta: el capital político de la administración Alvarado difícilmente alcance para que el Pleno Legislativo autorice emisiones externas por $6.000 millones, el monto original planteado por el Ministerio de Hacienda.

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Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, han peregrinado de reunión en reunión con las diferentes bancadas en las cuales predican la urgencia que rodea al proyecto de eurobonos. La ambición de Zapote es que el texto al menos sea dictaminado en abril.

Los diputados todavía no están convencidos y en la Comisión de Asuntos Económicos se presentará un texto sustitutivo en los próximos días para definir el futuro del endeudamiento del país.

Disyuntiva política

Roberto Thompson, diputado liberacionista, preside una subcomisión legislativa encargada de crear el proyecto de ley que sustituirá al actual. El congresista verdiblanco está convencido de que no se van a aprobar los $6.000 millones en eurobonos.

Aunque todavía la fracción del PLN no define una línea de partido sobre este tema, la opción que parece tener mayor aceptación entre los verdiblancos es construir un texto que permita una única emisión de bonos de deuda externa en los mercados internacionales por un monto de $1.500 millones para el 2019.

Si el Gobierno cumple con una serie de condiciones como generar más recortes al gasto, ajustarse a la regla fiscal, poner en marcha la agenda de reactivación económica e incentivar la inversión, los legisladores le concederían –mediante un nuevo proyecto de ley– una segunda autorización de endeudamiento por otros $1.500 millones para 2020.

En el seno de la Comisión de Económicos, conformada por nueve diputados, existe una amplia variedad de propuestas. Pablo Heriberto Abarca, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), apoya aprobar un proyecto por $4.000 millones que se limite al 2022.

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Pedro Muñoz, compañero de bancada de Abarca, se opone tácitamente al proyecto en trámite y asegura que antes de dar el visto bueno, el Ejecutivo debería hacer mayores recortes al gasto, reducir las tarifas energéticas y obligar a entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las universidades públicas a que respeten los términos de la reforma fiscal.

En las filas del Partido Restauración Nacional (PRN) apoyan la idea de aprobar un texto que permita colocar bonos en el extranjero por $3.000 millones en dos tractos de $1.500 por año. El legislador Eduardo Cruickshank indicó que este es un periodo justo para ver cambios en la deuda interna y externa.

Mientras que en el bloque de diputados independientes afines al Partido Nueva República (PNR) rechazan la idea de los $6.000 millones y piden al Gobierno más acciones para recortar el gasto en salarios, para reorganizar instituciones del Estado y para aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Barrera en el Congreso

El Gobierno enfrenta una barrera importante en el Congreso: la falta de confianza de que el dinero de los eurobonos se utilizará realmente para canjear deuda interna cara y de corto plazo por deuda externa a tasas inferiores y a mayor plazo.

Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato, señaló que la experiencia previa con los eurobonos aprobados en 2012 por $4.000 millones, evidenció que el Gobierno, al verse con recursos, pospone las reformas necesarias para reducir el gasto público.

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“Yo creo que en lugar de hacer una sola aprobación para los eurobonos, para cada tracto que el Gobierno ha dicho, se requiera un aval legislativo, de tal manera que el primero sería por $1.500 millones, básicamente ahí se le está dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la del próximo año sí estaría condicionada”, apuntó Hidalgo.

Una ley de empleo público robusta que implemente el salario único y que tenga efectos fiscalistas podría convertirse en una buena señal para recuperar la confianza de los diputados y cumplir al menos una de las condiciones que atan el proyecto de eurobonos.

Hidalgo considera que los diputados podrían pedirle al Gobierno y su fracción que apoyen las iniciativas para cobrar impuesto de renta a las grandes cooperativas y para eliminar el enganche al salario de los médicos, dos textos complementarios a la reforma fiscal que quedaron en el olvido.

Mitos y verdades

El Ministerio de Hacienda emitió una presentación para explicar a los legisladores la importancia y la urgencia de aprobar los eurobonos en abril. El objetivo es desmitificar algunos argumentos en contra del plan.

El plan inicial del Ejecutivo es emitir $6.000 millones en deuda externa (en dos emisiones de $1.500 millones y tres más de $1.000 millones) por los próximos seis años, con tasas más bajas, plazos no menores a cinco años, con operaciones exoneradas de impuestos y que no están sujetas a la Ley de Contratación Administrativa.

Para 2019, el Gobierno tiene necesidades de financiamiento por el 12,6% del Producto Interno Bruto (PIB), ese porcentaje se divide en 10,5% de deuda interna y apenas 2,8% de deuda externa.

Si se aprueba el plan de eurobonos que plantea Hacienda, la deuda interna se reducirá al 7,7% y la externa aumentará al 4,5% para el cierre del 2019, lo que se traduce en menos presiones sobre las tasas de interés en colones en el mercado nacional.

Los números reflejan que existe espacio para colocar bonos de deuda en el mercado extranjero, esto permitiría para dar los primeros pasos hacia la reactivación económica que propone el Ejecutivo.

Según Hacienda, los eurobonos no representan más deuda de la ya proyectada y aprobada el año pasado en el Presupuesto Nacional, solamente son una forma alternativa de financiamiento. Estos títulos tampoco provocarán aumentos en el tipo de cambio porque los vencimientos no tendrían que financiarse localmente.

Sobre el argumento de los diputados de que los eurobonos harán que el Gobierno gaste más, Hacienda responde que la Asamblea Legislativa tiene en sus manos instrumentos de control del gasto como la aprobación del presupuesto y la regla fiscal.